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a instalación de una planta transformadora de energía eléctrica de 500 Kw en el Acceso Norte será debatida en audiencia pública en febrero. Si bien el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) –responsable de la convocatoria– aún no fijó el día de su realización, el titular de la empresa Energía de Entre Ríos SA, Raúl Arroyo, confió el miércoles, que estiman su concreción en la primera quincena de febrero. El organismo nacional dispondrá la fecha en los próximos días, teniendo en cuenta que los trámites de la presentación formal finalizaron a mediados de diciembre. “Estamos esperando la definición y aspiramos que sea en esa fecha”, apuntó el funcionario provincial. La obra en el Camino Costero será concretada por la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), con financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el marco del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Infraestructura Eléctrica Provincial. La audiencia, de carácter obligatoria, tendrá la particularidad de ser la primera que harán junto Nación y Provincia, a través del Ente Provincial Regulador de Energía. Ello porque la estación forma parte de la infraestructura del transporte de energía, de nacional; en tanto las líneas de distribución locales dependen del Estado entrerriano. “El ámbito de la reunión aún no está definido. Se resolverá luego de la confirmación de la fecha”, añadió Arroyo. Las alternativas válidas son La Vieja Usina o el Teatro 3 de Febrero, ámbito este en que se desarrolló la primera audiencia pública municipal, por el plan de construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, precisamente en la misma zona norte de la capital provincial. La planta se montará en un terreno expropiado de 16 hectáreas, que se encuentra en la Bajada de Núñez, a 1.629 metros del río, en la zona del Camino Costero, en cercanías del Centro Mariápolis. La decisión de su construcción –que ya cuenta con el uso urbano habilitado por la Municipalidad– generó la reacción de los vecinos, ecologistas y hasta representantes del sector inmobiliario, que esgrimen impacto ambiental de las ondas electromagnéticas. Los vecinos de El Brete habían presentado un recurso de amparo, que sufrió el revés en el Superior Tribunal de Justicia, a comienzos de octubre, publicó diario Uno.