S
i la Justicia de Entre Ríos encuentra culpable a los siete policías acusados de tentativa de homicidio al balear, “por error”, a un vehículo en el que se conducían seis jóvenes en la madrugada del 6 de agosto de 2006, el Estado deberá hacer frente al pago de una indemnización de 300 mil pesos, que es el resarcimiento que reclaman las víctimas.
El titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, Gustavo Acosta, aguarda el momento de los alegatos para hacer frente a ese reclamo de resarcimiento civil, que se tramita en forma paralela en la misma causa penal en la que están acusados los agentes de la Policía de Entre Ríos, que se ventila en juicio oral y público en la Sala II de la Cámara del Crimen, que integran los jueces Héctor Vilarrodona, Raúl Herzovich y Miguel Ángel Giorgio.
“A mí me toca responder a la demanda civil, y mi intervención será en el momento de los alegatos. La cifra que reclaman es de aproximadamente 300 mil pesos, y es una cifra razonable, porque hay reclamos de sumas más importantes en otras causas”, afirmó Acosta.
Montos
La causa de la balacera “por error”, de tener una resolución adversa a los intereses del Estado, no será de igual modo la demanda más cuantiosa planteada en el marco de una causa civil por indemnización.
La Fiscalía de Estado, de la que depende la Oficina Anticorrupción que interviene en el juicio a los siete policías, también debe hacer frente a un reclamo en el marco de la causa civil que se desprendió de la demanda penal por el contagio con el virus del sida a una mujer embarazada, hecho que ocurrió también en 2006, en el Hospital San Roque.
Los abogados Miguel Cullen, Gastón Duarte y Miguel Retamoso, que representan a la víctima en la causa caratulada como “Identidad Reservada c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 8, reclamaron una indemnización de 7,3 millones de pesos.
En mayo último se barajó la posibilidad de abrir una instancia de mediación en el marco de ese pleito, con la alternativa de bajar ese reclamo a 3,5 millones de pesos, pero finalmente no prosperó.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ha dicho que el Estado no puede hacer frente a ninguna indemnización que supere el monto “jurisprudencialmente” aceptable de 1 millón de pesos.
“Me mantengo en la teoría de que hay que llegar a una conciliación que convalide una cifra razonable. Ellos ofrecieron un arreglo de 3,5 millones, que nosotros no hemos contestado –explicó el fiscal—. Desde el punto procesal, estamos a cara de perro. Ellos plantearon la demanda, y nosotros negamos todo. No solamente negamos el monto, sino los hechos, la responsabilidad del Estado. Esto es lo lógico que se espera de un defensor del Estado. Pero a la vez estamos analizando la posibilidad de llegar a un acuerdo que no signifique asumir responsabilidades en el hecho”.
Cómo ocurrió el hecho
El hecho por el que están acusados Matías Casco, Víctor Collman, Luis Sánchez, Guillermo Medina, Juan Leiva, José Torres y Jonathan Payer, ocurrió en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2006, cuando los agentes de Policía balearon “por error” un vehículo VW Gol rojo en el que se conducían seis jóvenes amigos a los que confundieron con los delincuentes que esa misma noche habían asaltado el comedor Rancho Grande, en el Acceso Norte a Paraná.
El suceso ocurrió en las primeras horas del domingo, cuando los seis jóvenes compañeros de secundaria viajaban en un VW Gol por calle Churruarín en dirección a avenida Circunvalación y fueron tiroteados por policías, supuestamente por hacer caso omiso “a la voz de alto”. En los patrulleros viajaban cuatro policías vestidos de civil y en otros dos móviles cinco uniformados.
Los efectivos buscaban a una banda de delincuentes que había cometido un asalto tipo comando en el comedor Rancho Grande, ubicado en el Acceso Norte, entre las calles Londero y Borges en Paraná. Al VW Gol rojo de los chicos lo confundieron con uno de los dos autos de la misma marca utilizados por los ladrones, pero color bordó.
La causa no estuvo exenta de polémica, por cuando en medio de la instrucción, la jueza que tenía a su cargo la investigación, Marcela Badano, renunció aduciendo razones personales y familiares. (Fuente: El Diario)
