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ero en la votación en particular, el artículo 2, que refiere a que "los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables", fue rechazado por un voto, según consignó la agencia oficial de noticias Télam de fuentes periodísticas locales. La votación en contra del artículo 2 obliga a devolver el proyecto al Senado, que ya lo había aprobado en noviembre de 2007 y que deberá decidir ahora si acepta o no los cambios introducidos en Diputados. En el caso de que la Cámara alta no los avale, la norma pasará a consideración de la Asamblea General esto es, una reunión de ambas cámaras. El debate en la Cámara de Diputados de Uruguay, que comenzó a las 15 del día martes, culminó en la madrugada de este miércoles tras una sesión de 15 horas, en medio de amenazas de bomba y de manifestaciones de activistas a favor y en contra. El proyecto de ley habilita a la mujer a "decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez" por situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre. El debate se desarrolló asimismo bajo una amenaza de excomunión de parte de la Iglesia Católica contra aquellos legisladores que votaron a favor de la norma. El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, dijo que esos legisladores quedarán "excomulgados ipso facto" y que iniciará un proceso de excomunión formal con el Papa Benedicto XVI y el episcopado, generando la ira de todo el sistema político. La legislación vigente en Uruguay desde 1938 sólo admite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida de la madre y prevé penas de prisión para los autores de abortos, consentidos o no. Según datos oficiales, en ese país se realizan anualmente 33.000 abortos, aunque en el ámbito judicial se estima que la cifra real es más del doble, producto de la acentuada práctica clandestina. La norma aprobada en general no cuenta con el apoyo del presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, quien anunció poco después de asumir el cargo en el 2005 que vetaría cualquier ley que establezca la despenalización del aborto. El Poder Ejecutivo dispone de diez días para vetar el proyecto una vez aprobado en el Senado, aunque para ello necesita el acuerdo de los ministros de las carteras relacionadas (Salud Pública e Interior), o una votación en el seno del Consejo de Ministros.