Jueves 22 de octubre de 2009
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Departamentales
Avanza la primera causa por usurpación de islas
La Justicia de Gualeguay citó a indagatoria a un particular domiciliado en la provincia de Buenos Aires que estaría usurpando propiedad del Estado provincial. Quieren recuperar unas 100 mil hectáreas del Delta apropiadas por privados.
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De las 190 mil hectáreas que posee la provincia en el Delta, 100 mil están ocupadas por privados.

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a Justicia de Gualeguay dio cabida a una denuncia contra un particular por usurpación de casi 5 mil hectáreas de tierras ubicadas en las islas Lechiguanas propiedad del Estado provincial. La medida se constituye en el primer avance en la estrategia definida por el Gobierno entrerriano en procura de recuperar unas 100 mil hectáreas que en los últimos años han venido siendo ocupadas ilegalmente en la zona del Delta. El viernes 2 del actual el abogado Julio Federik, contratado especialmente por el Gobierno para llevar adelante las causas penales contra los ocupantes de las islas fiscales del Delta, presentó una denuncia contra Héctor Oscar Biasotti, domiciliado en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, por la ocupación de cinco lotes en las islas Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. En el escrito, que recayó en manos del titular de la Fiscalía Nº 2, de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, se acusa a Biasotti de haber usurpado “distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado provincial”. El escrito resalta que el delito denunciado “es permanente”, que no prescribe aún con el tiempo transcurrido desde la ocupación de los predios. Ordenan inspección El titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gualeguay, Daniel Elías Alle, dispuso avocarse a la causa, y citó a declaración indagatoria a Biasotti para el próximo 30 de noviembre, a las 9, pero además instruyó a la Jefatura Departamental de Policía para que envíe una comisión policial a las islas Lechiguanas para inspeccionar los lotes identificados con los números 3, 4, 5, 7 y 9, ocupados por el denunciado. En su resolución, el juez Alle autorizó a la Policía para que “con facultades de allanar domicilio y utilizar la fuerza pública en caso de resultar neceario, proceda a dirigirse a dicha zona de islas y constituyéndose en cada uno de los lotes citados, procesa a realizar una amplia constatación del estado de ocupación actual de los referidos lotes”. También, habilita a la fuerza policial a individualizar “personas que los ocupan y carácter en que lo hacen, existencia de animales, verificando tituloaridad, marcas y señales, características de hacienda, tipo, raza, etcétera; muestra de guías y/o documentos que permitiesen verificar la existencia de construcciones, instalaciones, mangas, corrales, alambrados perimetrales, casas habitación, galpones, etcétera”. Pero también el juez Alle citó a prestar declaración al titular de Tierras Fiscales de la Provincia, Juan Carlos Flematti; al director de Desarrollo, Economía y Mercados, Rubén Sarli; al ingeniero Andrés Nogueira, de la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados; entre otros. Y además le pidió a la Dirección de Catastro que envíe planos de mensura de los lotes en cuestión Vía judicial La compleja situación dominial de las tierras fiscales ubicadas en el Delta no deja muchas alternativas respecto a la vía a seguir para conseguir recuperar la propiedad de los predios usurpados. Fue quizá por eso que el abogado Julio Federik, especialmente contratado por la Fiscalía de Estado para entender en las demandas penales, debió apelar a las presentaciones judiciales. En su escrito ante los tribunales de Gualeguay, Federik sostuvo la imposibilidad de enajenación de esas tierras de dominio público, al sostener que “los bienes públicos están fuera del comercio, y no pueden enajenarse sin previa licencia o autorización. Sin embargo, pueden ser dados en arrendamiento o percibir algún tipo de prestación para su uso, y ello no obstará a su carácter de bien o cosa integrante del dominio público”. De ese modo, pidió al juez Alle la intervención ante la ocupación irregular de siete lotes en las islas Lechiguanas. Los lotes Nº 1 y Nº 2, de 1.155 y 1.154 hectáreas, respectivamente, fueron ocupados por Biassoti en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que firmó entonces con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer), por un plazo de 12 meses. “Vencido el cual, se mantuvo ilegítimamente en el inmueble”, dice el escrito judicial. El lote Nº 3, de 482 hectáreas, fue ocupado por Biassoti, con carácter de “clandestinidad”; lo mismo ocurrió con el Lote Nº 4, de 570 hectáreas; el Lote Nº 5, de 517 hectáreas; el Lote Nº 7, de 229 hectáreas; y el Lote Nº 9, de 588 hectáreas. “Biassoti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble”, dice el escrito. (Fuente: El Diario)
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