Jueves 11 de junio de 2009
  |  
Política
Acusan a seis dirigentes de Agmer de desobediencia judicial
Es por no haberse presentado a una audiencia de conciliación en la Justicia laboral durante el conflicto docente en 2008. Baudino lo consideró una criminalización de la protesta del Gobierno para con dirigente provinciales y nacionales.
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Baudino y cinco dirigentes gremiales más, fueron citados a declarar.

(

APF).- Media docena de dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) fueron citados a prestar declaración indagatoria ante la jueza de Instrucción Elisa Zilli acusados del delito de desobediencia judicial, por no haberse presentado a una audiencia de conciliación en la Justicia laboral durante el conflicto docente en 2008. Entre ellos están el anterior y el actual secretario general del gremio, Sergio Elizar y César Baudino, respectivamente. El jueves 18 y el viernes 19 a las 8 de la mañana fueron convocados a indagatorio los dirigentes de Agmer Sergio Elizar; Marta Madoz; Patricia Rodríguez; Norma Sánchez; Zulma Sánchez y César Baudino. Todos deberán comparecer ante la jueza de Instrucción Elisa Zilli, a cargo del Juzgado Nº 8 de Paraná. La causa que se les sigue es por desobediencia judicial y se montó luego de que Agmer decidiera no concurrir a la audiencia convocada por la Jueza Nancy Bautista el 29 de agosto de 2008, con la que se intentaba encauzar judicialmente el conflicto docente que por entonces estaba en uno de sus picos más altos. Bautista, titular del Juzgado en lo laboral Nº 3, había ordenado también que tanto Agmer como los docentes técnicos agrupados en AMET suspendieran las medidas de fuerza, pero el sindicato mayoritario hizo caso omiso a esta resolución por no estar en vigencia el llamado a paritaria tal como lo establece la legislación provincial. Baudino consideró esto una “judicialización y criminalización de la protesta del Gobierno de Entre Ríos para con dirigente provinciales y nacionales”. El dirigente gremial no quiso adelantar si declararán o no ante Zilli, pero subrayó que el pedido de intervención de la Justicia lo hizo “el Poder Ejecutivo provincial, más precisamente en la figura de Graciela Bar”, la presidenta del Consejo General de Educación. Es “una resolución de carácter político: primero quisieron quebrar la huelga por los descuentos. Y ahora vienen no por los dirigentes sino por la organización gremial”, remató.
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