Martes 16 de junio de 2009
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Política
Elecciones 2009: De qué hablan las plataformas electorales
Casi olvidadas, las propuestas electorales son un requisito para participar de las elecciones. Los partidos no las difunden y la gente casi no las conoce. Sin embargo, hay para todos los gustos.
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En una campaña carente de propuestas, las plataformas electorales son sólo una formalidad.
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En una campaña carente de propuestas, las plataformas electorales son sólo una formalidad.

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ucha gente no recuerda que existen las plataformas electorales, ésas que se comparaban antes de decidir el voto. Los nuevos códigos que impone –especialmente– la publicidad apuntan a simplificar el mensaje de campaña. No por nada, la realidad de estas elecciones muestra a la denominada campaña negativa y a la comunicación a través de las emociones como los mecanismos a los que más se recurre. Si bien es cierto que estas alternativas sacrifican ante el altar del rating el contenido del mensaje político, al que simplifican al extremo, los ciudadanos no parecen extrañar las otras épocas. Y así va la política argentina. “La plataforma electoral es una formalidad”, definió hace una semana Daniel Scioli, un político exitoso. ¿Qué se puede esperar entonces del ciudadano de a pie? Pese a esto, planteamos un recorrido por las plataformas de las fuerzas provinciales. De la mayor capacidad de síntesis hace gala el Partido de Unidad Federalista (Paufe) que se define como “Democrático, representativo, republicano y federal” y asegura que actuará “respetando la división de poderes, la doctrina social de la Iglesia, la justicia social, la educación, la igualdad; defendiendo los principios y garantías consagrados en nuestra Carta magna, la seguridad jurídica, los derechos de la mujer y la ancianidad y la niñez”. Aunque alguien pueda creer que semejante brevedad (sólo 47 palabras) se condice con las chances electorales, se sorprenderá al advertir que el oficialismo entrerriano, que es favorito en los comicios del 28, presentó un escrito que tampoco se caracteriza por su extensión. Con 127 palabras el Frente Justicialista Entrerriano (FJE) traza un horizonte electoral en el que promete promover el desarrollo productivo e industrial sustentable “con armonía y distribución equitativa de las riquezas” al igual que superar la marginalidad y la pobreza, fomentando la solidaridad, la estabilidad laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. También promete promover nuevas obras y asegurar la continuación de las ya iniciadas. Del mismo modo, una política de apoyo a los pequeños productores agropecuarios e industriales; atender a la seguridad ciudadana, el derecho a las salud, a la vivienda digna, a la cultura, al patrimonio cultural y al deporte. Disidentes En el otro extremo, con más de seis carillas de desarrollo, se ubica la plataforma oficializada por el Frente Popular Disidente, cuya lista encabeza el ex senador nacional Héctor Maya. El texto que figura en el sitio digital de la Justicia Electoral Nacional presenta algunas correcciones con bolígrafo. Habla de lograr la integración latinoamericana en materia política, económica y legislativa y entre otras propuestas, señala la necesidad de ocupar zonas territoriales despobladas. También se menciona la creación de un Banco Industrial y de un sistema bancario de exportaciones. Igualmente hace referencia al establecimiento de una política naviera nacional. Llegar a dedicar el 7% del PBI a la educación; avanzar en la eliminación paulatina del uso de agroquímicos; establecer en los canales de cable la obligatoriedad de señales musicales nacionales con participación de no menos del 50% de intérpretes en vivo, como una forma de luchar con fuerza contra “la alineación creciente que provoca el acoso de los medios de comunicación con la priorización de valores extranjerizantes y consumistas”, son parte de los 47 puntos que presenta el peronismo disidente. No más extensa que la media, es la plataforma electoral del otro peronismo disidente, el partido Viva Entre Ríos que lidera el ex senador nacional Augusto Alasino. El sector propone plantear la recuperación de las retenciones a los productos agropecuarios y destinarlas a un subsidio directo a los pobres o sectores de menos recursos, o en su caso, compensaciones relacionadas con aquéllas; modificar la asignación de los fondos excedentes de Salto Grande, orientándolos también al desarrollo regional; recuperar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y promover la creación de una banca productiva regional, acorde a la Constitución