E

n lo que se espera será un duro cruce entre los bloques del oficialismo y la oposición, la sesión definirá si Cristina Kirchner podrá contar con las leyes delegadas hasta el 24 de agosto de 2010. La dirigencia rural, concentrada en la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales, estará presente en el recinto. Los ruralistas, con el entrerriano Alfredo De Ángeli a la cabeza, acompañarán los discursos de los senadores que veten la iniciativa oficial, tal cual lo hicieron en Diputados. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, advirtió que, junto a sus pares de las otras entidades, tratarán de evitar "por todos los medios" la sanción de la prórroga. Los ruralistas comenzarán a tocar a las puertas de los despachos desde las primeras horas del jueves, en la búsqueda de votos "no positivos" de senadores oficialistas de provincias agroganaderas. El proyecto enviado desde la Casa Rosada al Congreso, que fue retocado y aprobado en la Cámara Baja la semana pasada, es una prueba de fuego para el Gobierno, que teme ante la posibilidad de una derrota. Las facultades delegadas, un paquete de 1.900 leyes, vencen el 24 de este mes, por lo que si el Senado no ratifica la decisión de la Cámara baja el Gobierno ya no tendrá oportunidad para retenerlas hasta 2010. Tanto la dirigencia rural como la oposición instalaron la idea de que en la sesión puede repetirse lo que ocurrió con la Resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones de granos, cuando el Senado la derogó. En la madrugada del 17 de julio del año pasado, la Cámara Alta derogó la polémica Resolución del Gobierno, con el voto en contra y definitorio del vicepresidente Julio Cobos. En tanto, en el oficialismo reina el silencio, aunque en los pasillos de la Casa Rosada descuentan que lograrán aprobar el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados. Esta iniciativa preve que las facultades delegadas queden en manos de Cristina Kirchner por 240 días, con la posibilidad de una única prórroga por 30 días más. Si el Senado lo ratifica, toda decisión administrativa deberá ser refrendada desde ese momento por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y enviada en los diez días subsiguientes al Congreso para su revisión y control. Además, una comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores tendrá que revisar durante seis meses cuáles de esas facultades delegadas seguirán en manos de la Casa Rosada y cuáles no. Estas 1.900 normas deben ser revisadas por el Congreso, de acuerdo con lo que dispuso la reforma constitucional de 1994, pero esta tarea está aún pendiente. La Constitución fijó un plazo de cinco años para realizar esa revisión, pero desde 1999 -cuando venció ese término- se vienen prorrogando en bloque, siendo ésta la quinta vez en que eso sucede. Ese mismo jueves, el Senado tratará en el recinto la ley de emergencia agropecuaria, luego de que la Comisión de Agricultura y Presupuesto de la cámara alta emitiera un dictamen días atrás. Desde la dirigencia rural, no descartaron volver a la protesta en caso de que las respuestas que reclaman sigan sin aparecer. Además, los senadores tratarán el proyecto que pretende gravar a los productos electrónicos importados para favorecer a los fabricados en Tierra del Fuego. Los dirigentes del campo dan por perdida la pelea en el Senado Ya pasaron dos semanas desde la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. No es mucho tiempo, pero los dirigentes del campo -como ya sucedió con la mayoría de los partidos de la oposición-, consideran que las promesas de diálogo del kirchnerismo no conducirán a la solución de los problemas del sector. "Los Kirchner siguen en la suya", sintetizó ayer un ruralista. Con una carta dirigida al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, los popes de la Mesa de Enlace intentaron forzar una definición sobre la suerte que correrá el diálogo con el sector. La mandaron el jueves, pero hasta anoche no habían recibido respuesta. El texto recordaba 22 planteos que el bloque rural hizo al Gobierno 15 días atrás, en la única reunión que mantuvieron con el jefe de ministros y su par de Producción, Débora Giorgi. Además de desoír esos reclamos, el Ejecutivo ha concretado muy pocas de las medidas que prometió unilateralmente en esa ocasión. Cumplió sí con la promesa de elevar las compensaciones a la leche, pero más por temor a un paro de tamberos. Pero no hubo noticias de la apertura de las exportaciones de trigo y maíz, ni de la flexibilización de los requisitos embarcar carne. El secretario Guillermo Moreno y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, siguen marcando los tiempos y tonos de la gestión. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, advirtió que el sector no concurrirá a una eventual convocatoria del Consejo Económico y Social. Y no descartó la convocatoria a asambleas para definir posibles medidas de fuerza. La dirigencia rural, en este aspecto, no precipitará los acontecimientos: sabe que el contexto político es muy diferente al de 2008 y esperará la conformación del nuevo Congreso en diciembre. El kirchnerismo ya no tendrá mayoría y ellos esperan finalmente poder discutir allí sobre las retenciones. En la intimidad, los agropecuarios dan por perdida la votación en el Senado por la extensión de los superpoderes, que entre otras cosas permiten al Ejecutivo fijar ese tributo. Por eso, ayer mostraron su desencanto con la inflexibilidad del oficialismo. "Hay algunos que no se dieron cuenta del cambio que quiere la Argentina", señaló Carlos Garetto, de Coninagro. Mario Llambías, de CRA, se quejó porque muchos legisladores "creen que su trabajo es aplaudir cuando habla la Presidenta".