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n medio de las internas que ya empezaron a tejerse al interior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) que empezará en octubre de este año con la renovación del claustro estudiantil de los Consejos Directivos y culminará el 24 de abril de 2010 en Villaguay, con la elección de rector y vicerrector, se coló el obligado debate acerca de “fondos de la minería sí- fondos de la minería no”. (Se recuerda que la ley N° 14.771 de 1959, establece el destino de las utilidades de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y específicamente la norma establece el destino de las utilidades, sólo que a partir del año pasado llegaron esas utilidades a las universidades. En mayo de 2008, con acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se decidió la distribución de 50 millones de pesos provenientes de estas minas y en agosto de este año, el CIN volvió a aceptar una nueva distribución de fondos del mismo origen por unos 36,8 millones de pesos). Lo cierto es que desde hace años, la plata no alcanza para funcionar, para investigar o hacer actividades de extensión como corresponde a cualquier universidad. Es decir, para producir conocimiento y contribuir al desarrollo nacional. Por caso, el presupuesto de este año para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), fue levemente superior al asignado el año pasado pero claro, quedó desactualizado frente al incremento de los insumos y gastos diarios que debe afrontar. En el resto de las unidades académicas la situación no difiere demasiado y la mayoría tiene que hacer equilibrio para evitar llegar a diciembre con las cuentas en rojo. El ahogo en el que en la actualidad están las nueve facultades de la UNER es de vieja data, al igual que la falta de respuestas de las autoridades nacionales. Luego de que el Consejo Superior aprobara por mayoría la aceptación de los fondos provenientes de las utilidades del emprendimiento minero Alumbrera —cuyos responsables están siendo investigados por presunta contaminación ambiental—, la discusión trascendió la órbita universitaria y el campo disciplinar. En diferentes unidades académicas como Trabajo Social, Ciencias de la Educación e Ingeniería, se retomó el debate para evaluar la posibilidad de que el Consejo Superior revise su decisión. En la reunión que se hizo el jueves pasado en Ingeniería, los docentes Roberto Lescano y Amalia Navarro, director y co-directora del Proyecto de Extensión “Divulgación científica de la contaminación ambiental”, presentaron una nota en la que solicitaban al Consejo Directivo de la Facultad, rechazar los fondos correspondientes a la unidad académica y en paralelo, piden al Consejo Superior que revise la decisión tomada. Allí los docentes remarcaban algunas contradicciones: “Es lamentable que la Universidad de la provincia, emblema de la lucha contra la contaminación, acepte fondos provenientes de una actividad fuertemente contaminante”. Cuentas Luego, por unanimidad el Consejo Directivo votó el rechazo de la partida que proviene de la minera. Asimismo, se resolvió pedir al Consejo Superior que reconsidere la decisión adoptada y “se definió la realización de una jornada institucional con todos los claustros, para debatir acerca de la pertinencia de la aceptación de los fondos de estas minas y sobre el presupuesto universitario”, contó a EL DIARIO, el decano de esta unidad académica, César Osella. Cabe destacar que en esta Facultad que funciona en la localidad de Oro Verde, se dictan dos carreras pioneras en América Latina y trascendentales para el desarrollo científico y tecnológico del país como Bioingeniería —creada con el objetivo de dar soluciones a la problemática del ámbito de la salud mediante la aplicación de modernos métodos tecnológicos— y más recientemente, la licenciatura en Bioinformática. A la hora de hablar de los números del presupuesto, el decano aclaró que “los sueldos universitarios no están puestos en cuestión, pero sí todo lo demás, es decir los gastos de funcionamiento. En ese sentido el Consejo Directivo hizo cálculos, sumó todos los gastos y se dedujo que para garantizar una educación de excelencia en nuestra Facultad se requiere del doble de lo que recibimos”. Consultado sobre los montos que Ingeniería tiene asignado para gastos, el decano precisó que “ronda los 320.000 pesos anuales y la cuenta que nosotros hicimos, asciende a unos 740.000 pesos”. Por otra parte, remarcó que si bien el presupuesto de este año es levemente superior al del año pasado, ocurre que “los insumos (luz, gas, agua, teléfono, entre otros) cuestan varias veces más, y entonces a la luz de los aumentos hacen que tengamos un presupuesto sensiblemente inferior”. “El presupuesto de la universidad está dividido básicamente en dos grandes partes, para sueldos y para gastos de funcionamiento. Hoy en día los sueldos concitan alrededor del 96 % del presupuesto total, mientras que los gastos solamente un 4 %, cuando en cualquier institución los gastos deben estar por arriba del 14 o del 15 % del presupuesto general. Los sueldos nunca se han puesto en duda, pero lo que no hay es incremento de esa partida”, explicó Osella. Para destacar La Facultad de Trabajo Social en tanto, volverá a evaluar la situación en la próxima reunión ampliada de su Consejo Directivo que será el lunes 24 a las 18. Ellos deberán considerar si adhieren o no a la decisión del Consejo Superior. En su caso, significaría decir no a los 45.000 pesos que vendrían con esta polémica partida. La batalla no empieza ahora De los acalorados intercambios que se dan al interior de las unidades académicas, fueron surgiendo diversos matices, pero en la médula del asunto está la supervivencia de la universidad pública que no cuenta con un presupuesto genuino y digno que respalde de verdad la producción científica y tecnológica, tal como se pregona desde el Poder Ejecutivo Nacional. “Desde febrero de este año venimos luchando por un mayor presupuesto, entendiendo que los fondos para la educación deben ser garantizados por el Tesoro Nacional. Nuestra Facultad viene marcando un camino en la reivindicación de los gastos de funcionamiento en el Consejo Superior”, deslizó Osella. “No se discute si la minera contamina o no. La duda que se presenta está en lo instrumental y lo formal, esto es, si corresponde o no hacer uso de estos fondos asignados por ley que hasta ahora no había sido cuestionada. A la luz de esto hay diferentes posturas, están los que dicen que hacer uso de estas partidas implica ser cómplices de esta ley y otros que creen que hay que usarlos para luchar contra dicha norma, hacer una nueva o emprender acciones concretas para corregir el problema que estamos viendo”, sostuvo. No obstante, la defensa o no del rechazo de esos fondos, viene teñido de complicidades e hipocresías varias. De un lado, están quienes alegan la producción de conocimientos específicos o el consabido compromiso de la universidad para con la sociedad para no ser cómplices. Y otras voces ponen sobre la mesa un par de interrogantes más que interesantes que resulta oportuno y justo evidenciar, porque resulta que las universidades públicas también reciben fondos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar sus propuestas, pruebas, investigaciones o inventos; de las regalías de la mega represa hidroeléctrica Salto Grande; o de impuestos regresivos como el IVA. Todos temas conocidos por los universitarios. En clases de Economía o Historia, en el primer año de cursado o el último, se habla de estas cuestiones. Qué postura se adoptará en esos casos, es la pregunta de rigor. Se entiende que el panorama es complejo, que es difícil decir no a un vaso de agua cuando se tiene sed, pero la Universidad enseña principios además de disciplinas y decir no y afrontar una pelea acaso más dura para conseguir los fondos que se merece, quizás sea el primer paso. Del presupuesto y números concretos, han decidido hablar las facultades por estos días. Habrá que aguardar aún más las respuestas. (Fuente: El Diario)