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l Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), autor de la investigación sostiene que con la desmejora de las variables macroeconómicas, aumenta la pertinencia de instrumentar una estrategia para preservar e incentivar la formalidad y aconseja en tono crítico hacia los últimos anuncios económicos oficiales que "para lograr este objetivo mucho más importante que perdonar los incumplimientos del pasado es generar reglas laborales, impositivas y regulatorias cumplibles para el futuro. Por eso, para evitar un nuevo fracaso, es necesario que el Congreso cambie el proyecto de blanqueo enviado por el Poder Ejecutivo". Del estudio de Idesa se desprende que, comparada con países de similar desarrollo, la Argentina sufre niveles de informalidad "desproporcionadamente altos". Según datos del INDEC y el Ministerio de Economía el empleo asalariado pasó desde un promedio de 9,5 millones de trabajadores en el 2004 a 11,5 millones en la primera mitad del 2008 y el empleo asalariado registrado pasó de 5,2 millones a 7,2 millones de trabajadores en el mismo periodo. Sin embargo, el empleo asalariado no registrado se mantuvo prácticamente constante en 4,3 millones de trabajadores. "En la salida de la crisis del 2002 con un contexto internacional inéditamente favorable la recuperación de la producción estuvo acompañada de una muy importante generación de empleos. El proceso fue liderado por el empleo registrado, pero es muy significativo que todavía persista una cantidad tan alta de trabajadores no registrados. El resultado es que la proporción de trabajadores informales sigue siendo muy elevada (37% del trabajo asalariado). Estos trabajadores informales trabajan en más del 80% de los casos en empresas con menos de 25 trabajadores", señaló la consultora. Asimismo, el centro de estudios afirma que las perspectivas en materia de nivel de actividad económica "han dejado de ser optimistas" y reconoce como "meritorio que el gobierno haya percibido la necesidad de replantear estrategias en la lucha contra la informalidad" aunque cuestionan "que se ponga tanto énfasis en perdonar a quienes evadieron los impuestos y contrataron trabajadores en negro y se ofrezcan incentivos muy modestos a quienes decidan a futuro aumentar el nivel de empleo registrado. Para ellos, apenas se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 50% el primer año y 25% el segundo sólo para el aumento neto de empleo". "Perdonar los incumplimientos pasados ayuda muy poco a aumentar el apego a la ley si se mantienen las mismas reglas de juego en materia laboral, impositiva y regulatoria. Si además se da en un marco de desmejoramiento de la situaciones económica, las chances de que el perdón funcione como inductor de formalidad son remotas. Por eso, el requisito ineludible para comenzar a transitar un proceso de formalización masivo es una reforma estructural de las normas laborales, tributarias y demás regulaciones a los fines de facilitarle la vida a las empresas que optan por la formalidad", aconseja Idesa.