J

unio parece haber sido un mes de decretos y medidas “generosas”, en lo que se refiere a política de personal, en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Este viernes se conoció la existencia de un decreto (Nº 534) del 1° de junio, mediante el cual el Gobierno ascendió a la categoría 10 a todo el personal ubicado entre la 1 y la 9. El escalafón tiene 24 categorías y hay ordenanzas que establece el avance de los agentes en la carrera municipal (Ver recuadro). El 19 de junio, 18 días después del 534, el Ejecutivo emitió dos decretos: el Nº 635 a través del que dispuso dejar sin efecto la Emergencia Administrativa, Económica, Financiera y de los Servicios Públicos declarada mediante ordenanza 8.726 en diciembre de 2007 y prorrogada a fines de 2008 por un año más (durante todo 2009) mediante el decreto 1.744. El corte de la vigencia de la emergencia –que entre otras cosas prohibía la designación de gente en planta- se fijó a partir del 30 de junio pasado. Seguidamente, ese mismo 19 de junio, con el número 636 se plasmó otro decreto, por el que el Ejecutivo designó en la categoría inicial -la 1, desierta para entonces pues se habían promovido los agentes a la 10 mediante el decreto 534- a un centenar de personas que revestía como contratados en la modalidad de locación de servicios. Según el listado que acompaña el texto del decreto, serían 109 las personas alcanzadas por el pase a planta. Razones Entre los argumentos que se leen en el decreto 636 (pase a planta), se mencionan los siguientes: que hubo diversas presentaciones ante la administración municipal solicitando el pase a planta permanente de agentes contratados que revestían como contratados de servicios, que la mejora de la situación laboral del personal es parte de la justicia social promovida por la gestión y que los beneficios –en materia laboral- no sólo repercutirán de forma positiva en el agente sino también en su grupo familiar. Más adelante, se cita la legislación y se expresa que si bien la Constitución provincial reformada en 2008, “establece la obligatoriedad del Concurso para la designación de los empleados públicos”, en este caso “se trata de agentes contratado mediante la figura de contrato de locación de servicios que, de manera interrumpida, prestan servicios y se desempeñan en forma regular en la Municipalidad”. Por lo tanto, añade el texto, “corresponde el reconocimiento de su estabilidad y la incorporación en la planta de empleados permanentes”. Se apunta también a que la Constitución entrerriana considera la consecuente adquisición del derecho (de ser designado) de parte del agente tras la prestación consecutiva de un año de servicio. Ahora bien, en el decreto no aparece información referida a la cantidad de tiempo en que los agentes en cuestión venían trabajando con contratos y tampoco se detalla los criterios aplicados por la gestión para promover a ese grupo. Según la grilla del personal municipal vigente en noviembre pasado, los contratados en el Ejecutivo sumaban 205. En cuanto al ingreso a planta por concurso, el Ejecutivo aclara que la modalidad no fue tenida en cuenta en este caso debido a que “se trata de una relación de servicios con la Municipalidad de Paraná que es anterior y preexistente a la vigencia de las nuevas normas constitucionales”. Sin embargo, en el ámbito municipal hay ordenanzas vigentes desde hace años –como la 4.220- que estipulan los requisitos del ingreso –entre ellos el concurso- (Ver Recuadro). Sin emergencia A fines de 2008, el Gobierno resolvió prorrogar por un año más la emergencia económica del Municipio. El decreto 1.744 dispone la prórroga hasta el 31 de diciembre del corriente de la Emergencia Administrativa, Económica, Financiera y de los Servicios Públicos declarada mediante Ordenanza 8.726 en diciembre de 2007, informó en enero el sitio oficial de noticias. Y añade que la medida se tomó ese año (2007) por “el plazo de un año con el objetivo de ordenar el funcionamiento operativo y financiero de la administración municipal y si bien a partir de allí, la actual gestión municipal priorizó la reorganización y reordenamiento interno del Estado, reduciendo el nivel del gasto, cancelando y regularizando, la cuantiosa deuda existente a proveedores de servicios y trabajadores del Municipio; ‘los objetivos finales de la norma no se hallan cumplido en su totalidad’. De esta forma, se fundamenta el decreto que extiende la medida de emergencia por un año más”, agregaba la noticia. Sin embargo, la situación pareció virar en el primer semestre. Fundamentada en el déficit de las cuentas públicas, la ordenanza de la Emergencia autorizaba al Ejecutivo a reprogramar el pago de deudas con los proveedores, acotaba los subsidios a rubros bien definidos, ponía un tope de $800 a los adicionales, propugnaba reducir gasto en horas extras y viáticos, prohibía designar gente en planta durante la vigencia de la norma (1 año, prorrogable uno más), le da luz verde al Intendente para suprimir o unificar áreas y trasladar personal de una repartición a otra, e impulsa la jubilación voluntaria. Por otro lado, creaba una “planta transitoria” para incorporar personal en blanco pero sin estabilidad. (Fuente: El Diario)