E

l ex diputado provincial del radicalismo Hernán Daniel Burna fue designado por la administración del gobernador Sergio Daniel Urribarri al frente de un área que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento de la recuperación y puesta en valor productivo de las tierras fiscales del Delta Entrerriano. La designación está contenida en el Decreto Nº 3.564, del 16 de septiembre último, publicado anteayer en el Boletín Oficial. Aunque por ahora Burna es un funcionario sin cartera: a pesar de ese nombramiento, el nuevo colaborador de la administración de Urribarri no tiene oficina, funciones específicas ni tampoco cobra aún salario. Más aún: de acuerdo a los datos recabados, Burna está más abocado a su tarea como empresario de la madera en Federación, su ciudad, actividad en la que aún antes de ser legislador venía desempeñándose. Hasta alcanzó a presidir la Cámara de la Industria de la Madera de Río Uruguay (CIMRU). En octubre último, cuando el Gobernador viajó junto a un grupo de empresarios en gira por Venezuela y Estados Unidos, Burna fue también de la partida. De regreso La última participación en la función pública de Burna fue como legislador provincial por el radicalismo en el período 1999/2003. En 2002, Burna formó parte del grupo de legisladores que impulsó el pedido de juicio político contra el ex gobernador Sergio Montiel, radical al igual que él, a quien se acusaba “por mal desempeño”. Junto a Burna, también formaban parte del grupo de acusadores los entonces legisladores por el radicalismo Ana D´Angelo, Adolfo Lafourcade y Julio Rodríguez Signes, actual fiscal de Estado. Le achacaban a Montiel un rosario de hechos, como la omisión de enviar el aporte de los agentes públicos al Instituto de Obra Social de Entre Ríos; la mora en enviar los Aportes del Tesoro Nacional a los municipios; el mal desempeño frente a los hechos del 20 de diciembre de 2001, con relación a la labor realizada por la policía; el mal desempeño por la crisis y el colapso del servicio público de salud: el mal desempeño en la administración de los fondos de la ley 4035 (pensión a la ancianidad); el mal desempeño en la instrumentación del régimen de jubilación anticipada, y el mal desempeño por la capitalización de Líneas Aéreas de Entre Ríos y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, en el marco de la crisis de las finanzas públicas. Claro que aquel pedido finalmente no prosperó, debido al voto adverso de un legislador del justicialismo, Félix del Real. Por haber firmado ese dictamen, los cuatro legisladores fueron expulsados del radicalismo, aunque sólo Rodríguez Signes consiguió que la Justicia revirtiera la decisión. Después de aquel proceso, Rodríguez Signes se volcó a sus actividades privadas, y en 2007 se incorporó al gobierno de Urribarri como fiscal de Estado. Ahora, lo hará otro radical, Hernán Daniel Burna. Otra ocupación Burna irá a un lugar que por estas horas todavía no se ha definido del todo, pero que apuntaría a darle un perfil productivo a la zona de islas del Delta Entrerriano, sin involucrarse en las cuestiones legales de recuperación de las usurpaciones, tarea en la que viene trabajando el abogado Julio Federik, especialmente contratado para esa labor. De acuerdo a datos oficiales, de las 190 mil hectáreas de tierras de dominio público que se extienden a lo largo del Delta, aproximadamente 100 mil hectáreas han sido ocupadas ilegalmente por particulares, en muchos casos mediante juicios de usucapion. En el Delta, la Provincia de Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has). Un informe elaborado por la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción dice que de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares en el departamento Victoria, y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado de un volumen mayor, 58.500 hectáreas. El fiscal Rodríguez Signes, quien ha tomado la cuestión de la recuperación de las tierras de dominio público con bastante ahínco, ya está evaluando qué función darle a Burna. “Me interesaría que se ponga a trabajar en la forma de encontrar una salida productiva para la zona de islas. Ver qué salida se le puede dar, porque ahora son únicamente ganaderas. Las islas no tienen otro destino que no sea el ganadero”, apuntó. –¿En qué específicamente puede trabajar? –Burna pueda asesorarnos en cuanto a qué otro destino se le puede dar a esas tierras desde el punto de vista productivo. Por ejemplo, en el cultivo del arroz orgánico, algo muy interesante por varios motivos. La mayoría de los arroceros son productores entrerrianos, no de afuera como en el caso de la soja. Además, es uno de los pocos cultivos que mantiene los humedales, sin afectarlos. Y es una zona apta para que sea trabajado este cultivo, porque es tierra virgen para el arroz orgánico, que es muy requerido por la Comunidad Económica Europea. (Fuente: El Diario)