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l senador nacional Arturo Vera (UCR) cuestionó duramente el apoyo que los senadores fueguinos darían al oficialismo al momento de votar el proyecto de ley de medios enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo nacional. El radical entrerriano dijo que “no hay dudas de que el Gobierno ha condicionado al Ejecutivo de Tierra del Fuego a que acompañe sus iniciativas legislativas a cambio de flexibilizar la situación de asfixia de la provincia”, en declaraciones periodísticas que formuló, durante un alto en el desarrollo de la segunda reunión del plenario de comisiones del Senado que debate el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana última. Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Presupuesto y Hacienda, de Industria y Comercio y de Asuntos Constitucionales son las encargadas de analizar la iniciativa que el Gobierno pretende convertir en ley a mediados del mes próximo. Vera preside la primera de ellas. La referencia a que el gobierno nacional condiciona al gobierno fueguino para, a cambio del voto positivo de sus senadores, aliviar su complicada situación económica, no es la primera vez que se escucha en la Cámara alta nacional. “No es una novedad. Estamos en un sistema político en el que el poder del dinero, la concentración del dinero en el gobierno central y el desfinanciamiento absoluto de algunas provincias no sólo ha quebrado a mucha gente, sino que ha quebrado muchos gobernadores”, sostuvo el legislador entrerriano. “Vergüenza”. Vera señaló que la situación es “una vergüenza, estamos en un sistema enfermo”, aseguró. En el mismo sentido, señaló que los integrantes del bloque del Frente para la Victoria “siempre que han tenido los votos necesarios para aprobar sus leyes, no se interesaron por la racionalidad de las propuestas opositoras”. En ese orden de ideas reconoció: “A nosotros nos gustaría que se apruebe la ley, pero con modificaciones”. Y consideró que “eso solamente se puede lograr si algunos senadores oficialistas le ponen límite a la voluntad del presidente Kirchner. Él es en la práctica quien da las órdenes”, puntualizó. El periodismo no es enemigo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Carlos Gamond manifestó la preocupación de la entidad porque en la Argentina “se perfilan rasgos de creciente autoritarismo” y afirmó que “el periodismo no debe ser visto por los poderes públicos como un enemigo a derrotar”. En su Informe a la Asamblea Anual de Adepa, reunida en Salta, Gamond resaltó también que la nueva ley de medios “que va en sentido opuesto al del interés general”, puede llevar a la Argentina a “aislarse, una vez más, de la evolución y el progreso”, ya que se “despreocupa” de la evolución tecnológica. El directivo afirmó también que el periodismo es “un aliado en la lucha por mejorar el nivel cultural y de vida del pueblo”, al tiempo que reclamó el acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación, a los que calificó como “valores primordiales para la democracia”. “La preocupación de Adepa por el sensible deterioro de la libertad de prensa, como también del derecho de los ciudadanos a estar informados, se extiende desde el campo de los medios al de las instituciones todas”, dijo Gamond al comienzo de su Informe. También señaló que se asiste “a una merma de la calidad institucional, con múltiples manifestaciones de decadencia de los principios republicanos y de sospechas en las conductas” y ratificó que, en un contexto de crisis, “se perfilan rasgos de creciente autoritarismo, que debilitan las instituciones y profundizan la confusión del Estado con el Gobierno y de éste con facciones”. Gamond advirtió sobre “los riesgos existentes para la vigencia de espacios plurales que garanticen la libre información y la diversidad de oferta informativa, más allá de la tutela gubernamental y el control directo o indirecto sobre medios y contenidos, mediante un agudo intervencionismo en todos los servicios de comunicación audiovisual”. Además, llamó la atención “sobre la naturaleza y finalidad de los medios públicos que, por definición, deben estar al servicio de la sociedad toda y no de los fines propagandísticos de un gobierno”. Según Gamond, “el otorgamiento a funcionarios administrativos de amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la adjudicación y revisión de licencias puede derivar en controles editoriales que contradigan los principios constitucionales e internacionales de protección a la libre expresión y defensa contra la censura previa”.