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a titular del Juzgado Contravencional Nº 28 de la Ciudad de Buenos Aires, Rosa Elsa Parrilli, registrada por una cámara de video mientras agredía, insultaba, discriminaba y amenazaba a empleadas de la Dirección de Tránsito, irá a juicio político. El gobierno porteño la denunció y pidió su juicio político, al mismo tiempo que suspendió y le inició sumario administrativo a una funcionaria que le había perdonado las infracciones de tránsito a la magistrada. “La situación fue bastante difícil, porque tratábamos de tranquilizarla en todo momento, pero no captaba nuestra intención”, explicó María Itatí Alve, (entrerriana de 27 años que está embarazada) una de las agentes de control de tránsito maltratada por la magistrada. “El momento fue tenso, la amenaza, la violencia con la que manejó la jueza, el maltrato, los abusos, estuvo todo el tiempo haciendo alarde del cargo que ocupa”, agregó Rocío Gómez, la otra empleada que participó del incidente. “Todos tenemos que saber que somos iguales ante la ley. Nadie se esperaba algo así, y menos de una magistrada. Es una desubicada”, dijo. Según figura en el listado de faltas, la jueza Parrilli cometió en los últimos dos años al menos veintiuna faltas vinculadas con mal estacionamiento, algunas de ellas muy graves, debido a que dejó su auto bloqueando rampas, vehículos escolares, o no cumplió el estacionamiento medido. Además, al menos en tres oportunidades, Parrilli violó el semáforo en rojo y fue detectada, mientras que dos veces cometió la infracción de hablar por celular mientras manejaba y una la de girar en una dirección prohibida. También la jueza condujo en una oportunidad con exceso de velocidad, mientras que en otra lo hizo sin tener colocado el cinturón de seguridad. Juicio político y sanción administrativa El Gobierno de la Ciudad denunció a Parrilli y reclamó su juicio político. “Es muy grave que una jueza, amparándose en su cargo, no haga lo que tiene que hacer un ciudadano con sus responsabilidades”, señaló el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. “Esa persona, notablemente ofuscada y en muy malos términos, se dirigió a las dos empleadas y, en forma despreciativa, prepotente y autoritaria, se identificó como jueza, dijo que quien daba las órdenes en el lugar era ella, que por el cargo que tenía nunca pagaba nada y que ésa no sería la excepción, por lo que exigía la entrega inmediata del vehículo”, detalla la denuncia presentada por el Ejecutivo de la ciudad. Pero, a la vez, Montenegro cargó contra la empleada que le había condonado multas a la magistrada. “La controladora fue suspendida por nueve días, se le va a iniciar el sumario y se va a escuchar lo que tenga para decir, porque para nosotros no es grave que le haya borrado las multas, para nosotros es grave que se haya hecho sin que se acreditara nada”, explicó. Interviene el INADI La presidenta del INADI, María José Lubertino, instruyó para que se intervenga de oficio a fin de emitir dictamen y presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por la actitud asumida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28. “Expresiones como las proferidas por la jueza constituyen una nueva forma de racismo que es analizada en el Plan Nacional contra la Discriminación elaborado en 2003. Se trata de un racismo mucho más social, ligado a un paradigma estético que se asume como universal, como modelo a alcanzar”, explicó Lubertino.