Jueves 13 de agosto de 2009
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Paraná
Enersa se salvó del remate de tres inmuebles
En 2006 la distribuidora dejó de pagar a los pasivos un adicional equivalente a un consumo bimestral de 400 kw. El juez laboral Santiago Morande había ordenado el remate de tres propiedades, ubicadas en Racedo al 500 y en Villaguay al 400.
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Enersá pagó la deduda y salvó del remate su propiedad de calle Racedo.

E

l titular del Juzgado Laboral Nº 4, de Paraná, Santiago Morande, ordenó la subasta de tres propiedades de la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) en el marco de una demanda que habían iniciado en 2006 un grupo de jubilados de la ex Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER) al habérsele dejado de pagar el beneficio del consumo de luz, que por convenio perciben los trabajadores de la electricidad. La decisión de no pagarles ese suplemento había sido tomada, en realidad, por los operadores privados, cuando el servicio se transfirió, aunque la sentencia recayó cuando la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa) se había esfumado, luego de que el Estado rescindiera el contrato de concesión y asumiera la prestación del servicio. Se trata de dos causas paralelas, pero que tuvieron idéntica resolución judicial: “Aldaz, Jorge G. y Otros Nueve C/Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa) S/Ejecución de Sentencia y Honorarios”, y “Rodríguez Robustiano Gumersindo y Otros C/Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa) Ejecución de Sentencia y Honorarios”. Las propiedades enviadas a remate están ubicadas en boulevard Racedo 548 y boulevard Racedo 520; otra, ubicada en Villaguay 436. Las dos primeras, con una base, respectivamente, de 68.351,98 y 108.862,58 pesos, y la tercera, por 61.062 pesos. Pero la intervención de la Fiscalía de Estado, que acordó pagar la deuda pretendida por los jubilados, evitará que la subasta, prevista para los días 19 y 20 del actual, se pueda concretar. “Pero no estamos asumiendo deudas de Edeersa. Son bienes que los acreedores laborales pretenden ejecutar, y la intención del Estado es defender aquellos bienes que se consideran esenciales para la prestación del servicio”, explicaron los abogados Mario Abrigo y Pablo Franco, asesores legales de Enersa. Ventas, reventas El pleito judicial está atado a la enredada historia de la prestación del servicio eléctrico en la provincia. En mayo de 2005, y luego de un frustrado ensayo de estatización que llevó a cabo el ex gobernador radical Sergio Montiel, el justicialista Jorge Busti devolvió a manos del Estado entrerriano la prestación del servicio de electricidad, hasta ese momento en manos de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa). El servicio había sido privatizado en mayo de 1996, cuando el grupo Inverder SA se hizo cargo de la empresa, controlada por la norteamericana CMS. En el crítico año 2001, Inverder SA transfirió el paquete accionario a PSEG Américas, y ese mismo año distribuidora firmó un contrato de préstamo con bancos extranjeros por un total de 80 millones de dólares que sería su certificado de defunción. En 2003 se produce una nueva transferencia: PSEG Américas transfiere el paquete accionario a un fideicomiso, cuyos beneficiarios serían, al cabo de cinco años, los trabajadores de Edeersa, y designa como fiduciario a un abogado domiciliado en la ciudad de Buenos Aires. Esa última transferencia mereció el reproche del Gobierno, que lo consideró como un “abandono” del servicio, y violatorio del contrato de concesión. El paso siguiente, fue la rescisión del contrato, y la reestatización del servicio, en manos de Energía Entre Ríos SA (Enersa), aunque los bienes y propiedades afectados del servicio, que el decreto de rescisión de la concesión puso en manos del Estado, tardó un buen tiempo en poder ser transferidos. Pero aún con esa estatización, hay causas que se generaron durante la existencia de Edeersa que todavía continúan dirimiéndose en los tribunales. Una de esas es la que iniciaron al menos 200 jubilados que hasta la transferencia al sector privado del servicio eléctrico cobraban un plus salarial equivalente a un consumo de 200 kw mensuales de luz, al igual que los activos. Cambio de manos Según explicó Sergio Menéndez, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, cuando el servicio se privatizó, Enersa dejó de abonar ese plus salarial a los jubilados, razón por la cual un grupo de pasivos inició una demanda en la Justicia. Los pasivos que percibían sus salarios de la Caja de Jubilaciones, cobraban un adicional, equivalente a 200 kw mensuales, en las oficinas centrales de la vieja EPEER, que se los pagaba por tesorería. “Cuando asume Edeersa, deja de pagar ese beneficio que cobraban alrededor de 300 jubilados. También los activos dejamos de cobrarlo, pero hubo una pelea, y conseguimos que nos pagaran 40 pesos no remunerativos