Miércoles 14 de octubre de 2009
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Política
Piden juicio político contra los miembros del STJ
Un ciudadano denunció ante la comisión de Juicio Político de Diputados a ocho miembros del STJ por delitos de prevaricato, encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Además hay 17 legisladores sospechados de desobedecer a la Justicia.
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Ocho miembros del Superior Tribunal tienen pedido de juicio político.

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os jueces denunciados son Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Emilio Castrillón, Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda, Carlos Chiara Díaz, los ex vocales Juan Carlos Ardoy y Miguel Augusto Carlín por los delitos de prevaricato, encubrimiento y ocultamiento de pruebas y de acciones de habeas corpus, amparo y denuncias penales. El denunciante, José Luis Reinoso, quien se encuentra recluido en un penal de Resistencia, Chaco, aseguró que “está privado ilegalmente de la libertad por fraguado de la jurisdicción territorial, fraguado de delito y de la causa penal” como también por el ocultamiento permanente de las pruebas de la inexistencia del delito que “falsamente se me enrostra” dice el texto. Entre sus argumentos advierte que el STJ “oculta todas las causas remitidas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2007, cuando resuelve decretar la nulidad de todo lo actuado en relación al recurso de casación” interpuesto en la causa que se le sigue al denunciante caratulada como Reinoso, José Luis s/ infracción art 142 bis y 170 del C.P y artículo 33 inc c) y d) de la ley 17.671. “Los jueces han intervenido con delito propio en delito ajeno concurriendo con su conducta con la continuidad del delito de privación ilegal de la que era objeto al tiempo que procuraban el encubrimiento e impunidad de sus autores” y aseguró que “no se hayan resueltos los hechos en denuncia que vengo desde el año 2001 denunciando, se debe exclusivamente a la actitud de dolo directo de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y prevaricato asumida por todos y cada uno de los jueces del STJ”, dice el escrito que introduce a un expediente de más de 200 fojas manuscritas. El denunciante, detenido en la unidad 7, Regional del Norte, en Resistencia, precisó que “está en esa situación desde el 1º de diciembre de 2001 a raíz de conducta y dolo directo de los denunciados que me han mantenido siempre alejado de toda posibilidad de defensa y asistencia técnica, y como sucede ahora, alejado para la indefensión a más de 1.000 kilómetros de la ciudad de Paraná para asegurarse los denunciados la impunidad y el daño que causa la privación ilegítima de la libertad y la ilegal y fraudulenta condena” El expediente que ingresó a Diputados en los últimos días de setiembre deberá ser estudiado por la comisión de Juicio Político, que preside Eduardo Jourdán y que integran además, Jaime Benedetti, Jorge Bolzán, José Cáceres, José Cardoso, Ana D´Angelo, Patricia Díaz, José Jodor y Marcelo López. Legisladores denunciados La división de poderes en el sistema republicano tendrá en la Provincia una oportunidad para exhibir la independencia de cada uno. Mientras que la Justicia entrerriana intenta establecer si 17 senadores que cumplieron su mandato durante la anterior gestión (de los cuales siete fueron reelectos o electos en otro cargo, lo que les garantiza seguir con fueros parlamentarios) desobedecieron una medida judicial. La Cámara de Diputados recibió un pedido de Juicio Político contra ocho de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de los cuales dos ya se jubilaron. Esatrategia común Los 17 senadores que afrontan un pedido de desafuero por parte de la Justicia se reunirán el miércoles para definir una estrategia frente al pedido que concretó ese poder por el polémico voto a los pliegos del concurso 25 que finalmente el Ejecutivo nunca designó a través del decreto reglamentario. Uno de los ejes que se trabajarán en la convocatoria será el de aplicar un criterio solidario frente a los senadores que, con mandato cumplido, ya no cuentan con la protección de los fueros. Cobra fuerza el concepto de que no es la voluntad de un senador, sino la del cuerpo en su totalidad, la que define una posición. El presidente del bloque, Héctor Strassera, es el encargado de coordinar la reunión que se concretará mañana para responder el pedido del Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo del juez suplente Carlos Ríos, que investiga si hubo desobediencia por parte de los legisladores a la orden de no votar los pliegos del concurso 25 ( para cubrir cargos judiciales) de acuerdo a lo previsto en el artículo 239 del Código Penal. Los legisladores alcanzados son los justicialistas Darío Argain, que ahora cumple mandato como diputado, al igual que Hugo Berthet, y los senadores justicialistas en ejercicio Carlos Garbelino, Victorio Firpo, César Melchiori y el jefe del bloque oficialista, Héctor Strassera. Asimismo mantiene también fueros el ex vicegobernador y presidente de la Cámara alta, Pedro Guastavino, que actualmente se desempeña como senador nacional. Los que no renovaron cargos parlamentarios fueron el ex senador de la Concertación Entrerriana Julio Majul (Gualeguaychú); los justicialistas Juan Ramón Fleitas (La Paz), Mariano López (Colón), Teresita Ferrari (Paraná), Sergio Marsiglia (Uruguay), Oscar Herdt (Diamante), Eduardo Jodor (Gualeguay), Luis Leiva (Tala) y los radicales Luis Luna (Federal) y Graciela Zambón (Federación). “Enjuiciamiento” El ex presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y actual Diputado, Darío Argain, advirtió que existen dos lecturas de la situación: Una técnica, que podría desembocar en un pedido de Enjuiciamiento al tribunal por las desprolijidades que tuvo la causa, donde se convocó a senadores que son diputados y a los que no están en ejercicio como si lo estuvieran, entre otras cosas, y otra más política y en respuesta al proyecto del senador Aldo Ballestena que intenta equiparar a los jueces subrogantes con los titulares tocando atribuciones exclusivas del STJ. “En su momento –repasó Argain– yo tuve la responsabilidad ética y moral para no perjudicar a los ternados en un proceso judicial que podría paralizar por algunos años su carrera y la posibilidad de acceder a un cargo”, argumentó el diputado. A su vez precisó que al momento de tratar los pliegos, no hubo pronunciamientos por parte de la Justicia durante las etapas que fija el reglamento del Senado como la de impugnaciones o la audiencia pública. El 25: La Yeta La sentencia que prohibía la aprobación de los pliegos al Senado y al Ejecutivo la confección de los decretos, se produjo a raíz de la medida cautelar interpuesta por Mario Quinteros, juez titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná y actual vocal interino de la Sala I de la Cámara II de esa ciudad. Por esa presentación, el STJ resolvió disponer la suspensión del procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir los cargos de vocales de las cámaras II y III con competencia en lo Civil y Comercial de Paraná, que reconozcan como antecedente el Concurso Nº 25 convocado mediante Resolución Nº 117/06 del 20/02/06 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Además, ordenó al titular del Poder Ejecutivo abstenerse de producir los nombramientos respectivos. Los pliegos en cuestión son los de Gabriela Teresita Mastaglia -propuesta para ser nombrada vocal de la Cámara II, Sala I, con competencia Civil y Comercial, y el de Ana María Celia Stagnaro, propuesta para su designación como vocal de la Cámara III, Sala II, con competencia Civil y Comercial. Luego y tras el acuerdo a los pliegos, el presidente del STJ, Daniel Carubia, remitió al Ministerio Público Fiscal fotocopias certificadas de las actuaciones que judicialmente se sustancian por acción de Quinteros ante el posible delito penal de acción pública, por la aprobación de los pliegos, aunque los legisladores insistieron en su facultad constitucional de avanzar en el tratamiento de los pliegos.
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