provincial reformada. En el mismo sentido propone crear áreas rurales liberadas de la siembra de oleaginosas y/o cereales de hasta el 20% de cada parcela; y rediseñar las políticas activas sociales, sanitarias y alimentarias que tengan por objeto erradicar “la creciente pobreza”. Cierran los 14 puntos el combate de “la drogadicción y el trabajo infantil”. El Acuerdo El Acuerdo Cívico y Social que lidera la UCR necesitó 1.233 palabras para desarrollar los 14 puntos postulados, a los que en su plataforma acompaña con una consideración política. Entre ellos, promete llevar adelante una reforma tributaria integral que revierta el carácter regresivo del sistema vigente, disminuyendo los impuestos al consumo e incrementando la contribución de las grandes rentas y ganancias. Este proceso contempla la reducción de las alícuotas del IVA y su eliminación en los productos de la canasta alimentaria. También promete sancionar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos “que ponga fin a la discrecionalidad en el reparto de los recursos desde el poder central” que permita recuperar el federalismo “como eje histórico de nuestra organización nacional”. Igualmente propone desarrollar políticas sociales universales, “que logren romper los mecanismos clientelares de las políticas focalizadas que consolidan la exclusión”; defender el sistema jubilatorio provincial y la autarquía de la Caja de Jubilaciones; y también conformar un nuevo Marco Regulatorio de los Servicios Públicos que garantice acceso universal a los mismos. También se mencionan políticas de salud que deberían garantizar el acceso universal a la atención; asegurar los recursos para dar respuestas a las necesidades del sistema educativo en todas las provincias del país y una real recomposición de salarios para el sector docente; avanzar en medidas para preservar el empleo en el marco de la actual crisis económica y financiera global; entre otros enunciados aunque sin precisar demasiado en las formas cómo hacerlo. Un ejemplo de esto último es el siguiente párrafo: “En materia de política agropecuaria impulsamos la elaboración de un verdadero plan de desarrollo, encuadrado en reales políticas con un horizonte de mediano y largo plazo…” o en materia de seguridad la propuesta de implementar “políticas públicas de seguridad ciudadana y de prevención del delito, asociadas al cumplimiento de la ley y a un orden con base en la buena convivencia cívica” para lo cual consideran necesario “desechar la nefasta práctica oficialista de poner a la gente contra la gente, a unos ciudadanos contra otros, culpando a unos de los males de otros para autojustificarse”. Finalmente se propone el establecimiento por ley de un Consejo Económico y Social al igual que la generación de un marco institucional que mejore el funcionamiento del sistema de partidos políticos y del régimen electoral; y la idea de fortalecer el Poder Legislativo a fin de superar “la desconfianza institucional que han instaurado”. Socialistas El Partido Socialista propone trasparentar el Estado aplicando efectivamente el derecho del ciudadano de acceder a la información pública “dando permanente publicidad del patrimonio de los funcionarios públicos y de los actos de gobierno”. Asimismo se promete fortalecer la democracia participativa incrementando la participación popular, desarrollando instrumentos de políticas de estado sobre sustentabilidad, democratizando las empresas, entes y sociedades en las que exista participación del Estado nacional En materia tributaria se promete un régimen “que otorgue más peso a los impuestos directos sobre los indirectos, con la eliminación del IVA en los productos básicos de la canasta alimentaria, y el aumento o implementación de gravámenes en los artículos suntuarios”. También un aumento del presupuesto para Educación dirigido a una mejora sustancial en los haberes de los docentes y de la infraestructura escolar; políticas sociales universales; y una nueva ley de arrendamientos, retenciones segmentadas y un Plan Agropecuario nacional que garantice la defensa del productor y el trabajador, integran la propuesta. Del Partido de Reconstrucción a la propuesta de Unión PRO El Partido Popular de la Reconstrucción promete dar tratamiento parlamentario a la investigación de la deuda externa argentina; impulsar un proyecto de la Ley de coparticipación que permita reformar el sistema tributario, invirtiendo la pirámide recaudadora “para hacer efectivo el federalismo económico”. También prometen una Ley de Participación Política y Representatividad, que establezca una vinculación orgánica “de funcionarios, legisladores y magistrados con la ciudadanía y las distintas entidades intermedias en que se manifiestan, a los efectos de evitar la desvinculación