a cambio de aquel beneficio”, recordó Menéndez. Pero los jubilados no recibieron nada, e iniciaron juicios, que ahora están teniendo sentencia favorable. Los sucesivos cambios accionarios en la distribuidora, y los consecuentes cambios de nombres, derivaron en un intríngulis legal y la desaparición de ese beneficio. “Cuando se crea Enersa, a ese beneficio dejaron de pagarlo, no lo pagaron más, y ahora estamos en una etapa de negociación. Y como estamos negociando, desde el Sindicato de Luz y Fuerza no alentamos los juicios, que sí hicieron algunos jubilados”, dijo Menéndez. —¿Los activos tampoco lo cobran ahora? —Sí, a partir del nuevo convenio, sí estamos cobrando, aunque ahora son 500 kw por bimestre. Cómo se frenó el embargo Enersa todavía no ha logrado saldar todos los pasivos que dejaron los operadores privados en 2005, cuando el contrato de concesión fue rescindido y el Estado asumió a su cargo el servicio eléctrico en la provincia. Hay todavía juicios laborales pendientes de resolución en la Justicia, y está el incierto vacío que dejó una deuda de 80 millones de dólares que contrajo la distribuidora privada con un grupo de bancos de Estados Unidos. De acuerdo a lo que contaron los abogados Mario Abrigo y Pablo Franco, Enersa, sucesora de Edeersa, no ha conseguido cerrar todavía el círculo de compromisos que dejaron los privados. De igual modo, contaron, han buscado en todo momento evitar que algún juicio ponga en riesgo la prestación del servicio, y cuando es necesario, el Estado sale en salvataje, y paga deudas impagas. Los letrados contaron la historia así. “Cuando se dispuso la caducidad de la concesión a Edeersa, se declaró que los bienes afectados al servicio son esenciales para la prestación del servicio, y se ordenó su transferencia a favor de la provincia, con el cargo de indemnizar a la empresa por todos los daños”, dijeron. Así, se llega a un proceso de evaluación respecto de cuánto es la indemnización que debe hacerse a los privados y cuál es el costo que debe percibir el Estado por los daños producidos. Esa tarea, claro, no concluyó aún, porque Edeersa no tiene una entidad real. Es una empresa en proceso de liquidación, pero todavía no liquidada. “Al disponerse la transferencia de los bienes, había que registrarlos a nombre de la provincia. Pero ese trámite no se pudo concretar cuando los bienes muebles o inmuebles estaban embargados. Mientras se produce el proceso, evaluación de daños y cálculos de indemnización, un grupo de abogados traban embargos sobre vehículos e inmuebles. Así, cuando el Gobierno quiere hacer transferencia de esos bienes, nos encontramos con que estaban embargados por juicios laborales iniciados en la época de Edeesa, por deudas de Edeersa”, dijeron. —¿Ese proceso de transferencia ya concluyó? ¿Están todos los bienes transferidos actualmente? —La mayoría. En bienes inmuebles restan muy poquitos. De la flota automotor, no. Hay automotores que quedaron embargados, y que no pudieron se transferidos, y es lo que se está ahora “limpiando”. En el caso de los inmuebles que fueron enviados a remate por el juez Morande, ya están transferidos a nombre de Enersa, pero tenían embargos, y se transfirió con el embargo. Ese embargo es un daño que dejó Edeersa cuando se fue. Entre los gastos que afrontó la provincia, está la tarea de “limpiar” esos bienes, y levantar las medidas cautelares. —¿Se están pagando deudas? —No estamos asumiendo deudas de Edeersa. Son bienes que los acreedores laborales pretenden ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En algunos casos, como en automotores, se los dejó rematar, porque era más barato reponer la unidad. En otros casos, se evaluó la conveniencia económica de comprar en el remate ese bien, porque salía más barato comprarlo en juicio, que reponer un bien inmueble. —¿Cómo hicieron? —La provincia, a través de Fiscalía de Estado, sale a plantear lo que se denomina como una tercería de mejor derecho, litigando contra el acreedor de Edeersa, con la idea de poner en discusión quién tenía el mejor derecho, si la provincia o los acreedores. Eso se dirime en tercería, pero finalmente ganan los acreedores. Eso determina que los bienes vayan a subasta. En este caso, dos inmuebles. De esos dos inmuebles, en uno se presentó Enersa, como perjudicado interesado, paga la deuda, y pide que se deje sin efecto la subasta. Es la causa de Robustiano Rodríguez. En la otra causa, la de Jorge Aldaz, se presenta Fiscalía de Estado, deposita el dinero de la deuda, y pide que se deje sin efecto la subasta. —Pero los edictos se publicaron. —Estas subastas habían sido ordenadas con anterioridad al receso dispuesto por la Gripe A. Durante el receso, se hizo la gestión, se depositó el pago de la deuda, pero el Juzgado igual publicó los edictos de remate de las propiedades. Pero esos edictos no tendrían que haberse emitido, porque ya se había pagado la deuda. (Fuente: El Diario)
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