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a idea era leer el dictamen elaborado por el abogado Iván Dri, durante la sesión del Concejo Deliberante de Federación, pero la propuesta quedó trunca por falta de quórum. Minutos antes de su lectura, el bloque oficialista decidió dejar el recinto y, así frustrar las intenciones del presidente del Cuerpo Marcelo Rastrelli y de la oposición, quienes tienen en su poder el informe solicitado al letrado. Dri fue contratado por el Concejo Deliberante para que determine y analice las denuncias que pesan sobre el intendente Manuel Abreu, a quien se lo acusa de los delitos de: 1) Incumplimiento y omisión a los prescrito por la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 2) Incumplimiento a la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad y su protocolo facultativo Ley n° 26.378; 3); Incumplimiento a los prescripto por la Constitución Nacional, 4) Incumplimiento a los prescripto por la Ley Nacional n° 22.431 y Ley Provincial n° 9891; 5) Supuesta comisión del delito penal de abandono de persona, agravado por el carácter de víctima; 6) Incumplimiento a los deberes de funcionario público; 7) Supuesta comisión del delito penal de Malversación de Fondos Públicos y 8) Supuesta comisión del delito penal de carácter Federal de discriminación de la persona discapacitada. Conocida la batería de delitos que se le endilgan al jefe comunal, la oposición y dos concejales del justicialismo, decidieron contratar a un abogado para que los aconseje respecto a los pasos a seguir. Sesión custodiada Tal como se había anunciado, el dictamen del letrado iba a ser leído en la sesión del miércoles y se iba a poner a consideración de los concejales “seguir avanzando”, a través de una comisión, en una investigación “minuciosa” y administrativa, independiente de la que está haciendo la Justicia, sobre los hechos que se le endilgan al jefe comunal. Pero nada de eso sucedió. No sólo los concejales, promotores del informe, no pudieron ingresar el escrito, sino que debieron salir custodiados por la policía, a raíz de los insultos que recibieron de un grupo de seguidores de la gestión de Abreu, según se informó, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rastelli. Así la cosa, las sugerencias del abogado podrían ser remitidas directamente a la comisión para su evaluación. Según se pudo saber, en el dictamen, Dri sugiere a los concejales que sigan investigando administrativamente y, una vez que se tengan las pruebas necesarias se proceda de acuerdo a lo que establece el Derecho Penal. “Por lo expuesto, se concluye que no se puede rehusar (el Concejo Deliberante) investigar los hechos denunciados, ponerlos en conocimiento de la Justicia Penal, en caso de advertir la presunta configuración de ilícitos penales, y adoptar la decisiones jurídico- políticas que el caso exija. Esto es así, y no puede serlo de otro modo, dado que recuerdo que la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia y la responsabilidad de los gobernantes, son notas que definen la forma republicana de gobierno, la cual viene impuesta por nuestra Constitución Nacional”. Pese a ello, el letrado al analizar una a una las denuncias que recayeron sobre Abreu, consideró que se advierten una serie de irregularidades en las que habría incurrido el presidente Municipal, entre ellas, la violación del artículo 113, inc. 13 de la Ley 3001, que establece no transar pleitos pendientes, sin previa autorización del Concejo. Para Dri, no sólo se advierte incumplimiento sobre ese artículo sino también sobre el 124 de la misma legislación respecto a que se estarían efectuando gastos sin autorización. “(El) hecho apuntado, resultad sobradamente grave, dado que el Presidente Municipal habría transado y dispuesto de dineros municipales, al margen de las claras y categóricas prohibiciones de la Ley Orgánica de Municipios. No quita gravedad a la falta cometida, la homologación judicial del convenio (de las viviendas para los niños discapacitados), la cual no suple el deber legal rehusado, ya que si bien la homologación otorga al convenio carácter de sentencia en autoridad de cosa juzgada, y por ende plenamente ejecutable, no funciona como excusa absolutoria, ni causal alguna de justificación a la violación de los deberes a cargo del Presidente Municipal”, expuso en su escrito. Analizado el hecho, para Dri a “prima facie, se reúnen los elementos típicos del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, lo que obliga a éste HCD, dar inmediata comunicación a la Justicia Penal para que investigue dicho irregular accionar”. Respecto a los delitos Respecto al delito de abandono de persona, el asesor del Concejo consideró que si bien hay que “aguardar que se expida la Justicia penal”, a su entender no hubo tal hecho. En cuanto al delito de violación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad y su protocolo facultativo; Constitución Nacional, Ley Nacional n° 22.431 y Ley Provincial n° 9891, como también la supuesta comisión del delito de discriminación, Dri opinó que “el accionar del DEM y en especial del Presidente Municipal, no se compadece con la actitud propia de un buen administrador de la cosa pública, quién por definición debe poner la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que no se avizora en el sub-case”. Asimismo, consideró que hubo un “desprolijo proceder por parte de los funcionarios del DEM, que motivó la aplicación de astreintes a la Municipalidad de Federación, los que por definición se aplican a los deudores morosos recalcitrantes, cuya mora solo es posible remover mediante la aplicación de tales sanciones conminatorias”. “Especial gravedad reviste la acusación por supuesta malversación de fondos públicos, previsto por los art. 260 ss y concs del Código Penal. En cuanto a éste punto, y conjuntamente con la investigación que lleve adelante el órgano natural judicial, éste HCD, debe desarrollar una profunda indagación, a fin de determinar si ha existido violación a los deberes a cargo de los funcionarios del DEM, en especial por parte del Presidente Municipal, en el manejo de los fondos públicos, a fin de que en su oportunidad se adopten las medidas que correspondan, para lo cual la investigación penal, otorgará elementos de juicio importantes, los que se deberán tener en cuenta”, consideró. A modo de conclusión de su informe, el letrado le sugirió a los Concejales “llevar adelante una etapa instructoria, en la cual se profundice, incluso se amplíe la investigación. En cuanto a las medidas que deberá adoptar éste HCD, destaco que sin bien existen elementos de convicción suficiente como para considerar que se han consumado graves violaciones de los deberes a cargo del DEM, y en especial a cargo del Sr. Presidente Municipal, no obstante, no es ésta la oportunidad procesal como para tomar una decisión final, sobre el fondo de la cuestión, sino que por el contrario se debe intensificar la investigación”, acotó. “Por todo lo expuesto, sugiero que se profundice la investigación procurando el esclarecimiento de la verdad, e incluso se amplíe la misma a efectos de determinar otras posibles irregularidades que sean del conocimiento de éste HCD, a fin de lograr un conocimiento cierto e integral, de la actividad de los miembros del DEM en el ejercicio de sus funciones, y en su oportunidad ordenar lo que por justicia corresponda”, concluyó Dri. (Fuente: El Diario).-