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l Estado nacional deberá pagar al armero Honorio Salzmann más de 160.000 pesos, a partir de una demanda por daños y perjuicios que inició por la detención ilícita, realizada el 14 de agosto de 2002 y la sustanciación de la causa que lo mantuvo arrestado más de un año. El 30 de junio de 2009 la Justicia federal de Paraná dictó sentencia en la causa Salzmann, Honorio Pedro contra el Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios, según el Expediente N° 443 B F° 324 y en la misma se condena al Estado nacional a pagar a Salzmann la suma de 160.000 pesos (por daño psicológico 55.000 y por daño moral 105.000 pesos) más los intereses generados a partir del 23 de noviembre de 2003. El juez que dictó la sentencia es René Sadi Bonfils como juez federal ad hoc, en tanto el juez que mantuvo la detención ilegal de Salzmann fue el juez federal Aníbal Ríos. El juicio se basó en la detención ilegal que sufriera Salzmann con posterioridad al allanamiento que se efectuó, en su caso por ser acusado por el supuesto delito de tenencia y acopio de armas de uso civil y de guerra. La detención fue en agosto de 2002 y se prolongó hasta setiembre de 2003; es decir un año, un mes y ocho días. El Tribunal Oral Federal que lo juzgó el 22 de setiembre de 2003 luego de analizar la instrucción de la causa sostuvo “que la detención y la causa sustanciada en contra de Salzmann se debió a designios inconfesables sobre los cuales sólo cabe conjeturar” (textual de la sentencia del Tribunal Oral Federal). La detención ilícita y la sustanciación de la causa que lo mantuvo privado de libertad más de un año y un mes motivó que Salzmann, patrocinado por los abogados Martín Navarro, Luis Garay y Jorge Vuoto, iniciaran la demanda por daños y perjuicios que motivó la sentencia condenatoria por 160.000 pesos. Luego de seis años Navarro y Garay fueron los letrados que asistieron también a Salzmann como defensores penales en la causa que lo mantuvo privado de libertad ilícitamente. Surge de las noticias de archivo que la detención de Salzmann se produjo en un momento sumamente convulsionado con graves problemas sociales que aquejaban a lo largo del país y de lo cual Entre Ríos no quedó exenta. En esas instancias se llegó a señalar que Salzmann proveía armas a revoltosos locales que pretendían atentar contra el gobierno del entonces gobernador Sergio Montiel.Se comprobó que Salzmann es un hombre honrado, dedicado a su familia y trabajo. Es un autodidacta de las armas de fuego y toda su vida se dedicó con pasión a ellas; jamás tuvo contacto con alguna actividad ilícita. A partir de lo sucedido su nombre y reputación fueron mancillados. Hoy, después de seis años el Estado nacional debe indemnizarlo por el obrar ilícito de los funcionarios de la Justicia federal. (Fuente: UNO)