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a decisión del gobernador Sergio Urribarri de instruir a la Fiscalía de Estado para que actúe frente a la irresuelta situación de la quema de pastizales no parece de fácil cumplimiento. La idea del Gobierno apunta sobre las explotaciones ubicadas en las zonas de islas fiscales de los departamentos Victoria e Islas: si no frenan los incendios, les rescindirá los contratos de arrendamientos. En realidad, ya en septiembre el Gobierno había tomado esa resolución, cuando la quema de pastizales se convirtieron en noticia nacional a raíz de los problemas que generó el humo en el tráfico por las rutas nacionales, y su impacto en centros urbanos como Buenos Aires y Rosario. Entonces, incluso, hubo un cortocircuito entre el gobernador Urribarri y su par santafesino, Hermes Binner. Ahora, el tema fue puesto de nuevo en agenda luego de la reunión de gabinete del último jueves. El titular del Poder Ejecutivo reiteró la voluntad de rescindir los contratos de arrendamiento de las tierras donde se hayan verificado quemas de pastizales. Dificil El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que recién hoy se abocará a la tarea encomendada, y explicó que “como en cualquier contrato de arrendamiento, hay que revisar contrato por contrato, y determinar si se han cumplido las obligaciones, en particular referido al uso que se le da al lugar, si se cumple el objetivo del contrato, y si producto de la explotación, se han producido daños, y eventualmente también si se pagó el precio convenido en el arrendamiento”. Aunque hasta ahora es escasa la información que maneja la Fiscalía de Estado: no sabe cuántos contratos de arrendamiento se firmaron, ni dónde están ubicados, y para eso aguardará datos de otras esferas del Gobierno, como la Secretaría de la Producción y la Policía. “Aunque para la Fiscalía es bastante complicado llevar adelante este trabajo, pero calculo que en la jurisdicción de la Policía de Entrte Ríos habrá informes al respecto”, señaló. De todos modos, el fiscal de Estado dice que desde que asumió en la gestión viene observando en detalle los problemas que se derivan del uso irregular de tierras fiscales. Particularmente, en lo que atañe a los casos de usucapión, comunes en la zona de islas fiscales. Descontrol Sólo en el departamento Victoria, las islas fiscales conforman una superfice total de 376.000 hectáreas. Según datos oficiales, el Estado posee allí 123 mil hectáreas, de las cuales arrendó en 2007 un total de 78 mil, a un precio promedio del arrendamiento de $ 17,50 por hectárea/año. De las 78 mil hectáreas adjudicadas en arrendamiento a los privados, en su mayoría para cría de ganado, el Estado obtendrá una ganancia anual por cobro de los arrendamientos $ 1.365.000. La Ley de Arrendamiento establece qué procedimiento seguir para fijar el precio del arrendamiento. “Para el arrendamiento –establece el artículo 5º de la norma— el Poder Ejecutivo fijará un precio base mediante una relación del valor del índice promedio del kilo vivo de novillo que fija el Mercado de Liniers, por hectárea y por año. La adjudicación se realizará a la mejor oferta, conforme a las condiciones que por reglamentación de la presente norma se determinen”. Además, prevé que los contratos de arrendamiento “deberán tener una duración de tres años”, renovables por otros tres. Nada dice, no obstante, respecto a los usos, ni a las quemas, ni de qué modo se sancionaría un eventual mal uso de las tierras fiscales otorgadas en arrendamiento. Claro que la ocupación de tierras fiscales no siempre se da de manera regular. En Victoria, sobre 130 mil hectáreas de tierra, se arrendaron 98 mil hectáreas, y el resto está en litigio judicial. Aunque la situación es todavía más preocupante en Islas: allí, sobre 44 mil hectáreas de tierras fiscales, sólo se arrendaron de manera regular 10 mil; el resto, está en reclamo judicial por ocupación irregular. Cómo se ocupan tierras fiscales El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dice que la problemática de la ocupación irregular de tierra es un fenómeno del cual no se tiene real envergadura, y dice que no se circunscribe sólo al área rural. “Nos hemos encontrado con muchos terrenos que han sido arrendados, pero que al investigar descubrimos que, en realidad, estaban usurpados. Esto ocurre en Islas y en Victoria, y también con algunos inmuebles en ejidos de zonas urbanas”, aseguró. El abecé de la ocupación es relativamente sencillo: una persona se apropia de un predio, y se comporta como su legítimo dueño, y eso se hace pagando el Impuesto Inmobiliario. ¿Cómo se genera la boleta de impuesto de un terreno que no tiene título de propiedad? Lo más usual es que se contrate a un agrimensor. El agrimensor hace una mensura, esa mensura se inscribe en la Dirección de Catastro, y desde Catastro se comunica a la Dirección General de Rentas de esa situación. Luego, Rentas comienza a generar las boletas del impuesto. Con ese argumento, después se pretende adquirir la propiedad, en una figura que se denomina usucapión. (El Diario)