Martes 09 de junio de 2009
  |  
Paraná
El ex represor Appiani decidió declarar ante la jueza
Es el primer imputado que habla ante la magistrada, tras ser imputado por violaciones a los derechos humanos. Lo señalan responsable de un grupo de tareas y “auditor” de Consejos de Guerra. No trascendió el contenido de la declaración.
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Declaró ante la justicia el primero de los cinco ex represores imputados en la Causa Área Paraná.

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uatro horas le había demandado al personal del Juzgado Federal de Paraná darle lectura a Jorge Appiani de los hechos que se le imputan. Fue desde el atardecer del sábado hasta las 23 de ese día, en el marco de la causa conocida como Área Paraná que investiga violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos durante la dictadura militar. La jueza Myriam Galizzi dispuso entonces la realización en un cuarto intermedio hasta las 17 de este lunes cuando Appiani volvió a ser trasladado de la Unidad Penal Nº 1 para declarar, por horas, ante la magistrada que escuchó al abogado, ex represor, reconocido como uno de los responsables directos de un “grupo de tareas” que tenía a su cargo el secuestro y las torturas. Sus víctimas apuntan al acusado, además, como el estratega de los Consejos de Guerra, farsa de juicios que se hacían a los presos políticos en tiempos del terrorismo de estado. Prestó declaración indagatoria con el asesoramiento letrado del defensor oficial, el doctor Eduardo Prina. De este modo, se diferenció en la estrategia de los otros cuatro imputados que fueron detenidos el mismo día que Appiani, el jueves pasado. Al cierre de esta edición, se pudo confirmar la decisión de declarar pero nada respecto del contenido de su testimonio. Es que su abogado ha preferido no atender la insistente consulta periodística mientras que la otra parte en el caso, la querella que representa a las víctimas, no puede participar de las audiencias, tal como lo dispone el vetusto código procesal penal con el que se está juzgando la represión en Entre Ríos. Avances La jueza había dispuesto la indagatoria a Appiani en calidad de detenido, en una resolución firmada el jueves 4 de junio pasado. La medida también alcanzó a José Anselmo Appelhans y a Rosa María Bidinost, quienes tenían a su cargo las cárceles de Paraná y están sindicados como “entregadores” de los presos políticos a las patotas y como responsables de los tormentos en los penales. También ordenó la detención de Hugo Mario Moyano, el médico otorrinolaringólogo de Paraná que fue señalado como quien “regulaba” la tortura de acuerdo a las posibilidades de resistencia y de sobrevivir de las víctimas. Los cuatro imputados están detenidos en Paraná aunque un quinto acusado al que alcanza la resolución judicial, Ramón Genaro Díaz Bessone, cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires en el marco de otra causa por delitos de lesa humanidad. El ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército será indagado el 15 de junio, a las 15, en la vivienda en la que está arrestado. En todos los casos, salvo el de Díaz Bessone, la defensa es asumida por Prina quien también ha actuado, en calidad de defensor oficial, en otra causa denominada del Hospital Militar en la que ya hay varios detenidos acusados de robo y sustitución de identidad de los mellizos, hijos de la detenida desaparecida Raquel Negro. Etapas En función del silencio en el que se han resguardado los otros detenidos, es clave la declaración de Appiani respecto de los hechos ocurridos en Entre Ríos de boca de quienes tenían a su cargo la estructura represiva. Al respecto, vale decir que el expediente que actualmente se conoce como Causa Área Paraná se inició en 1982 con los primeros testimonios de las víctimas. Surgieron imputaciones y se avanzó en el proceso hasta el dictado de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los decretos de indulto. La nulidad de las normas mencionadas, por vía judicial o por declaración del Congreso de la Nación, permitió la reapertura de la causa. En esta nueva etapa, y tras un extenso embrollo procesal para dirimir el código con el que iban a ser juzgado los imputados, se avanzó en la toma de testimoniales y en la producción de pruebas en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención. A raíz de estos pasos, la jueza Galizzi hizo lugar al planteo del fiscal y de la querella y ordenó la indagatoria, en calidad de detenidos, de los cinco imputados mencionados, los primeros que cumplen arresto por violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos. (Fuente: El Diario)
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