E

l planteo fue presentado este miércoles por el abogado norteamericano Lawrence Martin, quien forma parte de la delegación uruguaya, que cumplió con la tercera jornada de las audiencias finales correspondientes a ese país. Argentina inició el pleito contra Uruguay en 2006 acusando a ese país de haber violado el Tratado del Río Uruguay, al no haber consultado a Buenos Aires antes de autorizar la instalación de dos fábricas de celulosa. El abogado norteamericano afirmó que durante una reunión de cancilleres llevada a cabo en Buenos Aires el 2 de marzo de 2004, cuando Rafael Bielsa era ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, ambos países resolvieron que se seguiría adelante con la instalación de las dos plantas, Botnia, de Finlandia, y Ence, de España, aunque luego esta última decidió retirarse de la zona de Fray Bentos y comprar un predio más al sur, en el departamento de Colonia. "La necesidad de negociaciones directas era obvia y ambas partes acordaron proceder" con un acuerdo, manifestó Martin, según publicó el portal de noticias uruguayo "Espectador.com". En ese sentido, el representante uruguayo negó que los cancilleres hayan acordado en ese encuentro enviar los proyectos industriales a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU), que integran ambos países, tal como dijo Argentina la semana pasada, durante su ronda de alegatos ante el Tribunal de la ONU. Según Uruguay, la única labor de la CARU era realizar los controles ambientales. En ese encuentro de cancilleres, dijo el abogado, según el portal uruguayo, ambos ministros acordaron la construcción siempre y cuando se realizara un "control pormenorizado" de los parámetros ambientales para evitar contaminación.