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a Fiscalía de Estado recomendó dejar sin efecto la autorización otorgada en 2003 por la Provincia al grupo agroganadero Islas Verdes SRL para utilizar en comodato siete parcelas, en total más de 7 mil hectáreas, en la zona del Delta de Victoria por entender que no corresponde al fisco entregar bienes públicos a título gratuito a un privado que persigue fines económicos. El fiscal Julio Rodríguez Signes hizo suya una opinión emanada del área de Tierras e Islas Fiscales de la Secretaría de la Producción, que entendió que “el otorgamiento de un comodato a título gratuito a un grupo de particulares constituidos en una empresa comercial que persigue como objetivo obtener riqueza, debe tener una contrapartida económica indirecta que por su actividad genere un beneficio a la sociedad entrerriana y en particular a la zona de influencia”. Fiscalía intervino luego de que Islas Verdes SRL presentara al Estado un pedido de extensión del plazo de ocupación de parcelas en el Delta de Victoria. La pretensión de los privados había sido conseguir un contrato de comodato para la ocupación de tierras fiscales por un plazo de 10 años, con derecho a adjudicación directa en caso de arrendamiento y, eventualmente, una posterior adquisición de los lotes. Los lotes identificados con los números 1, 2, 3, 4, 6 y 8 habían sido adjudicados a Islas Verdes SRL en 2003 a través del decreto Nº 5.837. Irregularidades En medio del trámite de renovación del contrato de comodato, apareció un particular “que exhibe documental que supuestamente acreditaría su derecho de propiedad sobre los inmuebles en cuestión”, según dice un informe de Fiscalía del 29 de mayo último. La situación había disparado una serie de diligencias. La Secretaría de la Producción le pidió un informe a la Policía de Entre Ríos para que constate en terreno la situación de cada uno de los lotes, informe que se conoce el 26 de octubre de 2007. Con esos datos, la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados de la Secretaría de la Producción se expide, y dice que: * la Ley Nº 9.603 dispuso que todas las islas fiscales deberán ser arrendadas por el procedimiento de selección pública de ofertas por el término de tres años, con opción por única vez de un plazo similar; * da cuenta de la “extrañeza” de la aparición del plano de mensura Nº 19019, “agregado por los herederos del señor Benito Nazar Anchorena”, adjudicándose derecho de propiedad sobre el lote Nº 6; * se trata de unas 3 mil hectáreas, que en su origen fueron de dominio público, pero que luego el Estado reconoció como ajenas. Al respecto, la Fiscalía recuerda que todo reclamo ante la Justicia por esas parcelas ahora reclamadas por un privado deberá tener en cuenta que “existe un reconocimiento expreso por parte del Estado Provincial de los actos posesorios del señor Luis A. Nazar Anchorena” al haber expedido la Dirección General de Rentas (DGR) las respectivas boletas del Impuesto Inmobiliario. Incumplimientos La Fiscalía observó que si bien la entrada en vigencia de la denominada Ley de Arrendamientos obligó a caducar “todos los convenios de tenencia precaria que hubiesen sido otorgados” los predios en manos de Islas Verdes SRL “quedaron excluidos del procedimiento de licitación pública”. Pero además, resalta la opinión del área de Tierras e Islas Fiscales de la Secretaría de la Producción, que destaca que “no se entiende cuál puede ser el beneficio que genere un emprendimiento que por lo constatado por la Policía de Victoria es exclusivamente ganadero”. Por eso mismo, resalta que “las mejoras que puede realizar (la empresa) son ínfimas si se pretendiera analizar su amortización por los años que deja de percibir el Estado en concepto de arrendamiento a cambio de quedarse con las mejoras que puedan valorizar los predios de tal manera que justifique los años”. El dictamen de la Fiscalía señala que de las inspecciones realizadas por la Policía surge que “el grupo agroganadero no ha realizado mejoras sustantivas que justifiquen la continuidad de la vigencia del contrato”. Más aún cuando Islas Verdes SRL incurrió en un incumplimiento en el compromiso sumido respecto a destinar el “inmueble para emprender la producción de carne bovina orgánica, apicultura ecológica, cría de carpinchos dentro de su hábitat natural, reforestación y contención de costas con especies arbóreas autóctonas”, sino que sólo se dedicó a la ganadería. Pero también se apoya en la Ley de Arrendamientos, que en su artículo 16º, fijó la “caducidad de todos los convenios de tenencia precaria que hubiesen sido otorgados”, para concluir, dice el dictamen, “en la conveniencia de proceder a la revocación” del comodato de cesión de más de 7 mil hectáreas que en 2003 el Estado había cedido a un privado en forma gratuita. (Fuente: El Diario)