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n operador del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (CPNAF) –ex Consejo Provincial del Menor (CPM)– será juzgado imputado del delito de Abuso sexual con acceso carnal, figura que sería agravada por su condición de guardador de la supuesta víctima, una chica de 15 años. La menor se encontraba sometida a un abordaje por parte del imputado, función que ejercía en su carácter de operador de aquella institución. El artículo 199 del Código Procesal Penal, en los párrafos tercero y cuarto, establece que la pena que le correspondería al imputado en caso de ser hallado culpable contempla un mínimo de ocho años y un máximo de 20. Según informaron fuentes judiciales, el hecho, que se debatirá en juicio oral a puertas cerradas por tratarse de un delito de índole privado, habría ocurrido el 25 de junio de 2006 alrededor de las 18:30, en un hotel ubicado en la periferia de la Terminal de ómnibus de Paraná. Las mismas fuentes precisaron que el imputado es César Martínez, que es representado por el defensor oficial Alberto Silva Velazco, que se opuso al procesamiento de Martínez en la etapa instructoria y solicitó su sobreseimiento; en tanto que la querella particular está a cargo de Sebastián Reyes. El caso llegó a los estrados judiciales a raíz de una denuncia de la madre de la supuesta víctima. El juez Gustavo Maldonado, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 6, decidió elevar la causa a juicio después de evaluar las pruebas colectadas durante un dilatado proceso investigativo. La causa está ahora en manos de la Sala I en lo Criminal de Paraná, que deberá pronunciarse sobre la apelación que la defensa planteó sobre la elevación a juicio. El caso A Martínez se le imputa que, mediante un aprovechamiento de la imposibilidad de comprender y consentir el hecho por parte de la menor, en razón del cuadro de discapacidad –motora y mental– que padece, la habría conducido hasta el alojamiento y allí consumado el delito por el que está imputado. Para ello habría aprovechado la relación que había construido con la víctima en virtud del abordaje para el que se lo había comisionado. Así, la habría retirado de su domicilio mediante engaños y abusando de la confianza que, por su función, había obtenido en el entorno familiar de la niña. Desde el inicio de la investigación, el acusado, como coartada, aseguró que no estuvo en la ciudad durante el día del hecho. Para ello presentó documentación –se trataría de tarjetas de viáticos extendidas por el organismo al que pertenece, aunque fue separado de sus funciones cuando se vio involucrado en el caso– que lo situarían en la provincia de Córdoba cumpliendo una aparente comisión encargada por el propio CPM. Se habría trasladado hasta aquella provincia acompañando a una menor que sería alojada en una clínica. Polémica Sin embargo aquella hipótesis defensiva confrontaría con un rastreo satelital del teléfono del acusado que indicaría su presencia en esta ciudad en horas cercanas al hecho; lo que pondría en duda la veracidad de los informes remitidos por el CPM que coinciden con la coartada sostenida por el operador de dicho organismo. Fuentes precisaron que, a pedido de la querella, se solicitó que se remitan a Córdoba una serie de documentos que presentó el imputado para sostener su versión; las mismas regresaron a Paraná y el juez, luego de evaluarlas, decidió mantener el procesamiento. Esta situación, de corroborarse, pondría en cuestión la autenticidad de los informes emitidos desde el CPM, que inclusive podrían vincular a otros trabajadores del organismo; al menos en relación a la emisión de tales informes. Fuentes allegadas a la defensa señalaron a este medio que la causa exhibe una notoria “orfandad de pruebas”. En ese sentido, destacaron que “no hay pruebas objetivas, ni subjetivas, ni materiales que demuestren que el operador haya sido el autor del delito que se le imputa”. Además, precisaron que la defensa notó que “no existió en la causa ningún examen médico ni constancia médica que acredite que la chica tuviese signos de haber sido violada o abusada”. En ese sentido, criticaron que “la causa se elevó a juicio con la denuncia que realizó la madre y la declaración de la chica; esas son las únicas pruebas”. Sobre el rastreo satelital de llamadas, se supo que desde la defensa cuestionaron que se le adjudican al imputado dos llamadas desde un celular al teléfono de la casa de la víctima; pero señalaron que lo que no pueden probar los informes de las empresas de telefonía es que el operador haya sido el autor de las llamadas. Además señalaron que los informes son contradictorios, porque en uno consta que al teléfono de la casa de la chica entraron dos llamadas simultáneas de dos líneas distintas, entre otras anomalías. Distintas versiones Pese a que el acusado sigue negando su presencia en la ciudad al momento del hecho, en una primera declaración realizada en sede administrativa habría reconocido que estuvo en la casa de la víctima el día del hecho. Habría sostenido que retiró a la menor de la casa; contradicción que echaría por tierra su coartada. Desde la defensa exhibieron que Martínez certificó con viáticos su regreso de la comisión a las 22, por lo que no pudo estar en Paraná alrededor de las 18.30 cuando supuestamente ocurrió el hecho. Por ello analizan que la denuncia sería parte de una venganza pergeñada por la chica, por el control que el operador realizaba sobre ella en función de su trabajo. (Fuente: Diario Uno)