Miércoles 03 de junio de 2009
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Política
Piden informes sobre la presunta defraudación millonaria en el Estado
A raíz de una denuncia de ATE sobre los $ 145 millones de recaudación de la ley 4035 sólo se distribuyeron $ 64,7 millones, se presentó un pedido en diputados. Hay una versión oficial.
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a diputada del Encuentro Amplio Entrerriano, Ana D´angelo, pidió informes al Poder Ejecutivo para que precise , en primer término, “si el gobierno ha utilizado en pensiones de la Ley N° 4035, solamente $ 64,7 millones en el período 2007 – abril de 2009, lapso en que se ha recaudado $ 145,8 millones según la información publicada por la Dirección General de Rentas de la Provincia”. La legisladora también preguntó “si cierto que en las estadísticas oficiales no se incluyen los aportes que realizan los empleados del Estado, lo que configuraría una estafa atento a que se realizan mensualmente los descuentos” y –en caso de que la pregunta anterior sea contestada afirmativamente, quiere saber de “cuánto es el monto que se ha retenido a los empleados del Estado con destino a las pensiones de la Ley N° 4035 y no se ha depositado en la cuenta correspondiente y desde cuándo no se realiza”. “Si el Estado tiene cupo para otorgar pensiones tal como lo ha destacado el Director de Integración Comunitaria. ¿Porqué no se llega a cubrir el mismo? inquirió D´Angelo en el artículo cuarto de su pedido de informes remitido a INFORME DIGITAL. Y, luego añadió: “Si el cupo es de 15000 beneficiarios a razón de $ 300.- mensuales, el costo total es de $ 54.000.000.-, con lo que la recaudación proyectada (con la nueva alícuota) da algo mas de $ 73,7 millones. ¿Porqué no se amplía el cupo o se aumentan las pensiones? Finalmente, la legisladora pidió conocer “cuál es el destino de los casi $ 20 millones excedentes, solamente en el ejercicio 2009, en caso de que el cálculo anterior sea correcto. La denuncia pública Cabe recordar que ATE denunció que las pensiones se financian sólo con una parte de lo que aportan los privados. De los $ 145 millones sólo se distribuyeron $ 64,7 millones para pagar un beneficio social de $ 200 a 11 mil personas. El informe también consignó que “entre 2007 y los primeros cuatro meses de 2009, el Estado recaudó 145 millones por aportes de los privados para financiar el beneficio de la Ley Nº 4.035 –0,6 % tributan los empleados, y un 1,5 % los empleadores—, un fondo que sirve para asistir a madres solteras con hijos a cargo, discapacitados y ancianos y que actualmente suman aproximadamente 11 mil personas, que reciben $ 200 al mes. Pero - dice el informe - de ese total recaudado por la Dirección General de Rentas (DGR), sólo se distribuyeron en el pago de beneficios unos $ 64,7 millones, sin que se sepa a ciencia cierta qué pasó con los restantes $ 80 millones. Tampoco se sabe qué ocurrió con lo que aportaron los empleados del Estado, unos 44 millones de pesos, que no ingresan a Rentas. En total, ser trata de unos $ 124 millones cuyo destino no se conoce.
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