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ranscurridos más meses que los que quedan en el año, se dilatan los tiempos para la concreción de una estación transformadora de energía eléctrica en el Acceso Norte, que impulsa la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa).
El proceso administrativo en el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) está frenado a raíz de una medida cautelar presentada por la ex propietaria del terreno expropiado por el Estado provincial, acompañada por vecinos de la zona, que resisten la construcción en ese sector costero.
La Justicia Federal detuvo el avance del expediente, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, vinculada al pedido de nulidad de la audiencia pública celebrada en el centro cultural La Vieja Usina, durante los días 19 y 20 de marzo.
“Estamos esperando novedades”, atinó a decir el secretario de Energía de la Provincia, Raúl Arroyo. El freno judicial se dispuso el 9 de mayo, y si bien se auguraba una rápida resolución, los tiempos fueron extendiéndose.
Detalles
El reclamo formulado ante la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal, se concretó por “violación de los derechos de acceso a la información pública en tiempo oportuno y por la falta de disponibilidad de manera completa y transparente de la totalidad de los estudios de impacto ambiental para el conocimiento de la ciudadanía”. Es que los denunciantes plantearon que en ocasión de la audiencia pública, faltaron dos anexos del capítulo 6 del expediente del caso, correspondientes al estudio de impacto ambiental, concretamente la parte referida a la contaminación por campos magnéticos.
Al rechazo de los vecinos del Brete se habían sumado productores hortícolas, además de entidades vinculadas al turismo y al desarrollo urbano.
En tanto, Enersa rechaza la invalidez planteada por los vecinos sobre la audiencia pública, al sostener que se cumplieron con todos los trámites y condiciones medioambientales previstas por ley. Y afirma que la no ejecución de la obra pone en serios riesgos la prestación del servicio eléctrico en el futuro.
En caso que la Justicia Federal falle a favor del demandante (la familia propietaria del terreno), el trámite administrativa caducará y deberá iniciarse uno nuevo. Habrá que ver si Enersa estará en condiciones de retomar la obra.
La empresa de energía provincial sostiene que las demoras ponen en peligro el otorgamiento del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de más de 60 millones de dólares.