real y ética de los mismos”. Igualmente un proyecto de Ley sobre Seguridad personal y social “atendiendo no sólo a los emergentes delictivos sino también a las causas que favorecen el incremento de la inseguridad: narcotráfico, desempleo, clientelismo partidario”; un proyecto de ley sobre desarrollo local y otro sobre Descentralización y Eficiencia del Sistema de Salud Pública. En el otro extremo, la Unión PRO desarrolla cuatro ejes de campaña: igualdad social y seguridad ciudadana, mejora del sistema administrativo y consolidación de la democracia, justicia independiente y federalismo. Dentro de las medidas propuestas se desatacan la remoción de todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, para luego proceder a una nueva conformación. Igualmente se promete una “lucha frontal y total contra la corrupción y el delito”, la protección de usuarios y consumidores, y una amplia reforma electoral; entre otros puntos: La izquierda, entre empujar los cambios y no pagar la deuda El Frente Social y Popular, Humanista y Comunista no desconoce “avances obtenidos, sino que los valoramos, pero los consideramos insuficientes, en una situación y con un gobierno que ha mostrado sus contradicciones, límites y carencias”, según reza la parte política de su extensa plataforma. “Seremos realmente soberanos cuando recuperemos nuestro patrimonio nacional entregado vilmente al gran capital imperial. El petróleo, la minería, los bosques, las empresas de servicios públicos, los transportes, las comunicaciones, la cultura, los medios de información…”, se explica. “Sabemos que nuestros enemigos son quienes detentan esa riqueza concentrada y pretenden instalar una derecha política que los represente más cabalmente”, se añade. “Enfrentaremos a esos pactos y a esa derecha que quiere retrotraernos a los nefastos años 90”, explica el escrito. Respecto de las medidas puntuales, se señala la promoción de la integración y soberanía económica, política, social y cultural de nuestro país y de éste con el resto de los países de la región. Para ello se propone, por ejemplo la preservación del medio ambiente, la exigencia del desarme nuclear y convencional, la recuperación del patrimonio nacional enajenado, la recuperación del patrimonio público de los argentinos entregado al capital transnacional expoliador, la recuperación de la renta petrolera y gasífera a través de la nacionalización de YPF y las empresas que extraen gas natural, y la derogación de la ley de minería y el fomento a las industrias contaminantes. En el área de derechos humanos, entre numerosos puntos, se señala la discriminalización de la protesta social, el desprocesamiento y libertad de los detenidos o encausados por manifestaciones; la oposición a la penalización de los niños, creando sistemas procesales adecuados al derecho de minoridad; y el castigo a la práctica del gatillo fácil. MST En tanto, el Movimiento Socialista de los Trabajadores postula la existencia de una economía al servicio del pueblo para lo cual considera necesario no pagar la deuda externa. “Ni un solo dólar al exterior, al Club de París y los bonistas”. También propone la anulación de los tarifazos en servicios; la reestatización de las empresas privatizadas bajo control democrático de sus trabajadores y usuarios. Además de recuperar para el pueblo el petróleo, gas, minería y demás recursos naturales, nacionalizando los mismos. El sector también propone nacionalizar la banca y el comercio exterior, dar un enérgico combate a la inflación, con estricto control de precios y aplicación de la Ley de abastecimiento; y llevar adelante una profunda reforma impositiva con anulación del IVA, comenzando por los productos de consumo popular, y fuertes impuestos progresivos a la riqueza y a las ganancias de las grandes empresas. En materia laboral se enumera un aumento general de salarios para efectivos y contratados, jubilaciones y planes sociales; un salario básico en blanco y acorde a la canasta familiar e indexado según inflación real; el cese del trabajo en negro y los contratos basura, entre otros aspectos. A ello acompañará una ley que prohibirá los despidos y suspensiones. “Si aún así las patronales despiden hay que expropiar la empresa sin indemnización, nacionalizarla y mantener la producción bajo control obrero”. La educación pública tendrá el 25% del presupuesto, habrá un “aumento efectivo del presupuesto de salud” y se diseñarán políticas de apoyo a los pequeños productores agrarios con un sistema de “retenciones diferenciadas, regionalizadas y coparticipables”. La despenalización del aborto y el juicio y castigo efectivo a los culpables de delitos de corrupción, son otras de las propuestas del sector. (Fuente: Diario UNO)
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