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broquelado para dar pelea contra el campo, el Gobierno construyó una de sus principales fortalezas en la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). En los últimos tres años, el presupuesto del organismo creció 17.171%. Este año manejará 3.700 millones de pesos sin licitaciones ni transparencia en la asignación de subsidios a la industria alimenticia. Además, sin control legal, ya que todos sus expedientes no pasan desde hace un año por el servicio jurídico estatal, sino por una oficina paralela cuya creación nunca fue formalizada. El Presupuesto de la ONCCA, que en 2006 (cuando se autofinanciaba con multas) era de 21,4 millones de pesos, trepó en 2009 hasta 3.696 millones. La mayor parte de esos recursos se destina a pagar compensaciones para que las empresas alimenticias no suban sus precios. Pero también crecieron fuerte otro tipo de gastos. Los pagos por alquileres, viáticos y otros gastos ejecutivos lo hicieron 308%. Otro rubro trepó el 4.951%: son las partidas asignadas a "servicios técnicos y profesionales". Ricardo Echegaray, actual titular de la AFIP y uno de los pocos funcionarios con llegada directa a Olivos, es quien convirtió a la ONCCA en el organismo más cuestionado por los productores. Antes de llegar a ser recaudador, pasó unos meses por esa oficina. Llegó en abril de 2008, en medio de la pelea con el campo, y en pocos meses la transformó en un bunker impenetrable. Fue un fuerte respaldo político el que le permitió a Echegaray hacer en tiempo récord lo que hizo. Para empezar, descabezó a los técnicos históricos de la ONCCA, creada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, para enfrentar la evasión en el sector. Esa es su única misión según las normas vigentes. Nunca se reescribieron sus funciones, que ahora abarcan el manejo de millonarios subsidios y la regulación del comercio externo de granos, carnes y lácteos. Echegaray designó una serie de "coordinadores" sin ningún tipo de experiencia en el agro. Esas contrataciones fueron una de las primeras irregularidades: a pesar que desde 2005 existe un anteproyecto de decreto para definir la estructura formal de la ONCCA, el matrimonio Kirchner nunca lo firmó. En ese vacío, Echegaray nombró a su equipo mediante una simple comunicación interna dirigida al personal. Así, quienes manejan resortes claves de la política productiva no forman parte del staff permanente del Estado sino que son contratados. La mayoría de ellos son abogados con muy pocos antecedentes. De ese grupo surgió el actual presidente de la ONCCA, Emilio Eyras, un incondicional de Echegaray. Este contador es el único funcionario de la ONCCA cuyo nombre se publicó en el Boletín Oficial. El cargo de vicepresidente está vacante desde 2007. Técnicos de la UCR denunciaron tanto poder en una sola firma. Señalaron que Eyras "tiene la facultad discrecional de otorgar subsidios en el marco de la más absoluta ilegalidad". Además de extender sus funciones, desde 2008 el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, no tiene voz y voto en las definiciones. Es todavía peor: la ONCCA mudó dos terceras partes de su personal al edificio de la AFIP y absorbió muchas de las funciones que antes realizaba Agricultura. Tan particular es el organismo que hasta tiene sistema informático propio, llamado "Jauke". Lo mandó crear Echegaray, obsesivo de estas cuestiones (se peleó con el ex jefe de la AFIP, Alberto Abad, porque se negaba a reemplazar el sistema aduanero María) y se aplica con tan malos resultados que ahora los expedientes ONCCA siguen una numeración diferente a la del resto del Estado.