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l Gobierno anunció hace unos días que el 9 de febrero se firmará el primer convenio de exploración petrolera en la provincia y la empresa YPF estimó que en marzo podrían iniciarse los trabajos, en el marco de un plan nacional de desarrollo de reservas en la Argentina que prevé una inversión por 500 millones de dólares y apunta a conocer el potencial de petróleo y gas del país. En un informe oficial se consignó que el centro-norte entrerriano es la zona con mayores posibilidades de poseer yacimientos hidrocarburíferos. Previsión Sin embargo, antes debe darse un marco legal con las pautas para preservar el rol de la Provincia en el proceso de exploración y ante un eventual hallazgo y para otorgar seguridad jurídica a las empresas interesadas, como también para garantizar el desarrollo de la actividad sin agredir el medio ambiente. En la reforma constitucional de 1994 se estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”; mientras que la Ley de Hidrocarburos Número 26.197 ratifica que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. A nivel local, la Constitución expresa que “los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa”. Cuando el proyecto para la exploración petrolera en la provincia comenzó a avanzar, el gobierno impulsó una Ley de Hidrocarburos, que fue presentada en noviembre de 2008. El proyecto fue aprobado el 15 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados y sería tratado en el Senado cuando se retome la actividad legislativa. La norma establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la provincia pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado; declara de interés público y estratégico las actividades de exploración y eventual explotación de los hidrocarburos; y deja en manos del Poder Ejecutivo la formulación y desarrollo de los planes destinados a promover esta exploración y explotación, a la vez que se reserva la potestad de entregar los permisos de exploración y las concesiones y establece que el acuerdo de estudio no dará derecho al contratante para repetir contra el Estado provincial las sumas invertidas y deberá contener plazos y condiciones a cumplimentar por el peticionante. Explotación El propio vicepresidente ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi, reconoció que “el compromiso para la exploración no hace que la provincia tenga una obligación a futuro de entregarle a la empresa, sino que puntualmente se le dará el dominio para que haga la exploración y recién en el tercer año podría comenzar la perforación” y precisó que el plan nacional prevé un trabajo de dos años en una primera etapa y otros cinco hasta su finalización. Sin embargo, en un artículo, la ley reza: “El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso”. Asimismo, los titulares de los permisos de exploración y concesiones de explotación están obligados al pago de los tributos provinciales y municipales pero no de los gravámenes nacionales y la norma los excede del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por 25 años. Y también deberán abonar un canon que fije el Poder Ejecutivo. En tanto, el director General de Minería de la provincia, Jorge Tomás, explicó que desde lo legal “se pretende brindar seguridad jurídica a los potenciales inversores” y desde lo técnico “no se descarta ninguna zona para la búsqueda de hidrocarburos, pero se preservan los parques nacionales, áreas naturales protegidas y el Delta”. Asimismo, dijo que “una vez aprobada la ley se dividirá el territorio entrerriano en zonas de hasta 15.000 kilómetros cuadrados para iniciar los trabajos de exploración”. El texto aprobado la Cámara Baja fue objetado por la oposición, que expresó fuertes cuestionamientos por la forma en que se plantea el proceso de explotación y el riesgo de la privatización del recurso. Inclusive el radicalismo presentó como dictamen de minoría su propio proyecto en el que se dispone que “sea el Estado el que regule la extracción y explotación del recurso, con la asistencia de privados, pero siempre bajo la modalidad de la locación de obra, no la concesión lisa y llana de la explotación”. Los proyectos en danza difieren también en la cantidad de permisos que pueden recibir las empresas: mientras el texto aprobado establece que el máximo de cantidad de derechos de exploración simultáneos por titular de permiso será fijado por el Poder Ejecutivo; el radicalismo establece un máximo de cinco para cada titular. Todo por ver La presencia de yacimientos de petróleo o gas es algo que todavía está por verse, pero los especialistas coinciden en que la exploración permitirá conocer la información hidrogeológica del subsuelo entrerriano a partir de las muestras, análisis de laboratorios u otro tipo de datos que se recojan, y de los que carece la provincia, por lo que de todas formas destacan los trabajos. (Fuente: El Diario).-