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maldone viene a ocupar la silla vacante que dejó en el STJ Juan Carlos Ardoy, que a fines de junio último se acogió al beneficio jubilatorio. Se trata, por lo demás, de la confirmación de un hombre que venía sonando fuerte como candidato a ocupar una de las nueve vocalías del Superior Tribunal.
La novedad se conoció al término del acuerdo del martes último, día en el que el STJ habitualmente se reúne en plenario, y tras más de un mes de vacancia del sitio que dejó Ardoy. La confirmación de la novedad la dio el vocal Bernardo Salduna.
Ardoy se jubiló el 30 de junio, después de una larga vida dedicada a la labor judicial, y tras recalar en el máximo tribunal el 30 de mayo de 2000, convocado por el ex gobernador radical Sergio Montiel.
Le tocó presidir el STJ en medio de la mayor crisis económica y social de los últimos tiempos, y cuando el Poder Judicial fue asfixiado por demandas y recursos de amparo contra el propio Estado. “El día que yo juré como vocal, el 30 de mayo de 2000, nos llaman para un acuerdo. Había que elegir vicepresidente. Y me propusieron a mí. Fui vicepresidente, y en el período siguiente, fui presidente, en plena crisis”, recordó hace dos meses, en una entrevista con EL DIARIO.
A Ardoy lo suplanta Smaldone, pero sólo con carácter interino, hasta el momento justo en que el Poder Ejecutivo ingrese el pliego respectivo con el candidato elegido para que el Senado le preste acuerdo.
Los nombres para ocupar ese sitial de modo permanente, sin embargo, son varios. En Tribunales, desde el vamos se impulsó el de Smaldone, que es el candidato firme de los integrantes del máximo tribunal, pero desde el poder político suenan otros dos nombres, con bastante insistencia, según confió una fuente calificada: uno es José Candelario Pérez, y otro es Rubén Efraín Cabrera, este último apoderado legal del Partido Justicialista de Entre Ríos.
Pujas en el Senado
Claro que el nombramiento de Smaldone en el cargo que dejó Ardoy choca con una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado y que apunta a limitar las facultades del STJ para designar magistrados en forma interina.
Se trata de un proyecto impulsado por el senador Aldo Ballestena (PJ-La Paz) que persigue “regular la cobertura transitoria de los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, que resultaren vacantes por renuncia, suspensión, licencia extraordinaria mayor a 30 días, subrogancia en otro Juzgado o Tribunal o cualquier otro impedimento, hasta tanto se reincorpore el titular o sea elegido el magistrado definitivo conforme el mecanismo establecido en la Constitución Provincial”.
Para eso, la norma establece que el Consejo de la Magistratura “remitirá al Poder Ejecutivo Provincial listados de candidatos a cubrir transitoriamente los cargos según su competencia territorial, material e instancia”, y allí se incluirán los “ternados en un concurso para magistrado titular”, y los candidatos “que hayan obtenido una calificación superior a 30 puntos en la oposición y veinte 20 en los antecedentes”.
Así, ya no será como es actualmente el sistema, que el STJ los designa directamente, sino que esos listados irán luego al Poder Ejecutivo, y de allí al Senado, para el acuerdo constitucional. Esos listados, luego serán elevados al Superior Tribunal, para que de allí salgan los candidatos a cubrir cargos transitorios.
En el STJ, claro, la idea no convence demasiado. Esta semana, el titular del máximo cuerpo, Daniel Carubia, dijo que un mecanismo como el que impulsa el Senado traería aparejada más morosidad. Y opinó que es “una facultad muy interesante” la posibilidad de que el Superior designe jueces provisorios.
La atribución fue establecida por la Constitución de 1933 y en el nuevo texto constitucional quedó fijada en el artículo 202 que reza: “Toda vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del termino de treinta días de producida. En caso contrario, el Superior Tribunal proveerá a la designación en carácter provisorio”.
La designación de jueces y funcionarios judiciales está a cargo del Consejo de la Magistratura, que por ahora funciona con el esquema creado por el decreto 39/2003, pero que tiene desde la reforma rango constitucional. (Fuente: El Diario)
