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l Encuentro Amplio Entrerriano; la Coalición Cívica; Generación para un Encuentro Nacional; el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay suscribieron un documento en el que cuestionan el proyecto de la Isla Puerto, aseguran que los argumentos para su construcción “son falaces” y que para su ejecución “el gobierno provincial dispuso endeudar a la ciudadanía entrerriana en un importante proyecto de inversión pública, propuesto al financiamiento del Fondo Fiduciario Nacional, destinado a crear en nuestra Ciudad una costanera y sus accesos sobre la Isla del Puerto, a la vera del Río Uruguay”. En un documento, advierten que el gobierno municipal como provincial y los responsables del Ente Crediticio (Fondo Fiduciario), “justificaron su decisión desde tres ángulos diferentes: Primero, como respuesta a una postergada demanda de nuestra comunidad por tener una costanera al río (que otras ciudades entrerrianas ya poseen), por su impacto a la oferta turistica, y, finalmente, por su potencial desarrollo inmobiliario futuro”, detallaron “No escapa a la ciudadanía - dijeron - que esos argumentos son como mínimo, falaces los primeros y de beneficio exclusivo para algunos pocos el último, que aprovecharan una fuerte inversión pública a costo de todos los entrerrianos, pues, quede claro, el Fondo Fiduciario otorga un crédito de hasta $ 100.000.000,00 que deberá ser cancelado con partidas del presupuesto provincial de las futuras gestiones”. Y, advirtieron que “no es cierto que se trata de una postergada demanda de la comunidad” ya que “sólo repasar los formales proyectos de desarrollo que nos hemos dado en el último cuarto de siglo, tanto bajo gestiones radicales como justicialistas, PLANUR, PECU, etc., podemos corroborar que ese proyecto nunca estuvo planteado ni siquiera mencionado como futura posibilidad, sino todo lo contrario”. “Tampoco es correcto afirmar su importancia para el desarrollo turístico al ofrecer una vista y acceso al Río Uruguay, cuando nuestra oferta turística se sustenta, desde la década del 70, incorporando al patrimonio municipal la costa y extensas playas de Banco Pelay, habilitando acceso directo al río tanto a la población como al turista; acción que luego tiene continuidad en otras administraciones, en la década del 80, con la construcción del puente de hormigón sobre el Arroyo Molino, consolidando el camino de acceso, desarrollando el tendido eléctrico, la construcción de bungalows y dependencias sanitarias permanentes, la Av. Elvio Suarez. Y en últimas administraciones la apertura de acceso a La Toma, Paso Vera, sus instalaciones, etc. En el documento tambien afirman que “orientar inversiones públicas y privadas en potenciar el desarrollo turístico debiera formar parte de una política de Estado de la administración comunal, dando continuidad a lo ya invertido, agregándole nuevos objetivos estrategicos, es que entendemos el camino correcto. En tal sentido, la Isla del Puerto podría ser incorporada a la oferta del demandado “ecoturismo”, actividad hoy no desarrollada en nuestro entorno, mediante propuesta sustentable en su condición de reserva natural y uno de los principales sitios de renovación del oxígeno y biomasa que contamos en la zona, preservando su condición de hábitat de especies animales y vegetales autóctonas y fuente de vida para los isleños; observando las disposiciones de nuestra Constitución Provincial (art. 83, 84 y 85) y la Ley Nº 9718 que la declara Area Natural Protegida”. Finalmente, y “en representación de un mayoritario parecer ciudadano no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por otras necesidades insatisfechas que hacen a la calidad de vida de nuestros conciudadanos y debieran ser prioritarias de ésta y las administraciones venideras. Fondos de inversión pública, tan importantes como que no registra la historia de nuestra ciudad una inversión de igual magnitud, podrían solucionar integramente el suministro de agua potable para la totalidad de la población, sin improvisar parciales parches alquilando pozos de nuestros vecinos o dar respuesta con vivienda social digna a todas las familias que hoy demandan ese básico derecho, o dar solución definitivamente al tratamiento de efluentes que contaminan nuestros barrios y riveras, por citar sólo algunos de los relevantes y postergados reclamos uruguayenses, comprometidos en todas las campañas proselitistas”. Y, para concluir comprometen públicamente su apoyo “a toda propuesta que se enmarque en el sentido de lo señalado o que pueda surgir del debate público orgánico que la comunidad se de y en consecuencia, nos oponemos al referido proyecto, inconsulto é inconveniente, haciendo reserva de transitar todos los caminos conducentes a ello”.