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a dirección por Santa Fe del Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis inició un expediente interno para denunciar la realización de trabajos, del lado de Paraná, “arriba de lo que es la cobertura superior” del viaducto en la zona del ex balneario municipal Los Arenales, donde un privado construye un country. La presentación se basa en la existencia de una resolución que establece una franja de seguridad en las inmediaciones del viaducto, donde está prohibido cualquier tipo de intervención. El tema fue expuesto en una reunión de integrantes del Consejo Superior Interministerial del túnel -órgano de mayor jerarquía del ente interprovincial- realizada el 15 de julio pasado. Entre los funcionarios entrerrianos que tomaron nota de la preocupación de Santa Fe estaban el ministro de Hacienda, Diego Valiero, y Guillermo Federik, Secretario de Planeamiento e Infraestructura de la Provincia. “Es una actuación interna dentro del ente túnel subfluvial. Tomamos conocimiento e hicimos dos cosas: por un lado, que se giren las actuaciones y se dé intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia y, por el otro, se dispusiera realizar las verificaciones y constataciones técnicas necesarias para conocer desde nuestra Provincia los alcances de la inquietud de Santa Fe”, dijo Federik. La ejecución de esta última tarea fue encomendada a la Jefatura Técnica del túnel, del lado de Entre Ríos, a cargo del ingeniero Francisco Leiva, detalló el funcionario. En tanto, el expediente tuvo ingreso esta semana en la Fiscalía de Estado de la Provincia, según se corroboró desde la repartición. Hechos El arquitecto Erwin Zwienner, director por Santa Fe del túnel, había confirmado hace un par de semanas respecto de la preocupación que generaba el movimiento de tierra y máquinas en un sector de la costa del Paraná hasta donde se extiende la infraestructura del viaducto. En ese marco, había informado respecto de la pertinencia de la iniciación de un expediente interno, basado en fotografías y demás documentación. Según el funcionario, los trabajos encendieron la luz de alerta en julio, tiempo en que el área técnica del túnel lo puso en aviso. Tras el aviso, “hicimos una inspección ocular porque empezaron trabajos (…), sacamos fotos e iniciamos un expediente para que desde la parte jurídica del Túnel se inicien acciones porque están haciendo obras arriba de lo que es la cobertura superior (del viaducto)”, dijo Zwienner en una nota publicada por esta Hoja el 17 de agosto. Después - continuó- “se le dio intervención a la Comisión Interministerial y quedaron en que le iban a dar intervención a la Fiscalía” de Estado. Y así se hizo, según ratificó más tarde Federik. Situación La construcción de un barrio privado, cuyo impulsor es el empresario local Sergio Lifschitz, viene dando qué hablar desde hace tiempo. Es que fue en 2000, cuando trascendió el proyecto casi a la par de la decisión del Municipio de extender el permiso de uso. El emprendimiento dio lugar a la polémica y a la intervención de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que en base a pormenorizados, determinó que las tierras donde el privado pretende emplazar un country pertenecen al Estado. La controversia llegó a la Justicia y aún continúa el litigio en torno de la propiedad del terreno. Recientemente, el permiso de uso fue modificado por la Comuna a pedido de Lisfschitz: se cambió el formato de Propiedad Horizontal (PH) por el de country. De esa forma, el emprendimiento cobró un nuevo impulso tras épocas de paralización. Más allá del planteo judicial, desde la otra costa del río se fundó la inquietud en base a la existencia de una zona denominada de seguridad, establecida justamente para preservar la obra interprovincial. Se trata de la Resolución Nº 8 de 2003, mediante la que el Consejo Superior Interministerial del Túnel Subfluvial, fijó límites -que denominó “Zona de seguridad física del viaducto”- y consiste en una franja de cien metros a cada lado del eje del viaducto, mientras que en los primeros 50 metros inmediatos a cada lado del eje se declaró una “restricción absoluta”. La medida, que rige para ambas provincias, se fundamentó en que ese sector es de “vital importancia para la obra, debiendo establecerse restricción absoluta para cualquier tipo de actos, obras y/u otros que no sean expresamente autorizados por la Comisión Administradora, en conocimiento del Consejo Superior Interministerial”. Fuente: (El Diario)