E

l proyecto de construir un barrio privado en terrenos del ex balneario Los Arenales toma ímpetu otra vez, tras épocas de encendidas polémicas y largo tiempo de quietud. Y la noticia surgió a partir de la decisión de la comisión asesora de Código Urbano de aprobar un cambio, pedido por el titular del emprendimiento, al permiso municipal otorgado en 2000, durante la gestión del intendente Sergio Varisco. Así lo informó ayer el coordinador de dicha comisión, el subsecretario de Planeamiento Eduardo Loréfice, quien explicó que se trata de una modificación de índole legal que en nada altera la naturaleza del proyecto -de “barrio cerrado”-, pero que facilita su concreción. Concretamente, informó que el emprendimiento había sido aprobado por la Comuna en la categoría de Propiedad Horizontal (PH), pues el Código Urbano vigente hace nueve años no contemplaba el formato de barrio privado. Ahora bien, a partir de la aprobación, en 2005, de un nuevo Código Urbano, la clasificación (de barrio privado) quedó incluida en el texto reformado, por lo que –explicó- lo que se hizo ahora fue aprobar el pase de PH a country, detalló el funcionario. La modificación, según Lórefice, “facilita poder continuar con el emprendimiento porque permite individualizar los lotes”, lo que aceita el acceso al crédito hipotecario. Respecto de la concreción del proyecto denominado Amarras del Sol, el funcionario dijo que “hace entre nueve y ocho años que está prácticamente paralizado”. Así las cosas, añadió que la idea que primó, al momento de aprobar las modificaciones, fue la siguiente: “Nos pareció correcto si a través de un cambio de formato, podíamos generar un mejor ámbito para el desarrollo del emprendimiento”. Ahora bien, cabe recordar que el emprendimiento está en medio de un litigio, cuestión que aún la Justicia no ha resuelto. Al respecto, Loréfice indicó que el estado judicial del asunto no fue tema que le competa tratar a la comisión. -¿La Comuna ve con buenos ojos el hecho de que se avance la construcción de ese barrio?, preguntó EL DIARIO a Loréfice. -La idea de la gestión siempre ha sido facilitar emprendimientos y desarrollos que generen (movimiento económico) en la ciudad. Desde el punto de vista de la construcción y desarrollo urbano, la ciudad la construyen mayormente los privados. De tal modo, (no tiene sentido) tener bloqueado un emprendimiento por algo tan menor, como un formato de barrio. (Con la medida) solamente se facilita la subdivisión del terreno. Es bastante obvio que hay que favorecer a un emprendimiento que puede generar mano de obra y desarrollo. Cualquiera que lo vaya (al lugar), observará que la situación se ha modificado muchísimo, se han frenado asentamientos irregulares (…). Se trata de un desarrollo náutico y turístico para la ciudad. Riesgos La abogada María Ema Bargagna, integrante de vecinos autoconvocados y letrada en una acción judicial, reafirmó que los terrenos del ex balneario municipal Los Arenales se tratan de un bien de dominio público provincial. Por lo tanto, consideró que la empresa privada “está ocupando” esa propiedad. Pero más allá de ese aspecto, planteó con preocupación el hecho de que los trabajos de nivelación del predio, se han ocupado máquinas de gran porte arriba de la “traza del túnel” subfluvial. “Se trata también de un inmueble de dominio provincial, donde las máquinas han hecho trabajo de adecuación del terreno para hacer, al parecer, construcciones”, puntualizó. Los trabajos –aseveró- se han realizado “en una zona de restricción absoluta. Se trata del sector que corresponde desde el eje del túnel a 50 metros”, dijo y mencionó que la prohibición está contenida en la resolución 08 de 2003, emitida por el Consejo Interministerial que administra el ente interprovincial del viaducto. Nueve años de controversia La polémica que se generó apenas iniciada esta década –y que sigue en la Justicia hasta ahora- se basa en la propiedad de las tierras. Todo comenzó cuando en 1997 el empresario local, Sergio Lifschitz –impulsor del proyecto- adquirió un predio propiedad de la Comuna en una subasta del Banco Municipal en liquidación. Se trataba de un terreno colindante al sector de playa que en 1965 había sido registrado como un bien municipal, y por el que el comprador habría abonado unos 200.000 pesos. Con esa propiedad en mano, un año después el empresario registra, sin mediar proceso de compra, también como suyos unos 28.000 metros, lugar ubicado en lo que fuera el balneario. Lo hace basándose en que se trata de una formación aluvional, es decir un sector “ganado al río”. Y explicaba por entonces: “Así como uno pierde terreno si el río se lleva una parte, aquí se dio al revés”. A mediados de 2000, el primero que cuestionó fuertemente el emprendimiento desde el ámbito del Concejo Deliberante fue el por entonces edil oficialista Guillermo Mondejar. Advertía que violaba el Código Urbano y que la mitad del futuro loteo se asentaba sobre terrenos del Estado. Con esos argumentos, se presentó ante el Cuerpo como un particular, pidiendo que sus pares hagan nulo el decreto del intendente Sergio Varisco que otorgaba el permiso de uso y daba luz verde a la iniciativa privada. Luego tomó intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativa (FIA), que emitió dos dictámenes, uno en julio de 2001 y el otro en 2002, y que concluyó que el predio donde funcionaba el balneario Los Arenales pertenece al Estado provincial. Llegó a esa resolución tras pormenorizadas pericias sobre la línea de ribera, límite fijado para determinar hasta dónde pertenecen los terrenos al Estado, y sobre la base de lo que fija la ley al respecto. Así, el organismo dio por concluido el caso, solicitando al Gobierno de la provincia que promueva “acciones judiciales conducentes a concretar en forma plena y eficaz la defensa del patrimonio público de la provincia comprometido”. Remitió copia del dictamen a la Gobernación de la provincia, a la Fiscalía de Estado, a la Legislatura y a la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial. También, notificó al intendente Sergio Varisco y al Concejo Deliberante, en vista de que había sido extendido un permiso municipal de uso para construir un complejo habitacional en un espacio público. Así las cosas, en esos años, para Oscar Rovira, titular de la FIA, la resolución (de que los terrenos son del Estado) era tan clara e irrefutable que esperaba que el lugar quedara liberado al tránsito del público. En septiembre de 2002, la Fiscalía de Estado inició ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de reivindicación (recupero de los bienes) y nulidad de escritura pública. Pero el 27 de mayo de 2003, el tribunal se declaró incompetente por considerar que “no se da ninguno de los supuestos para que sea de competencia originaria de la Corte de Justicia”. (Fuente: El Diario)