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obre una docena de proyectos de reglamentación de las reformas introducidas a la Constitución Provincial en 2008, la Legislatura sólo ha sancionado dos. Pasaron quince meses desde la jura de la nueva Carta Magna provincial y sólo los institutos del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social han conseguido la sanción definitiva de los proyectos de ley que los vuelven operativos. Los demás siguen demorados; cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados que preside Jorge Busti, pero acusan un retraso de más de medio año en el Senado. Un caso emblemático, porque fue una de las razones más consensuados para ir a una reforma constitucional, es el del Consejo de la Magistratura. A pesar de haber adquirido rango constitucional desde octubre de 2008, en los hechos el organismo encargado de nombrar los jueces se sigue rigiendo por el decreto que lo creó, dictado en 2003 por el entonces gobernador Busti. El ahora presidente de la Cámara baja hizo notar que “pudiendo haber salido por mayoría –hay una relación de votos de 20 a 7- acá se votaron todos por unanimidad, porque el bloque del radicalismo y también el unipersonal de Ana D´Angelo hicieron sus aportes”. “Es una lástima que estén parados en el Senado, yo he hablado muchas veces, le he dicho a los senadores que este es un sistema bicameral y si a ellos no les gusta lo que nosotros hicimos, que lo cambien, que lo modifiquen. Es una lástima; está el Consejo de la Magistratura, el Jury de Enjuiciamiento, institutos realmente importantes y que están absolutamente parados hace ocho meses”, dijo Busti. Endeudamiento: “Voté sin convicción” Busti va este miércoles, a las 11, al Senado justo cuando se sesiona para votar un asunto con el que –asegura- no simpatiza, pero que igualmente acompañó en su paso por Diputados, el pasado 22 de diciembre. Dice que votó “sin convicción” -y sólo porque se trata de una situación de excepción y temporal- la adhesión a la Ley Nacional de Financiamiento, que le permitirá a la Provincia contraer endeudamientos para paliar el déficit que exhibe en el Presupuesto 2010. El proyecto -que los senadores se olvidaron de tratar el 28 de diciembre, cuando sancionaron el Presupuesto 2010 y por eso deben sesionar en la insólita fecha de un 6 de enero- establece excepciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal para los períodos 2009-2010. Pero Busti dice que terminó por acompañar la iniciativa “después de largas charlas con el ministro de Economía (Diego Valiero), pero la verdad es que la voté sin convicción”. A su juicio, la de Responsabilidad Fiscal, por la que se prohibió a las provincia endeudarse en más del 15 por ciento de sus recursos, “fue una de las grandes leyes hechas por el gobierno nacional entre 2003 y 2007”, durante la presidencia de Néstor Kirchner. “De cualquier manera, esta es una situación excepcional, es por un tiempo determinado y por eso la voté”, explicó. Presupuesto En Diputados, la norma fue aprobada en la misma sesión donde se votó el Presupuesto 2010. Ante la consulta, Busti rescata lo que a su juicio fueron “modificaciones muy importantes” que introdujeron los diputados a la Ley de Leyes: -Fondos específicos. Se obliga a reintegrar dentro del mismo ejercicio fiscal los fondos específicos de otros organismos del estado que se utilicen para atender otros gastos, ante la carencia de recursos (artículo 7). El Ejecutivo pretendía que lo que quedara de saldo pasara para los próximos ejercicios, lo que a juicio de Busti “significaba un principio de desaparición de los fondos específicos”. Se trató, dijo, de “un principio de disciplina fiscal fundamental”. -Salarios. Busti rescató la reforma al artículo 21, por la que se define que los mayores ingresos que se registren (se estima un aumento en la recaudación de entre el 12 y 13% entre recursos federales y provinciales) deberán destinarse “prioritariamente” a “la implementación de una política de recomposición y/o incremento del salario de los agentes públicos, activos y pasivos”. Si quedara algo, irá para “la atención de los servicios de la deuda consolidada, de situaciones de emergencia social y de las erogaciones de las finalidades educación, seguridad y salud”. -Déficit. En el financiamiento del déficit de 580 millones se impuso, en cambio, el criterio del Ejecutivo. En la autorización para concretar operaciones de crédito público para el financiamiento del déficit acumulado y consolidado de las Rentas Generales(artículo 6), los diputados querían que se limite al Programa de Asistencia Financiera que implemente el Gobierno Nacional, pero finalmente se permitió que también se acceda a financiamiento de “cualquier otra entidad”. “Nos dijeron que estaban en conversaciones con cajas de profesionales que tienen dinero. En esto cedimos”, repasó Busti -Deuda. Con la autorización para refinanciar los servicios de la deuda pública por 462 millones, Busti entiende que el hecho de que “el Gobierno tenga que ir al Programa de Financiamiento Ordenado es lo correcto, es lo hicimos nosotros todos los años”. El articulo 5 pone en garantía la coparticipación y para el caso de no acceder al financiamiento, faculta al Ejecutivo a “sustituir fuentes financieras y/o disponer la readecuación de los créditos presupuestarios, sean éstos de partidas de gastos corrientes o de capital, con el objeto de asegurar el pago de los servicios de la deuda y mantener el equilibrio presupuestario”.