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l planteo de los ediles se centró en los 20 kilómetros de terraplén que construyó ilegalmente la empresa holandesa Bema Agri BV, en humedades de Victoria, donde también hay siembra de oleaginosas. La mega obra de la compañía se hizo para proteger unas 10 mil hectáreas, en la Isla Irupé, zona declarada área natural protegida. El amparo ambiental presentado por los dos concejales fue contra la firma holandesa para que cese en la construcción del terraplén (ya lleva más 20 km) como también la siembra y fumigación en unas 10 mil hectáreas de islas ubicadas en jurisdicción de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Estéves y Los Laureles, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución. La acción ingresó en el Juzgado Civil y Comercial de Victoria, a cargo de Marisela Faccendini, quien se excusó y, por lo tanto la causa quedó en manos del juez de Instrucción Alejandro Callejas, quien finalmente rechazó el amparo, por el incumplimiento de parte de la empresa holandesa a las ordenanzas vigentes. No conformes con esa resolución, los ediles interpusieron la apelación, pero tampoco obtuvieron un dictamen favorable en el STJ. Inadmisible La Sala de Procedimientos Constitucionales del STJ, que integran los vocales Carlos Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, rechazó el planteo al entender que “los actores debieron acudir a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación y prueba a través de un contradictorio pleno, exento de las restricciones que imperan en este proceso”. Además, se indicó que antes del amparo los ediles contaban “incluso con un abanico de medidas cautelares que le hubiesen permitido proteger los derechos que se denuncian vulnerados”. Dicho eso en la resolución, la Sala de Procedimientos Constitucionales, rechazó la solicitud de apelación y declaró nulo el pedido de los concejales de Victoria. A decir de los magistrados, la acción articulada por los concejales “no supera el test de limitación que impera en este especial proceso y la necesidad de ocurrencia al procedimiento ordinario para salvaguardar los derechos que se aducen conculcados; máxime cuando en el caso de la urgencia denunciada se encuentra protegida por la actuación de la Justicia de Faltas Municipal”. Dicho eso, la Sala del STJ recomendó que las presentaciones se hagan por “las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación”. Conocida la sentencia, ahora los ediles están preparando un proyecto de ordenanza para tipificar sanciones o multas para todos aquellos emprendimientos rurales o comerciales que exploten las zonas declaradas área natural protegida. Una de las ideas que maneja, Juárez es que las multas sean elevadas y hasta se les decomise (como es el caso de Bema Agri) la cosecha que obtenga en esas tierras. Como otra instancia, a nivel provincial, no existe para mantener el reclamo judicial, los concejales están pensando presentar un proyecto de ordenanza, para modificar las tipificaciones en el Código de Faltas. ”Ahora lo que nos queda es una nueva norma e instar, tal como al Ejecutivo Municipal, tal como lo recomendó el STJ, que haga cumplir con las ordenanzas vigentes, violadas por Bema, al cultivar y construir un terraplén en esa zona”, dijo Juárez, al tiempo que reiteró que tal como lo sentenció el Superior “la Municipalidad tiene plenas facultades para disponer de la suspensión de las obras y de la siembra que se está haciendo”. Por su parte, la edil del bloque Juan Carlos Strata, María Angélica Chadas, confesó que “si bien respeto la decisión de la Justicia, no la comparto. Acá se está produciendo un daño ambiental concreto”, acotó. (Fuente: El Diario)