Jueves 29 de enero de 2009
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Política
La Provincia enfrenta juicios por $1.000 millones
El monto es una estimación considerando las demandas en trámite, aunque está en constante evolución. Uno de los casos más conocidos es la demanda por contagio de HIV a una mujer. La Fiscalía de Estado tiene un registro de demandas.
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La Fiscalía tiene un Resgistro Único de demandas contra la Provincia por $1.000 millones.

E

l caso de la mujer que dio a luz en el Hospital San Roque, de Paraná, y a quien por error se le transfundió sangre con el virus del Sida en octubre de 2006, derivó en la presentación de una demanda contra el Estado por parte de los abogados de la víctima, Miguel Cullen, Gastón Duarte y Miguel Retamoso, en un reclamo por daños y perjuicios por un monto de $ 7,3 millones. Es, según las autoridades, el más oneroso por tratarse de un reclamo individual, aunque si se lo compara con la demanda que entablaron 1.400 empleados de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por reajuste salarial desde 1999 en adelante, la cifra es ínfima: los viales pedían, en un juicio en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en contra, montos que iban de los 500 a los 1.000 millones de pesos. Sin incluir esa demanda multimillonaria de los trabajadores de Vialidad, el Estado suma un total de 5.600 demandas en su contra en los distintos tribunales de la provincia, que involucran una suma estimada en los $ 1.000 millones. Como buena parte de esas demandas son juicios laborales, el promedio de duración del pleito es de cuatro a cinco años, con lo cual el riesgo de tener que afrontar el pago de indemnizaciones no es inmediato en caso de fallos adversos. Todo junto Los datos surgen del Registro Único de Juicios contra el Estado, que funciona en el seno de la Fiscalía de Estado, cuyos resultados, según el texto de la Constitución reformada, deberán ser presentados antes del 31 de marzo próximo a los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Actualmente hay registradas 5.600 demandas, pero es un dato que está en permanente evolución, y todavía no se ha completado”, dijo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El listado incluye un menú variopinto: daños y perjuicios; demandas laborales; reajuste de haberes jubilatorios; mala praxis en los hospitales; demandas de empleados de empresas del Estado, como Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER); reajuste de sueldos entre los activos; contratos obra pública; usucapiones; y también un reclamo curioso: el de un grupo de ex empleados de la ya inexistente Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), que enjuiciaron a los privados, y subsidiariamente al Estado. En forma global, los reclamos involucran una cifra estimativa en los 1.000 millones de pesos, dice Rodríguez Signes. “Esa es una cifra estimativa, que surge de sumar todos los reclamos. Aunque hay que aclarar que cuando se entabla una demanda, usualmente se denuncia el monto reclamado, pero no siempre es así. Hay muchos juicios que tienen una estimación, pero otros no la tienen”, explica. Por ley La Constitución de Entre Ríos, en su artículo 209, fija taxativamente que, antes del 31 de marzo de cada año, la Fiscalía de Estado “informará el listado de juicios en trámite y su estado al Gobernador y a la Legislatura”. Rodríguez Signes destaca la necesidad de contar con una información centralizada respecto a los juicios contra el Estado. “Todos los juicios contra la Provincia tienen que estar en un solo sistema, no puede haber nada, ningún juicio, fuera del sistema. Y la Fiscalía es parte interesada y necesaria en todos los juicios. La conformación de este registro es un hecho absolutamente necesario por una cuestión de control y elemental orden”, dice. La decisión se enmarca en la ampliación de facultades a la Fiscalía que le dio el nuevo texto constitucional, que ha sido calificada como “parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que se afecten intereses del Estado”. Durante 2008 el Poder Ejecutivo fue dictando, además, una serie de decretos en los que estableció cuáles son las facultades de la Fiscalía, con lo cual se limitó el poder de decisión de las asesorías legales de organismos y entes descentralizados. Uno de esos decretos, el Nº 4.037, de julio de 2008 aunque publicado recién este miércoles en el Boletín Oficial, ordenó a todos los organismos del Estado “informar obligatoriamente de todas las controversias judiciales en trámite y de todas las que se inicien en el futuro, en las que participen como actores, demandados o citados como tercero; en el estado en que se encuentren, para que la Fiscalía de Estado pueda tomar la intervención legal que le compete”. Así, definió “la intervención mencionada comprende asimismo la previa participación de la Fiscalía de Estado en todo acuerdo judicial o extrajudicial que se proponga en el ámbito de los entes mencionados”. ¿Sigue la Oficina Anticorrupción? La Oficina Anticorrupción y Etica Pública, creada por el decreto Nº 150 por el ex gobernador Jorge Busti, aunque sin una ley que la ampare y le garantice continuidad, sigue en la estructura del Estado, por ahora, dice el fiscal Julio Rodríguez Signes. Aunque hay indicios que dan cuenta de cierto desinterés: su titular, Luis Pedemonte, se fue tras ganar un concurso en la Justicia, y lo reemplaza, en forma provisoria, quien era su segundo, Gustavo Acosta. La Anticorrupción, según el artículo 4º de aquel decreto, actúa en investigaciones que “encomiende el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo”. La Constitución reformada no menciona a ese organismo, pero sí creó la Fiscalía Anticorrupción, aunque fuera de la Fiscalía de Estado, y con dependencia directa del Ministerio Público fiscal. Pero a pesar de ese vacío, dijo el fiscal, “la Oficina Anticorrupción sigue tal cual estaba”. —Está la sensación como que muere por inanición. —No, la Oficina no muere por inanición. Continúa sus funciones. Lo que pasa es que tras la reforma, se creó en el Ministerio Público Fiscal una fiscalía especial con competencia en los delitos contra la Administración Pública. A la Fiscalía de Estado le corresponde la defensa del patrimonio y el control de legalidad. Pero la promoción de la acción penal por algún hecho ilícito en el Estado, le corresponde al Ministerio Público Fiscal. Claro que eso no quita que también la Fiscalía pueda investigar esos hechos cuando puedan configurar un ilícito penal. (Fuente: El Diario)
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