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entileza de Fernando Gervasoni
FM Dimensión de Rosario Tala, para Informe Digital
El Dr. Aníbal Fernández hace saber su preocupación ante la denuncia contra el Estado Argentino realizada por un hombre de apellido Forneron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la misma sostiene que la denuncia está motivada por "las decisiones adoptadas por autoridades judiciales de Entre Ríos" y "la magnitud del daño causado a Forneron”.
“MF nació el 16 de junio del 2000 en Victoria. Al día siguiente del nacimiento, la madre de la niña entrego a su hija en guarda, a un matrimonio de Buenos Aires sin el consentimiento de Forneron (el padre). El hecho tuvo lugar en un policlínico privado y con la llamativa Presencia del Defensor de Pobres y Menores de esa Ciudad Dr. Julio Guaita, donde se labro el acta. ¿Cuál era el apuro? Si se podría haber hecho con los tiempos normales en este tipo de casos, tomando todos los recaudos”.
“El 18 de junio Forneron efectuó reconocimiento de su hija ante el Registro Civil, esto es al día siguiente que del otorgamiento de la guarda y a las 48 horas del nacimiento de la niña”.
“El señor Forneron se presentó solicitando la revocación de la guarda y la restitución de la misma, pero la madre negó que fuera el padre lo que originó una prueba de ADN que en un 99,99% dio como resultado que era el padre”.
En otro párrafo de la misiva dice: “El motivo esgrimido para la revocación de la guarda fue la preservación del interés de la niña, debo decirle que las autoridades fueron artífices de la confirmación del cuadro fáctico que luego se empleo como fundamento de la decisión, denotando un accionar judicial negligente y arbitrario en la valoración de las pruebas”.
Luego de hacer un análisis señaló: “La necesidad de realizar un reconocimiento del Estado Argentino por la clara violación de los derechos humanos y garantía tanto de la niña como el padre”.
“De la causa se desprende la existencia de un conjunto de circunstancias no solo desafortunadas sino también ilegales, a la que no ha sido ajena la voluntad de terceros ni la de funcionarios públicos”, sentenció Aníbal Fernández.
“En efecto apenas 24 horas después de producido el nacimiento en la ciudad de victoria, la madre entregó la niña a un matrimonio que reside en la ciudad de Buenos Aires, formalizándose un acto como la guarda con fines de adopción, lo cierto también es que no surge cuales fueron las circunstancias que celebraron el acuerdo, cabe presumir que tal entrega no ocurrió espontáneamente, sino que, por el contrario, debieron existir contactos previos al parto destinados a preparar el acuerdo, sea directamente entre los guardadores, la madre de la niña o bien mediante la intermediación de un tercero, siguiendo para eso una practica que se encuentra repudiada por la ley nacional” (articulo 317 del Código Civil).
El doctor Fernández agregó: “Podría presumirse, debido a los antecedentes del caso, que alguien ajeno a la madre, solventó los gastos de la internación y el parto, dado que la madre no parecía hallarse en condiciones de pagarlos, circunstancia que refuerza la hipótesis de un acuerdo previo”.“Los jueces, señor gobernador, ante un caso de guarda preadoptiva tienen el deber de indagar y la facultad para hacerlo, cosa que en este caso no se realizó”, sentenció el funcionario nacional.
La nota termina diciendo:“seguramente usted compartirá que se trata de un caso grave, con una reprochable conducta de funcionarios judiciales quienes en vez de proteger y reparar la violación de los derechos de la niña y su progenitor, optaron por dilatar el proceso y fabricar un contexto fáctico irreversible que luego les sirvió de fundamento para su resolución”.
“Estoy seguro señor gobernador que hará todos los esfuerzos para reparar en lo posible el daño causado, analizando la conducta de los magistrados intervinientes”, terminó diciendo Fernández.
