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e la redacción de INFORME DIGITAL La resolución de la Cámara de Diputados provincial que insta a los legisladores nacionales entrerrianos a retomar el ejercicio de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no dara lugar a modificaciones en cuanto a las posturas que los diputados y senadores entrerrianos vienen sosteniendo en el Congreso. De todos modos, hay que tener en cuenta que el proyecto aprobado incluye otros artículos que sí podrían tener efecto en al ámbito provincial como son la reglamentación de la Ley Nº 9.816 que grava con una tasa diferencial a los pooles de siembra y grandes productores extranjeros. Sin embargo, el tema que ha ocupado el centro de la escena política en torno a los superpoderes que actualmente ostenta la Presidenta es la legislación de los derechos de importación y exportación; es decir que tiene incidencia directa sobre la fijación de las retenciones. Es conocida la postura de los legisladores radicales, del socialismo y quedaron más claras las cosas en el justicialismo tras la ruptura de los diputados bustistas con el kirchnerismo y su presencia en la sesión especial de la Cámara Baja entrerriana que instó a los legisladores a derogar los superpoderes y legislar en materia de retenciones. INFORME DIGITAL consultó a los diputados nacionales alineados nacionalmente con el kirchnerismo (a diferencia de los bustistas que oficializaron la ruptura y conformaron el bloque Peronismo Federal). Para contextualizar el tema en debate, Raúl Solanas consideró necesario "retrotraerse a 1994. Cuando se realizó la convención constituyente los convencionales tomaron en cuenta que había 1.901 leyes que otorgaban delegaciones legislativas anteriores a la reforma. En ese momento se fijó un plazo de cinco años para estudiar cada una de estas leyes, cuáles debían mantener vigencia y cuales debían ser derogadas. Esta tarea el Congreso no la cumplió y desde el año 1999 se establecieron sucesivas prórrogas en los años 2002, 2004 y en 2006, que se aprobó la Ley 26.135 actualmente en vigencia y que permite el marco legal para que el poder ejecutivo pueda actuar por ejemplo llevando adelante las disposiciones del código aduanero". El diputado señaló que tanto çel como Calza y el conjunto de los diputados kirchneristas "pretendemos un nuevo plazo (que puede ser de seis, nueve meses o un año) donde en base una propuesta que hubo del propio radicalismo en 2006, el Congreso conforme una comisión para que establezca claramente qué hacer con ese digesto de leyes nacionales". "Todos los bloques votaron la prórroga durante años" Asimismo, Solanas planteó dificultades técnicas para que el congreso legisle sobre las disposiciones arancelarias del código aduanero pero también hizo referencia a cuestiones de política económica: "Si el Congreso asumiera totalmente las facultades que establece código aduanero el poder legislativo debería administrar todo lo que hace al comercio internacional. Hay numerosas disposiciones arancelarias, y eso significa exportar arroz con cáscara, sin cáscara, automóviles, aceite, caños de acero con costura, sin costura. Es una tarea propia del poder ejecutivo del área de comercio exterior, de la Afip, de la Aduana, que la llevan adelante los poderes ejecutivos de todo el mundo". "Son herramientas de política económicas que tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Brasil o Chile las lleva adelante el ejecutivo. Todos los bloques votaron esta prórroga en los años 1999, 2002, 2004 y 2006. Hay que ver quienes votaron de todos lo bloques, incluso diputados entrerrianos y no había ninguna cuestión traumática. Acá hay que fortalecer la gobernabilidad y esos significa que cada poder del Estado cumpla el rol que le corresponde y que ninguno entorpezca la actividad del otro", concluyó Calza: "Las retenciones las debe seguir manejando el ejecutivo Por su parte, el diputado nacional del Frente Justicialista para la Victoria, Nelio Calza, afirmó que las cámaras de Diputados provincial y nacional “Son dos poderes totalmente distintos. Me parece correcto que la Cámara de Diputados de la provincia pueda debatir el tema, pueda expresarse pero de ninguna manera puede emitir una resolución que implique una obediencia debida de parte nuestra a esa resolución porque sino estaríamos trastocando los poderes de la república. Yo voy a proceder con total libertad para expresar mis opiniones”. El diputado señaló que los derechos aduaneros “deben ser una herramienta de política económica por lo tanto le cabe al Poder Ejecutivo manejar este aspecto y en este sentido el nivel de retenciones deba seguir en este marco. Si todo lo maneja el congreso no podríamos estar hablando de tener políticas económicas”. Calza rechazó que los superpoderes entren en contradicción con el artículo 75 de la Constitución (que establece que es el Congreso quien debe regular en materia aduanera) porque “no quita que el congreso pueda debatirlo y analizarlo pero la herramienta como tal debe estar dentro de la política económica y en ese sentido yo creo que tiene que estar como se viene manejando desde hace mucho tiempo en el ejecutivo”. “Todo el mundo está muy metido con el tema retenciones, en particular las retenciones a la soja y en esto ya fui claro cuando voté a la 125, que para el pequeño productor entrerriano era positiva y en este marco está claro que el nivel de retenciones de la soja tiene que quedar en un porcentaje elevado porque sino el país va a una sojización tremenda”, concluyó.