E

l secretario de Energía, Raúl Arroyo, reveló que “está en contacto permanente con su par de Corrientes y funcionarios de Chaco y Formosa que llevan adelante iniciativas similares. En rigor, el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo apunta a obtener el marco legal, regulatorio y administrativo para viabilizar los permisos de exploración y eventual concesión para la explotación de hidrocarburos. La idea del gobierno provincial, a través de la Secretaría de Energía, es realizar el llamado a licitación antes de finalizar 2008 o a inicios del año próximo”. En este marco, hace unos días el funcionario provincial – junto al director de Minería, Jorge Tomas – argumentó la iniciativa ante los diputados que integran la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja. También estuvieron presentes en el encuentro, integrantes de organizaciones ambientalistas, que realizaron aportes y sugerencias junto a los legisladores. “Explicamos que se trata una actividad de capital intensivo, de alto riesgo y que se efectúa sin compromiso de recursos económicos para la provincia, pues se trata de decisión de riesgo para el adjudicatario del proceso”, precisó Arroyo. “Si bien la determinación política de poner en valor el recurso hidrocarburífero es importante, lo es más aún la decisión de no comprometer fondos públicos en tareas de exploración, máxime si se tiene en cuenta que pese a los avances del conocimiento geológico regional, aún la Cuenca Chaco Paranaense es considerada de alto riesgo exploratorio. Los costos en materia de investigación geofísica son elevadísimos, paso previo ineludible hoy por hoy a cualquier perforación, cuyos costos son aún mayores”, explicó el funcionario. También en la reunión se adelantaron algunos de los resultados del informe final geológico geofísico recientemente presentado ante el Consejo Federal de Inversiones, a través del cual se determinaron hacia el oeste del río Uruguay, profundidades de cuenca de unos 4.000 metros, lo que permite suponer disponibilidad de espacio para alojar sedimentos más antiguos que los alcanzados en el Pozo YPF Nogoyá 1 que alcanzó los 2.089 metros de profundidad en 1962. En tanto, Tomas señaló que “paralelamente, se están elaborando los pliegos licitatorios para los trabajos de exploración, que cuentan con un grado de avance del 75%, quedando por definir algunos aspectos que dependen del texto definitivo de la ley y su correspondiente decreto reglamentario”. El director de Minería, manifestó además que se está trabajando en la delimitación de las áreas a licitar, las que de acuerdo al proyecto de ley podrán ser de hasta un máximo de 15.000 km2. “Este trabajo está condicionado al informe final geológico geofísico, que servirá de base para la identificación de bloques exploratorios con sustento geológico”, precisó. El proyecto El gobernador Sergio Urribarri, en 1994 -cuando era diputado provincial- presentó el proyecto de lo que es la ley provincial Nº 9064. En esa norma se plasmó el propósito de declarar de interés público la explotación de hidrocarburos en la provincia de Entre Ríos, en un momento en que ni en el país ni en América del Sur se daban procesos exitosos de exploración. Al inicio de esta gestión de gobierno, se reflotó la idea que respaldó el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el financiamiento del diagnóstico. El gobierno provincial firmó un convenio de cooperación con el organismo por el cual acuerdan iniciar el estudio "Desarrollo del sector hidrocarburífero de la provincia", a cargo de la consultora Geodatos SRL. El objetivo es poner en valor el recurso hidrocarburífero de la provincia y para ello se busca determinar la presencia de petróleo y gas en el territorio entrerriano. Luego, el Poder Ejecutivo elevó a la Cámara de Diputados un proyecto para darle un marco legal, regulatorio y administrativo a este proceso, que permita viabilizar los permisos de exploración y eventual concesión para su explotación. En ese sentido, se prestó especial atención al cuidado del medio ambiente y las estructuras normativas nacionales, como el caso de la norma Nº 26197, denominada “Ley corta de hidrocarburos”, a través de la cual la Nación transfirió a las provincias los permisos y las concesiones de explotación del petróleo. Otro de los aspectos importantes que se contempló en la iniciativa es la posibilidad de que el Estado Provincial pueda eventualmente participar de la explotación. En caso que se produzcan descubrimientos el Estado podrá asociarse al descubridor con un porcentaje de lo que extraiga. La historia Desde que se perforara el Pozo YPF Nogoyá N° 1 en 1962, la provincia de Entre Ríos, por diferentes motivos, no siguió avanzando en el tema hidrocarburos sino hasta el año 1998 donde la Dirección de Ciencia, Tecnología y Minería, a través de un trabajo de consultoría cuenta con un estudio preliminar titulado "Prospección de Hidrocarburos y Almacenaje Subterráneo de Gas". En el informe final, en una de sus conclusiones, expresa "se considera que el subsuelo entrerriano merece explorarse en busca de acumulaciones rentables de hidrocarburos, y de alternativas para el almacenaje subterráneo de gas natural"; es decir que no se descarta por completo la posibilidad de existencia de hidrocarburos en el subsuelo entrerriano. Algunos descubrimientos de petróleo y/o gas en estados del sur de Brasil y en Paraguay, han hecho que nuevamente se preste atención a la región mesopotámica. Por aquel entonces, pese a que la Constitución de 1994 reconoce el dominio originario de las Provincias sobre los recursos existentes en su territorio, las concesiones de áreas de exploración y explotación seguían siendo otorgadas por la administración nacional. Recién con la sanción de la Ley N° 26197 se transfiere e! dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos territorios se encuentren y éstas asumen plenamente el ejercicio del dominio originario y la administración de los mismos. En consecuencia resultaba necesario resolver la situación jurídicamente ambigua producida por el hecho de que la provincia, titular del dominio por mandato constitucional y legal, carezca de las normativas que le permitan ejercer en forma apropiada y efectiva los derechos derivados de de dicho dominio de los recursos. Finalmente debe destacarse, que es necesario instrumentar las políticas pertinentes para no quedar al margen de una actividad que ya está siendo impulsada por las restantes jurisdicciones provinciales, algunas muy próximas, como Chaco y Corrientes, y con distinto grado de avance respecto a esta provincia. Los plazos “A corto plazo se prevé la puesta en marcha del proceso de exploración para determinación de la existencia e hidrocarburos en territorio provincial, la ampliación de la sistematización de datos geológicos a través de la base de datos que aporta la información geológica existente y su eventual análisis, e ingresos por canon y actividad económica durante el período de exploración. Se trata de actividad de capital intensiva, de alto riesgo, que se efectúa sin compromiso de recursos económicos para la provincia, pues es actividad de riesgo para el adjudicatario del proceso”, aseguran desde el gobierno. Quienes además agregan que “en tanto, a mediano plazo se estima el desarrollo de un esquema legal, técnico y administrativo de patrimoniación de recursos no renovables. Marginalmente, el proceso de exploración permite el análisis de las estructuras geológicas subyacentes, con beneficios adicionales en materia de evaluación de recursos hídricos no superficiales (acuíferos). Y eventual existencia de otros minerales”. “Finalmente, se destacó que el eventual descubrimiento de hidrocarburos (gas natural o petróleo), implica un importante impacto en la matriz patrimonial y de ingresos de la Provincia, toda vez que la regalía implica ingreso genuino y directo” remarcan en el sitio oficial.