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¿Qué tienen en común los dos casos? Por lo pronto, el protagonista, Hernán Tuppo, secretario de una fiscalía. Cuando se presentó a rendir el examen para Paraná, entre sus papeles le encontraron el caso que le iban a tomar, que en teoría era secreto y sólo conocía el jurado. Pero además le secuestraron otro documento: un caso por resolver que decía "Concepción del Uruguay". Dos días antes, había rendido para el tribunal de esa ciudad. El escándalo reavivó el debate sobre el sistema de concursos. Combatir las trampas es la base del proyecto de reforma del kirchnerismo, que termina con el anonimato y los exámenes sorpresa. Los jueces lo resisten. "El tema es la corrupción del Consejo. Hay que revisar cómo eligen a los jurados", declaró el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que dijo tener dudas de que sea "cristalino" el sorteo. Los jurados son clave en los concursos: preparan las evaluaciones y las corrigen. Para cada caso se nombran cuatro, dos jueces y dos académicos. "Si de verdad quieren investigar, debería revisarse por qué no se hace una distribución equitativa: algunos jurados salen todo el tiempo y otros, nunca", dijo Recondo. Era una respuesta al kirchnerismo. Horas antes, la diputada oficialista Diana Conti había difundido un comunicado que insistía en la necesidad de cambiar el sistema de selección. "Hace cuatro años que venimos reclamando transparencia -afirmó-. Exámenes escritos y orales públicos, sin anonimato, como en cualquier concurso para docentes universitarios. Hay no sólo indiferencia, sino profunda resistencia en el ámbito del Consejo. Espero que frente al hecho lamentable del concurso de Paraná podamos dar el salto cualitativo." Mientras tanto, varias investigaciones avanzan en paralelo para descubrir a los responsables de ese fraude. Una, en el Consejo de la Magistratura; otra, en la Procuración General de la Nación, el organismo del que depende Tuppo. El procurador, Esteban Righi, ordenó un sumario y nombró instructor al fiscal Javier De Luca. Pero la más avanzada es la que se tramita en el juzgado federal de Paraná, a cargo del juez Gustavo Zonis. Este expediente se abrió no bien se detectó la trampa. Antes de que les repartieran la prueba, dos concursantes denunciaron que Tuppo ya la tenía. Se lo dijeron al representante del Consejo, Luis Cabral, que hizo la denuncia. De inmediato, Zonis se presentó, ordenó una requisa y le encontró al concursante varios casos de examen; entre ellos, el que estaban a punto de tomarles (el jurado prepara cuatro temas y en el momento se elige uno al azar; el resto no se abre). Fue entonces cuando se descubrió dentro del portafolios de Tuppo otro caso más, que decía "Concepción del Uruguay". Eso no trascendió, pero fue confirmado por un funcionario que estuvo presente. El juez se llevó ese documento. Aparentemente, no es el tema tomado dos días antes en el concurso para el tribunal de esa ciudad, pero sospechan que podría ser alguno de los que no se abrieron. Además de Tuppo, los dos concursos tienen otro punto en común: un jurado. Es Alberto Pravia, juez de un tribunal oral federal. Él y Tuppo se conocían porque Pravia era fiscal federal de Santiago del Estero cuando Tuppo fue designado juez de la intervención en esa provincia. Las principales sospechas recaían sobre él. Mientras tanto, los otros tres jurados (el ex titular de la Oficina Anticorrupción Daniel Morin y los profesores de la UBA Ignacio Tedesco y Gustavo Costa) presentaron un escrito en el Consejo en el que afirmaron que nunca habían tenido relación con Tuppo y se ofrecieron para que les investigaran todos sus teléfonos y cuentas de e-mail. Pravia no quiso hacer declaraciones, pero una fuente cercana a él desmintió cualquier acusación. Dijo que, incluso, en el concurso en el que Pravia fue designado juez de Santiago del Estero, enfrentó a Tuppo -que también concursaba- y lo denunció. Señaló que, en ese entonces, Pravia advirtió al Consejo que el examen de Tuppo tenía "llamativas coincidencias" con párrafos enteros de un libro, que estaban reproducidos a la perfección. Un secretario de Estado, investigado * La Cámara Federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito sobre el secretario de Obras Públicas, José Francisco López. El tribunal confirmó el rechazo que había dispuesto el juez Daniel Rafecas del pedido de López para cerrar el caso, al entender que ya había sido juzgado y sobreseído por ese delito. Pero los camaristas, por mayoría, entendieron que en el primer caso se averiguó si el ex funcionario introdujo datos falsos en sus declaraciones juradas de bienes de 2003, 2004 y 2005, pero ahora se investiga si existió un incremento desmedido de todo su patrimonio desde su ingreso en la función pública.