E

l hecho ocurrió en 2006 en el Hospital San Roque cuando a una mujer embarazada le transfundieron sangre de un donante con sida, hecho que originó la apertura también de una causa penal en la Justicia. La posibilidad de un acuerdo extrajudicial en la demanda que entabló la mujer que en 2006 se infectó con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) que produce el sida por una errónea transfusión de sangre en el Hospital San Roque podría naufragar ante la negativa del Gobierno de pagar un monto mayor al que jurisprudencialmente se ha pactado hasta ahora en la provincia. En la demanda, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, los abogados de la mujer plantearon el reclamo de una indemnización por una cifra de 7,3 millones de pesos, aunque en mayo último se había barajado la posibilidad de reducir esa cifra a la mitad, a partir de una instancia de mediación ante la Fiscalía de Estado. Pero ese camino ahora se cerró. “No llegamos a un acuerdo porque nuestra respuesta fue que, si bien no estábamos en contra de un acuerdo, decimos que la cifra a pagar se coloque en un nivel de indemnización acorde a la jurisprudencia argentina. Y que ese monto indemnizatorio no puede ser nunca de más de 1 millón de pesos”, dijo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Razones La alternativa de un acuerdo extrajudicial había avanzado bastante, al punto que la Fiscalía de Estado abrió un trámite de autorización ante el Poder Ejecutivo para que, por decreto, autorizara a alcanzar una instancia de mediación con los representantes letrados de la víctima que al momento de contraer el virus cursaba un embarazo de ocho meses, los abogados Miguel Cullen, Gastón Duarte y Miguel Retamoso. A la par de la causa penal, el caso derivó en una demanda civil que incluye un componente de resarcimiento económico, que se tramita en la causa Nº 14.487, caratulada como “Identidad Reservada c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”. El planteo alcanza tres tipos de daños: el daño emergente, que alcanza al costo de la atención médica que requiere la víctima; el lucro cesante, esto es en qué la perjudica laboralmente esa situación y cómo ve reducida sus expectativas laborales; y el tercer elemento, es el daño moral. La expectativa era que, fruto de un acuerdo extrajudicial, el monto de la indemnización pudiese bajar a unos 3,5 millones de pesos. Pero ahora en la Fiscalía de Estado entienden que se trata de una cifra muy elevada, y que ninguna indemnización que pague el Estado puede sobrepasar el millón de pesos. “No nos podemos pasar de esa cifra –afirma Rodríguez Signes—. Si aceptamos ese monto, nos va a traer un efecto sobre las demás causas de mala praxis que tenemos, y que son varias”. Pormenores Así las cosas, es probable que la causa vuelva a su cauce original, esto es el litigio en la Justicia, y en que en ese ámbito se resuelva. “Nosotros podemos proponer un proyecto de acuerdo en la medida que el tope sea de 1 millón de pesos, que es lo que jurisprudencialmente es lo que tenemos. Eso es lo que proponemos, aunque los abogados que representan en la causa no nos han respondido, porque además la actividad judicial se acaba de reiniciar hace una semana”, dijo el fiscal. Claro que en forma paralela a la causa civil, está la causa penal, que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 8, a cargo de Elisa Zilli, caratulada “Zanaschi Carlos s/su denuncia”, donde se intenta establecer cómo fue que se haya transfundido a una paciente hospitalaria sangre con VIH, hecho ocurrido en el mes de octubre de 2006, y en la que están investigados los servicios de Hemoterapia de los hospitales San Roque y San Martín. La mujer, entonces de 28 años, había recibido una transfusión en el Hospital San Roque debido a un cuadro anémico, aunque según se supo luego, bastante tiempo después, la sangre trasfundida había llegado por error desde el Hospital San Martín, y correspondía a un paciente portador de VIH. De la novedad la víctima recién se enteraría en abril de 2007. Aunque una vez que el caso cobró notoriedad pública produjo un cimbronazo en la administración del ex gobernador Jorge Busti, al punto que le costó la cabeza a dos funcionarios de entonces, el secretario de Salud, José María Legascue, y el titular del Programa Provincial de Sida, Eduardo Elías, que luego volvería a la función. En esa causa, sin embargo, están directamente involucrados los profesionales médicos que intervinieron, no así el Estado, que sólo está demandado en la causa civil, en la que se reclama el pago de una indemnización de 7,3 millones de pesos. (Fuente: El Diario)