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a saga tuvo como protagonistas principales al ministro Diego Valiero, que calificó de mentiroso a Marcelo Casaretto, que había asegurado que en 2008 hubo $450 millones de déficit y proyectó $600 millones para este año. También dijo que sale más de lo que entra en las arcas del Estado. Cuentas oficiales “En el 2008, producto de esta crisis en nuestra provincia se produjeron menores ingresos que los niveles proyectados por una cifra aproximada a los 240 millones de pesos. Sin embargo, el cierre definitivo del ejercicio 2008 resultó equilibrado, presentando un resultado negativo en las rentas generales de 294 millones (incluido el déficit de 66 millones del 2007, gestión Busti), mientras que las rentas afectadas presentaron disponible por 304 millones de pesos”, sostuvo el ministro Valiero. Busti salió al cruce Ante las declaraciones atribuidas al ministro de Economía de la provincia, Diego Valiero, que hacen referencia a la situación económica entrerriana durante las gestiones de Jorge Busti, el ex gobernador consideró oportuno aclarar ante la ciudadanía entrerriana algunos puntos. En este sentido, Busti sostuvo que cuando se despidió de su tercera gestión informando sobre las cuentas públicas del Estado provincial y la situación económica financiera en que dejaba la administración a su sucesor, dijo: “Me voy muy tranquilo. Hay un saldo disponible en la Tesorería General de 37.360.000 pesos; no existe deuda flotante y hay acreencias por 350 millones de pesos de la Nación, por deudas del Anses y excedentes de Salto Grande”. En primer lugar, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia, recordó que Valiero fue ministro de Economía durante su última gestión y contador general de la provincia en los años 1995-1999, propuesto por el entonces gobernador Jorge Busti ante la Legislatura. En cuanto a los números, Busti trajo a colación la conferencia de prensa brindada el 7 de diciembre de 2007, junto al ex vicegobernador Guillero Guastavino y a los entonces ministros de Economía, Diego Valiero; de Gobierno, Adán Bahl y de Acción Social, Gustavo Bordet. En este sentido Busti sostuvo que cuando se despidió de su tercera gestión informando sobre las cuentas públicas del Estado provincial y la situación económica financiera en que dejaba la administración a su sucesor, dijo: “Me voy muy tranquilo. Hay un saldo disponible en la Tesorería General de 37.360.000 pesos; no existe deuda flotante y hay acreencias por 350 millones de pesos de la Nación, por deudas del Anses y excedentes de Salto Grande”. En ese momento, el ex gobernador anunció que la Secretaría de Energía de la Nación había aprobado la transferencia de 18.937.000 de pesos para realizar más obras de gas en 20 localidades y, en otro orden, anticipó que se pagaba el medio aguinaldo antes de Navidad y el sueldo de diciembre durante los dos últimos días del mes y los primeros cuatro de enero de 2008, “tal cual se cumplió”, remarcó el ex mandatario. En esa conferencia, Busti recordó que su principal preocupación al momento de asumir en 2003, fue el saldo de la cuenta corriente de la Tesorería General, que alcanzaba a 32.041.000 de pesos, y la deuda flotante vencida, que era 137.500.000 de pesos, lo que hacía un total adeudado de 169.541.000 de pesos. En cuanto a la deuda flotante, detalló que comprendía 30 millones de pesos de sueldos de activos y otros 20 millones de haberes de pasivos, 1,4 millones de pesos por Ley 4035, 17,6 millones de pesos al Iosper, 9,5 millones de pesos por coparticipación a municipios, 5 millones de pesos a amas de casa y 54 millones de pesos a organismos, contratistas y proveedores. “De acuerdo a un corte hecho el 5 de diciembre, hay un saldo disponible en la Tesorería General de 37.360.000 pesos y no existe deuda flotante”, remarcó en ese momento quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos. Luego agregó que Anses adeudaba a Entre Ríos la suma de 160 millones de pesos, lo que “es una acreencia muy importante para el próximo Gobierno”, dijo allí Busti. Ya en ese entonces, el titular de la Cámara de Diputados aseguraba que “en Entre Ríos se lograron sanear las cuentas, transmitiendo así a los empleados públicos y a los pasivos entrerrianos que “se queden absolutamente tranquilos”. En la reunión con los periodistas, insistió en que “el otro grave problema que teníamos al asumir la gestión era la deuda pública. En 1999 cuando me fui de la segunda gobernación, ésta era de 840 millones de pesos, que representaba el 70 por ciento del presupuesto provincial. Nosotros recibimos una deuda pública en el año 2003 que representaba el 142,5 por ciento del presupuesto provincial. Otro grave inconveniente que teníamos era cómo afrontar esta deuda flotante y en 2004 había que pagar 172.327.000 pesos; en 2005 la cifra de 324.775.000 pesos; en 2006 un monto de 357.609.000 pesos y en 2007 371.443.000 pesos. Se programó la deuda a través del Programa de Financiamiento Ordenado y se fue cumpliendo con las obligaciones del Estado provincial”. “Lo importante es destacar que la deuda perdió impacto sobre el presupuesto y también los servicios de esa deuda. En el año 2003 era del 142,5 por ciento del presupuesto; en 2004 del 116,6 por ciento; en 2005 del 96,7 por ciento; en 2006 del 79,6 por ciento; en 2007 del 70,5 por ciento y el proyectado para el año 2008 es del 66,5 por ciento de los recursos corrientes del Estado”, decía Busti. “En cuanto a los servicios de la deuda, en el año 2003 pagar estos 172 millones de pesos significaba el 18,7 por ciento de los recursos; en 2004 el 12,7 por ciento; en 2005 el 11,4 por ciento; en 2006 el 11,2 por ciento; en 2007 el 11,1 por ciento y proyectado para 2008 era del 9,3 por ciento”, precisaba el ex gobernador. Y a continuación reiteraba que “no hay deuda flotante, sí hay deuda que va venciendo y se va pagando, que tiene el financiamiento correspondiente; y una deuda pública que está absolutamente reprogramada. No se toma más deuda pública para el desfinanciamiento del Estado, sino que se toman créditos, aprobados por la Legislatura, para hacer obras públicas”. En ese marco, ya opinaba que al momento de reformarse la Constitución, debe incluirse “una cláusula que estipule que ningún gobernador pueda tomar un crédito para desfinanciamiento del Estado y si lo toma debe hacerse cargo él de eso”.