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etida de lleno en la pelea que ya lleva un año y medio con el campo, Cristina Kirchner cree que sólo el Poder Ejecutivo puede fijar las retenciones. Ya dio la orden de que el oficialismo en el Congreso apruebe tal como está el proyecto de prórroga de las facultades delegadas que se trataría mañana en la Cámara de Diputados y provocó con ello una dura batalla, ante la embestida opositora para aprovechar el momento y forzar un rebaja en las retenciones. No sólo no hay posibilidad alguna en el corto plazo de que el matrimonio Kirchner acepte conceder una alícuota más baja para los granos, tal como anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, después de la reunión con la Comisión de Enlace. La Presidenta envió mensajes hacia Buenos Aires desde esta ciudad: necesita el plazo de un año para que se revisen las facultades que actualmente están en manos de su gobierno y que vencen el 24 de este mes, entre las que figura la potestad de aplicar el Código Aduanero, que legisla sobre los derechos de exportación. Mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados hace malabares para conseguir que las facultades delegadas no caigan estrepitosamente, la Presidenta resiste. En la visión del Gobierno, si se abre la puerta a los reclamos del grupo de legisladores que estarían dispuesto a apoyar que sea el Poder Ejecutivo el que fije las retenciones siempre y cuando en un plazo no superior a los seis meses se revise el paquete de leyes delegadas, tampoco convence en los más altos funcionarios oficiales. Es un tiempo que la Casa Rosada, según se escuchó en la comitiva en esta ciudad, no está dispuesta a aceptar. Por eso la posición que asuman los 15 diputados enrolados en el bloque Solidaridad e Igualdad (SI); Proyecto Sur, de Claudio Lozano, y Encuentro Popular, de los diputados Ariel Basteiro y Vilma Ibarra, será indispensable para que el Gobierno consiga la media sanción del proyecto. No será tarea sencilla, porque desde este sector progresista ponen condiciones (ver aparte). Razones fiscales La Casa Rosada mantiene intacta su decisión, ya expresada por el jefe de Gabinete en Buenos Aires, de no tocar las alícuotas para evitar un desbarajuste fiscal. Cuando en lo más alto del poder se habla del campo, otra de las frases habituales es el impacto que tendría en el mercado interno una baja sustancial de las retenciones al trigo y al maíz. La Presidenta, de hecho, congeló antes de la reunión con los representantes de las entidades rurales un proyecto que le llevó el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, para dejar la alícuota para ambos granos en 10 puntos. "Los productores de soja tienen mucha rentabilidad", concluyen las fuentes oficiales, y establecen como contrapartida la situación del sector lechero, que sufre, en la visión de la Casa Rosada, un proceso inverso al de los productores sojeros por la recomposición del precio internacional y la baja de insumos. Por eso, la Presidenta aceptó acordar un convenio con los tamberos para que se les paguen 20 centavos más por litro de leche a través de subsidios. Sólo hasta ahí acepta el Gobierno hacer concesiones. Para la Presidenta, que el Congreso intervenga en la aplicación del Código Aduanero es impensable. Desde aquí mantuvo contactos telefónicos permanentes con Buenos Aires para seguir a la distancia el recuento de votos que cosechará el Gobierno en la sesión de mañana. El ajustado margen que tiene la Casa Rosada para con legisladores propios y aliados circunstanciales provoca incertidumbre en los funcionarios más importantes. En una suerte de sentimiento de discriminación, Cristina Kirchner repite en la intimidad, según escucharon ministros que hablan con ella, que su proyecto para que en un plazo de un año se revisen las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo es el menos pretencioso de los presentados por los últimos gobiernos argentinos. "A [Carlos] Menem le dieron cinco años; a [Fernando] De la Rúa, tres; a [Néstor] Kirchner, dos. Yo pido uno y no lo aceptan", se quejó la Presidenta en las últimas horas, según contaron fuentes de la comitiva oficial. Dejó claro, además, que había dado la orden a su jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), para que cualquier negociación con los sectores más cercanos al Gobierno se haga dentro de esos parámetros. Los márgenes de acción para el jefe del bloque son limitados. Varios diputados del oficialismo recuerdan en estos días el enojo del matrimonio Kirchner con Rossi, cuando negoció y aceptó cambios en la 125 y terminó finalmente perdiendo los votos de los sectores que pedían algunas reformas, como Claudio Lozano. "Nosotros cedemos y tampoco lo votan", repiten habitualmente en la quinta de Olivos. Cristina Kirchner carga las culpas en el propio Congreso. "Le dimos ya alrededor de 10 millones de pesos para que elaboraran el digesto y nunca se hizo. Eso lo tenían que hacer los legisladores y ahora lo quieren sacar", se quejó un integrante de la comitiva en esta ciudad. (Fuente: La Nación)