E

l gobierno provincial que conduce Sergio Urribarri le quitó peso a la posibilidad de un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo Nacional a raíz del aumento de la tarifa del gas. Esa variante había sido creada cuando, en declaraciones radiales, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes sostuvo que se analizaba la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Sus dichos fueron una respuesta al planteo formulado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti y el jefe de la bancada del PJ, José Allende, que a través de un proyecto de resolución pedían la intervención de Fiscalía de Estado para que frene el tarifazo promoviendo “en forma inmediata las medidas cautelares que correspondiesen, tal como lo han hecho en forma exitosa otros fiscales de Estado en distintas provincias, en defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y sus ciudadanos provinciales”. Rodríguez Signes aclaró que Fiscalía de Estado –como órgano que tiene a su cargo el control de legalidad de la actividad administrativa de la provincia- carecía de legitimación para actuar en este caso. “Tenemos la representación judicial del estado provincial, no somos representantes de los consumidores ni de lo usuarios de servicios públicos, ni siquiera del pueblo de la provincia”, dijo y, en consecuencia, entendió que ese rol correspondía a la Defensoría del Pueblo, instituto introducido en la reforma constitucional de 2008 pero aún no reglamentado en la Legislatura. “Esto quiere decir que tenemos un problema de legitimación importante como para promover una acción como la que ha hecho Tucumán o Chubut, donde lo hizo el Fiscal de Estado, pero en forma conjunta con el Defensor del pueblo”, explicó. No obstante, Rodríguez Signes consideró que desde la Fiscalía “podríamos hacer algo, pero en tanto la provincia consumidora (en escuelas, organismos etc.) Ante ello tendríamos que litigar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación” porque “sería la provincia de Entre Ríos contra el Gobierno nacional y la competencia es la Corte. Lo estamos evaluando”. Rectificación Sin embargo, en horas de la tarde y tras difundirse la noticia, el Fiscal varió su posición. No se desmintió, pero relativizó y mucho la posibilidad de una demanda judicial que, naturalmente, acarrearía un importante impacto en la relación política que une Urribarri con los Kirchner. “No es que no dije lo que dije. Pero quizás lo que me faltó decir fue que previamente a plantear una acción, a judicializar este tema creo que hay que informarse claramente sobre el por qué del incremento. Antes quiero hablar con el secretario de Energía de la Nación, antes quiero informarme. No voy a plantear una acción judicial sin agotar instancias administrativas”, aclaró en horas de la tarde. “Nosotros estamos analizando la situación, recibimos la nota enviada por (Jorge) Busti y (José) Allende el lunes, con fecha 31 de julio y nos pusimos a analizar, nos informamos. No lo he contestado oficialmente, pero la posición es que no tenemos legitimación”, indicó. “El Poder Ejecutivo no está evaluando medidas judiciales como primer camino. Lo que hizo fue mandarlo al secretario de Energía de la Provincia a la Secretaría de Energía de la Nación, en una reunión con intendentes donde junto con este tema se iban a tratar las obras de gas pendientes en Uruguay, Gualeguaychú y Concordia”, dijo el abogado. ¿Y el planteo en carácter de usuario? “Nosotros analizamos todas las posibilidades. Pero no tengo elementos como para asegurar que el aumento es inconstitucional, no he llegado a esa conclusión”, contestó el Fiscal. (Fuente: El Diario)