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ara el contador Luis Laferriere y el abogado Rubén Pagliotto, entre otros académicos que integran el proyecto el hecho “significa un grave peligro para la sociedad paranaense, por las nefastas consecuencias que ello implica desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por ese motivo, consideramos necesario que los vecinos se informen y tomen conciencia de este hecho, que provocará en el futuro efectos no deseados y profundizará tendencias preocupantes que se vinculan a una sociedad inhumana e insegura para todos sus habitantes”. En este sentido, se advierte que un nuevo hipermercado desplaza parte de la demanda actual en perjuicio de numerosos comercios locales, fenómeno que ha sido estudiado y experimentado desde hace muchos años. Para nuestra ciudad –dicen- implicará el cierre masivo de cientos de pequeñas unidades económicas, con el consiguiente efecto de destrucción de fuentes de trabajo. A ello se suma el factor de salida permanente de cuantiosas sumas de dinero que dejan de aportar al circuito económico regional, impactando negativamente sobre el conjunto de las actividades de la zona. A lo que se agrega la disminución de la percepción de tributos por parte de la municipalidad y de la provincia, por el tratamiento privilegiado que tienen esas cadenas de comercialización, deteriorando más aún los ya deficientes servicios prestados por esos gobiernos. “Arrojar al desempleo a más de mil paranaenses y enviar a la ruina a cientos de emprendimientos actuales es llevar a una situación dramática a todas las familias involucradas, que serán condenadas a sobrevivir en condiciones precarias y miserables, y generarán falta de perspectivas para nuestros jóvenes”, consignan. Representantes El grupo de docentes del proyecto también emitió una “Carta Abierta al Intendente y Concejales de Paraná”, con igual tono, donde los advierten del “efecto depredador” que tendrá la apertura de ese hiper, en referencia a la potencial apertura de Changomás en el este de la ciudad, tanto a nivel económico y social como ambiental, “el cierre de cientos de pequeños emprendimientos locales, la pérdida neta de más de mil empleos, la salida permanente de recursos financieros hacia fuera de la provincia, y la baja de recaudación de tributos para los fiscos provincial y municipal, no se encuentra justificación válida para aceptar excepciones a las normas vigentes”, enumeran. “Pero más injustificable aún si tenemos en cuenta que tanto los concejales como el intendente de Paraná están elegidos por el pueblo para que representen sus intereses, y están pagados por el mismo pueblo para que actúen en defensa de nuestra comunidad y de su desarrollo humano y sustentable. No están allí para tomar decisiones que llevarán a agravar la situación social y el estado de las dañadas finanzas públicas, base de sustentación de mejores servicios para todos los ciudadanos”, precisaron.