Lunes 14 de septiembre de 2009
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Paraná
La Provincia indemnizaría con $1,8 millones a la mujer infectada con VIH
El reclamo original que se tramita en la causa civil planteó un monto de 7,3 millones de pesos. El Estado propondría a los representantes legales de la víctima saldar esa cifra en al menos cinco cuotas.
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Después de 3 años, indemnizarían a la mujer que contrajo el VIH en el hospital San Roque de Paraná.

S

i la negociación en marcha entre los abogados de la mujer que en 2006, mientras estaba embarazada, contrajo el virus del sida luego de una transfusión de sangre que le practicaron en el Hospital San Roque, y los representantes del Estado llegan a buen puerto es posible que el pago de la indemnización por mala praxis se cierre en una cifra que podría estar en torno a 1,8 millón de pesos. La cifra, de confirmarse, sería un cuarto de lo que en principio habían reclamado los abogados, cuando entablaron la demanda en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8. La causa Nº 14.487, caratulada como “Identidad Reservada c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, persigue un resarcimiento de 7,3 millones de pesos. Pero desde el vamos el Estado rechazó hacer frente a un pago de esa envergadura. Ahora, después de varias idas y vueltas, las conversaciones parecen haberse encaminado. Según trascendió, el gobernador Sergio Urribarri ya habría firmado un decreto a través del cual autoriza a la Fiscalía de Estado a alcanzar un acuerdo extrajudicial, pero con un tope indemnizatorio, que no superaría el 25 % de la pretensión de los representantes legales de la mujer. Acercamientos El hecho ocurrió en octubre de 2006. La mujer afectada, entonces de 28 años, había recibido una transfusión de sangre en el Hospital San Roque debido a un cuadro anémico. No supo de la irregularidad hasta mucho tiempo después, cuando una vecina la alertó de la investigación en marcha. La sangre trasfundida había llegado por un error, que ahora la Justicia pretende dilucidar a quién responsabilizar, desde el Hospital San Martín, y correspondía a un paciente con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En su presentación, los abogados de la mujer, Miguel Cullen, Gastón Duarte y Miguel Retamoso, hicieron jugar tres reclamos. Pidieron resarcimiento por el daño emergente, esto es el costo de la atención médica que requiere la víctima y cómo hace para costearse los tratamientos a raíz de la infección con el virus del sida; también está el lucro cesante, esto es en qué la perjudica laboralmente esa situación y cómo ve reducida sus expectativas laborales; y el tercer elemento, es el daño moral. Al inicio de la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, aquella primera cifra se bajó a la mitad, 3,5 millones de pesos, aunque desde la Fiscalía de Estado pusieron un reparo: no hay jurisprudencia en la provincia que habilite al Estado a pagar una indemnización que esté por encima del millón de pesos. Ahora, se mantendría esa misma tesitura: la cifra que ofrecerían los abogados que representan los intereses públicos rondaría los 800.000 a 900.000 pesos, aunque con los intereses, según la tasa activa que bija el Banco Nación para sus operaciones de préstamo, el monto final podría llegar a 1,8 millón de pesos. Contexto La demanda judicial presentada por los letrados tiene una peculiaridad: litigaron sin gastos, liberándose así de pagar la tasa de justicia, pretensión que tuvo acogida favorable en la Justicia. De modo que en el hipotético caso de perder el litigio, no deberían hacer frente al pago de honorarios por parte de la actora. Aunque en la causa por el contagio, el Estado ha quedado en una situación incómoda. Pero como la posibilidad de que se pague una indemnización astronómica es incierta, se abrió la instancia de negociación entre las partes involucradas. “En los últimos días nos hemos aproximado a un acuerdo. Se trata de fijar la indemnización en un monto que es un 25% de lo que pretendían”, dijo una fuente consultada. “Pero aclaro –corrigió luego—: estamos muy cerca, pero no se ha concretado ningún acuerdo todavía. Todavía hay algunas diferencias. Aquí de lo que se trata es de fijar una indemnización promedio aceptable desde el punto de vista de lo que la jurisprudencia establece para este tipo de casos. Y esa cifra está entre los 800.000 a 900.000 pesos”. La fuente afirmó que la negociación ahora en camino se limita a este solo caso, por las particularidades que tiene. “Hay otros casos de mala praxis en los que el Estado está demandado, pero no en todos se abre una instancia de negociación. En este caso, la situación es muy particular”, añadió. (Fuente: El Diario)
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