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isconforme con su desempeño, la presidenta Cristina Kirchner desplazó de su cargo a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, quien había perdido todo respaldo político en el Gobierno tras la salida del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. La jefa de Estado dispuso que sea reemplazada por el abogado Homero Bibiloni, quien se desempeñó como segundo de esa secretaría entre 2003 y 2006. La renuncia le fue pedida por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, durante una reunión en su despacho de la Casa de Gobierno y "por orden expresa" de la jefa de Estado, según informaron. Fuentes indicaron que la renuncia se debió a una sucesión de hechos vinculados con la gestión, aunque otros voceros no descartaron que el avance de una causa judicial en su contra por irregularidades financieras en la Secretaría haya influido en la determinación. Picolotti, quien había llegado a su cargo a través del ex jefe de ministros, en 2006 desde la ONG Cedha, con sede en Córdoba, y luego de haber sido reconocida internacionalmente por su labor a favor del medio ambiente. Sin embargo, la relación con los máximos referentes del Ejecutivo se fue deteriorando y la gota que rebasó el vaso fue la polémica por la aprobación de la Ley de Glaciares. La Presidenta tampoco consideró fructífera su intervención en el conflicto por la pastera uruguaya Botnia y por el saneamiento del Riachuelo, dos cuestiones que habían motivado su designación en el Gobierno, como parte de una movida que apuntaba a jerarquizar la política medioambiental. Por las papeleras se cruzó fuerte con funcionarios de la Cancillería por la estrategia a adoptada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras que también recibió duros críticas por la demora en la limpieza del Riachuelo y las fallas con la que actuó en los incendios de pastizales que se registraron durante el conflicto del campo. En varias ocasiones habían trascendido rumores sobre su inminente salida; la última vez, el día en que abandonó su cargo el superintendente de Servicios de Salud Héctor Capascioli, otro hombre de confianza de Alberto Fernández. Fue el inicio de una investigación penal a mediados de 2007 por malversación de fondos públicos lo que la colocó en una situación incómoda dentro del Gobierno, a pesar de la férrea defensa que encontró entonces de parte de su jefe político. La causa, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y que quedó en manos de la jueza María Servini de Cubría, recoge cuatro denuncias que habían sido realizadas en distintos juzgados tras la publicación de una investigación en la que se daba cuenta de manejos contables y administrativos irregulares. Las denuncias fueron realizadas por el dirigente Ricardo Mussa, los diputados nacionales por el ARI Adrián Pérez, Susana García y Elsa Quiroz y los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini. En líneas generales coinciden en reclamar a la Justicia que investigue la supuesta contratación de "amigos y parientes en forma indiscriminada", la posible "derivación de fondos públicos para pagar gastos personales", y el aparente "mal manejo de los generosos fondos" de Ambiente. Por esta causa, hace menos de un mes la Policía Federal hizo un procedimiento en oficinas de la Secretaría a fin de obtener documentación. (NA)