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e la redacción de INFORME DIGITAL A casi 20 días del asesinato de la remisera Marta Cabral, de 35 años y del sargento Pablo Francisco Barreto, de 36, por parte del ex policía David Sotelo sigue por caminos separados, o al menos está en discusión la resolución del caso. Es que desde el gobierno provincial se insiste con la vía judicial mientras que diversos sectores piden castigar a los responsables del nombramiento del agente. Como ya se ha mencionado, es evidente que hubo numerosas irregularidades sin las cuales Sotelo no podría haber portado nunca un arma reglamentaria ni vestido un uniforme policial, ya que incumplía varios de los requisitos necesarios para ingresar a la fuerza. En ese sentido, cabe recordar los reclamos que el propio Berthet hizo ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos en la sesión del 11 de septiembre, cuando manifestó con vehemencia su intención de saber “quién recomendó al policía que mató dos personas”, y señaló que “tiene que haber un responsable por esto”. A ese hecho siguieron las manifestaciones del secretario general de Agmer Concordia, Miguel Stebagñer, que pidió la renuncia del ministro de Gobierno Adán Bahl a quien señaló como responsable político del caso, tras lo cual le salió al cruce el jefe de policía de la Provincia Héctor Massuh que consideró “muy poco ético que sobre la desgracia pretenda sumar puntos en una protesta gremial”. Berthet pide cabezas Ahora, el que volvió a la carga buscando responsables fue el diputado provincial Hugo Berthet (PJ San Salvador) que, en diálogo con INFORME DIGITAL relató que “hablé personalmente con el ministro de gobierno, con las máximas autoridades del poder ejecutivo provincial y el compromiso de ellos es solucionar el tema en el marco de la justicia, en el marco legal. Yo tengo otro punto de vista; pienso que no es un tema solamente judicial sino que también es un tema político, que había que tomar medidas concretas, rápidas y efectivas”. Respecto de las medidas a las que hace referencia el legislador consideró que “inmediatamente se tendrían que haber producido relevos, decisiones políticas. Algún responsable político de que Sotelo haya ingresado a la policía tiene que haber. El ministro me dijo que se va a manejar en el marco de la justicia pero yo creo que estamos en otro ámbito que es el ámbito político, donde hay que mandar mensajes claros. Los políticos no tienen el derecho constitucional del beneficio de la duda. Directa o indirectamente hay responsables que tiene que aparecer”. Consultado sobre su postura sobre la responsabilidad del ejecutivo respondió con una sugestiva pregunta: "¿Quién permitió ingresar a este tipo a la policía? Alguien hay, más allá de quién lo recomendó alguien permitió que ingresara a la institución con todos los antecedentes que tenía. Me pueden decir que el certificado es trucho pero los antecedentes policiales y judiciales existían". Las pruebas “Estamos esperando los resultados y pasos concretos del ejecutivo pero es un tema muy delicado: No van a poder tapar el sol con las manos. Con todas las anormalidades que existen, que las podemos probar”, aseguró Berthet y sostuvo que “Sotelo tenía antecedentes judiciales también y por más que puedan callarlo en algunos lados este tema va a seguir. Hay una ciudad que está conmocionada por este hecho y la sociedad exige respuestas”. Asimismo, el legislador dijo que está “en condiciones de afirmar es que Sotelo no tiene estudios primarios completos, tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes, que tiene 1,60 o 1,61 metros, que fue declarado no apto para el servicio y que los hicieron ingresar igual de esa manera”, todas condiciones que impedían que el asesino ingrese a la fuerza. Accionar policial cuestionado Otro de los elementos que agregó Berthet como prueba de las irregularidades es que, según sus declaraciones, al momento del homicidio Sotelo debería haber estado preso y sin armas: “Ése día de los lamentables hechos Sotelo estaba en un boliche bailable, llamaron a la policía porque estaba provocando desórdenes, sacó el arma en público, lo metieron en una camioneta policial y de allí lo conversaron y lo mandaron a la remisería cuando el deber de los funcionarios era quitarle el arma y llevarlo arrestado por los desórdenes que estaba provocando”. “Además, el arma del sargento que falleció apareció en una casa de familia donde declararon que la había vendido por 100 pesos y no es así”, concluyó.