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na de las consecuencias más relevantes que tendría la aplicación de la proyectada reforma política, en Entre Ríos, sería la imposibilidad de las fuerzas minoritarias de sostenerse como propuestas en la elección general. En efecto, el artículo 34º del texto del Ejecutivo -presentado el miércoles por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y girado al Congreso para su debate- prevé que no podrán participar de la elección general las fuerzas políticas que no hayan logrado convocar en las primarias al 3 % del electorado. El proyecto lo dice así: “Artículo 34: El derecho a oficializar una candidatura para la elección general, por una agrupación política, se perfecciona mediante la aptitud electoral. La aptitud electoral para la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados de la Nación, se obtiene cuando dicha agrupación política alcanza un total de votos igual o superior al tres por ciento (3%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate”. Otro escollo El panorama planteado tiene a su vez otro condimento que dificulta acceder a ese 3 %. Las fuerzas minoritarias suelen saldar sus diferencias sin ir a una elección interna y, por lo tanto, será más difícil concitar el interés de la gente por ir a votar cuando sólo se presenta una lista. Mientras, la interna de los grandes partidos será inevitablemente mucho más convocante ya que, no sólo se tratará de dirimir diferencias con uno u otro resultado si no que, además, se trata de definir entre las figuras que, seguramente, terminarán por acceder al poder. Discusión aparte es si, como algunos argumentan, este “tamiz” para la elección general aportará a “eliminar los sellos” que en efecto proliferan. O si derivará en promover la unidad de fuerzas afines, hoy dispersas más por torpeza política o por intereses personales más que por cuestiones programáticas, doctrinarias, ideológicas. Lo cierto es que la reforma política cambiará la oferta electoral que suele tener el electorado entrerriano en la elección general, siempre que se hable de la elección de Presidente y vicepresidente o de legisladores nacionales ya que los cargos provinciales seguirán dirimiéndose por la normativa electoral provincial. Afuera Si se toma nota de la última elección nacional, la de julio de 2008, y si se traslada ese escenario al que podría darse con la reforma política en vigencia, luego de las elecciones primarias y obligatorias quedarían eliminadas de la oferta cinco de las diez fuerzas políticas que presentaron candidatos a diputados nacionales. No podrían acceder a la segunda y definitiva instancia ni el partido que fundó Augusto Alasino (Viva Entre Ríos); ni los grupos de izquierda y centroizquierda, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) o la alianza que conformaron comunistas y humanistas bajo el nombre de Frente Social y Popular Humanista y Comunista; ni los partidos nacionalistas de derecha como el Paufe y el Partido Popular de la Reconstrucción. En cambio, quedarían en carrera la alianza Acuerdo Cívico y Social (encabezada por la UCR); el Frente Justicialista Entrerriano (Partido Justicialista y Frente Grande); el Frente Popular Disidente que fundó Héctor Maya; el Partido Socialista y Unión PRO. A favor y en contra Héctor Maya El ex senador y referente del Peronismo Disidente cree que el anuncio de la reforma política “está llena de sospechas, por antecedentes y apuros injustificados y seguramente esconde alguna trampa, que repite las anteriores, donde los Kirchner, han puesto el aparato del estado al servicio de la continuidad de la familia y lo primero es poner libre al pueblo a partir de trabajo y salarios justos”. Maya reclamó a la Legislatura provincial que introduzca modificaciones en el Presupuesto, ya que “la simple lectura demuestra el alto grado de financiamiento de la política, en donde fondos fabulosos se dedican al financiamiento de los aparatos políticos con verdadera obscenidad, dejando de lado injustamente, la utilización de los mismos para destinos peronistas, que no son otros, que poner primero lo social y después los aparatos políticos”. Miguel Rettore El vicepresidente segundo de la UCR provincial ve en la iniciativa “un paso mas del peronismo en el gobierno en procura de destruir los partidos políticos para conseguir su obsceno proyecto de mantenerse en el poder a toda costa. A sólo tres años de haber promovido la derogación de la Ley de Internas Abiertas por sentirse amos y señores del PJ nacional, hoy impulsan este nuevo proyecto bajo el pretexto del mejoramiento de la política y la participación, como única forma de seguir en la cima”, dijo. “La única manera de mejorar la política y el sistema es el fortalecimiento de los partidos políticos como pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, como lo marca la Constitución Nacional y la nueva Constitución Provincial en su artículo 29. Tenemos acabada experiencia en Entre Ríos con la denominada “Ley Castrillón” de cómo se puede profundizar la falta de compromiso y el manejo clientelar de la gente, cuando hablamos de los “votantes independientes” que son llevados a votar para interferir en la vida de los partidos políticos, tanto en los propios como en los partidos ajenos”. Federico Soñez Para el ex diputado de la Alianza y actual aliado al kirchnerismo, que algunos referentes de la centroizquierda, como Pino Solanas, opinen que la propuesta apunta a reconstruir el bipartidismo porque impone exigencias de participación democrática para elegir candidatos “constituye una paradoja que desnuda la pobreza de pensamiento de los representantes mediáticos del sector”. Para Soñez, “lejos de perjudicar al progresismo el proyecto de ley nos beneficia porque nos impone la obligación ineludible de juntarnos, de conformar una gran fuerza nacional de carácter frentista, que ponga fin a la proliferación de fragmentos y veleidades. La pregunta es muy simple ¿Por qué una ley parecida en Uruguay no afecta al Frente Amplio? La respuesta también es simple: porque existe un Frente del que participan más de 20 organizaciones”. “Si el centroizquierda no está dispuesto a construir una única fuerza de carácter plural que potencie su capacidad política no tiene destino, y este proyecto de ley nos obliga a decidir si queremos ser un eje en la vida política argentina o si nos conformamos con ser pequeños fragmentos del decorado”, opinó. Aníbal Vergara El dirigente de Viva Entre Ríos cree que la iniciativa “es una forma de decirle a casi todos los partidos nacionales y provinciales con sus dirigentes que no participen y eso es injusto, no se puede obligar a todos los partidos políticos a que elijan de la misma forma sus candidatos. Cada partido debe elegir según su identidad, sus convicciones, con un buen mecanismo federal de elección de candidatos, acorde a sus cartas orgánicas y a las facultades que se le otorga a sus afiliados”. Observó que el proyecto “modificaría aspectos centrales de la Ley de Partidos Políticos 23.298. Por ejemplo, actualmente los partidos nacionales se constituyen a través del acuerdo de cinco partidos de distrito. La reforma dispondría que, para conformar un partido nacional, habrá que contar con afiliados que sumen el 4 por mil del padrón nacional de electores, sobre un total de 28 millones de votantes”. Para Vergara, el proyecto “apunta claramente a que el PJ no Kirchnerista y todos los movimientos políticos opositores se vean presionados y sin herramientas electorales, agobiados económicamente por los que están en el poder y no se podrá generar opciones distintas, de esto conocemos a lo que nos tiene acostumbrado los que ostentan el poder central”. (Fuente: El Diario)