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ecilia murió víctima de golpes de pala en su cabeza. Eso fue en los primeros días de enero, en Concepción del Uruguay. Mariana, de 38 años, en Ramírez, falleció hace unos días, a raíz de heridas con un arma blanca. En ambos casos, los principales sospechosos son sus ex parejas. Así arrancó 2010, con dos casos de feminicidios en la provincia de Entre Ríos. Los hechos publicados en la sección Policiales, son parte de un problema social que se atrastra por años y atraviesa todos los niveles sociales y culturas. Estos particulares homicidios son la resultante de la visión que ciertos varones tienen sobre las mujeres, como si éstas fueran de su propiedad, aseguran los especialistas. Que el año comience de este modo, hace surgir nuevos interrogantes acerca de la eficacia o no de las presentes políticas públicas sobre el tema y la primera respuesta a esas preguntas, estriba en plantear la importancia de contar con más casas refugio para albergar a víctimas de situaciones de violencia así como incrementar el presupuesto para poder encarar acciones de prevención y contención. Pero no solamente eso. Quizás sea crucial sumar más actores, más ciudadanos, para dar esta batalla que es eminentemente cultural. Gente de la “cultura”, funcionarios, empresarios, deportistas, los y las periodistas, también son partes responsables de este panorama, en la medida que eligen reproducir en la vida cotidiana, pública o privada, mensajes e imágenes estereotipados que de uno u otro modo, promueven la explotación de mujeres, injurian, discriminan o atentan contra la dignidad de las mujeres. Cifras Los números del año pasado dicen que en Entre Ríos hubo cinco homicidios de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas –más un caso de infanticidio que el autor realizó para vengarse y perjudicar a su novia- y en 2008, se registró un total de 13 casos. Fue a partir de ese año que la Red de Participación Popular empezó a alertar sobre la importancia de abordar esta problemática y empezar una campaña de prevención para evitar estos asesinatos que emergen como el capítulo final de una serie de episodios previos de violencia familiar y hacia las mujeres. Consultada sobre la temática, Lucy Grimalt, ex diputada provincial e integrante de la Red, señaló que desde la organización están siguiendo y registrando los casos publicados a través de los medios de comunicación pero este año, esperan poder llevar adelante una investigación que sea capaz de completar el panorama, caracterizar las diversas situaciones y contribuir a llevar las estadísticas de la provincia sobre la materia. “Entonces, en 2008, cuando recrudeció la cantidad de muertes de mujeres víctimas de situaciones de violencia, vimos que era preciso reconocer la problemática y reforzar nuestro trabajo”, señaló Grimalt. En efecto, si bien no existen demasiados datos oficiales hay uno que resulta más que contundente. Según el Consejo Nacional de la Mujer, el 50 % de las mujeres en Argentina, ha sufrido experiencias de violencia con su pareja. Para responder y contener a estas víctimas, entre el año 2000 y el 2010, fue cuando comenzaron a abrirse las áreas de la Mujer en distintos municipios para tratar de erradicar estos hechos de violencia y homicidio. En localidades del interior de Entre Ríos, la creación de estas áreas, significó nada más ni nada menos que un espacio para el debate del tema. El asunto empezó así, a cobrar visibilidad. Sin recursos “El problema grave es que estas áreas y programas específicos carecen de presupuesto; los equipos interdisciplinarios que trabajan en estas reparticiones no cuentan con una caja chica para atender las emergencias y tampoco hay lugares en los que alojar a las víctimas. En mi período como legisladora en 2007, presenté un proyecto de ley para usar determinada cantidad de módulos habitacionales como casas-refugio, con este fin, y en todo Entre Ríos, pero Jorge Busti, lo vetó”, recordó. Para poner un freno a la avanzada de estos casos y evitar su multiplicación, la ex diputada tiene algunas propuestas en la manga. Su mirada crítica, repasa el accionar de las políticas públicas en la materia y pone el acento en todo lo que resta hacer. En la actualidad, el Estado garantiza asistencia psicológica a las víctimas pero “es necesario que también garantice asistencia legal. Sólo se hace un acompañamiento legal pero las mujeres requieren que el Estado les asegure continuar con el patrocinio de las acciones ante la justicia”, remarcó Grimalt. “Recursos humanos hay y bien formados en la provincia”, aclara al tiempo que insiste que se impone “decisión política y presupuesto” para poder actuar, preservar y proteger a estas mujeres”. El proyecto de las casas-refugio, para tratar y dar respuesta ante casos extremos, también sería otro de los temas por retomar de parte de la clase dirigente. Cabe aclarar que en Paraná funciona una casa de estas características, fundada por Sara Amavet –hoy al frente del sindicato de Amas de Casa de Entre Ríos-, allá por 1992 y hay otra en Victoria, creada a instancias del municipio local y organizaciones no gubernamentales “pero hacen falta otras tantas más”, resaltó la ex diputada. Definiciones “El feminicidio es diferente de un homicidio común”, especificó Grimalt y además, “se puede prevenir”, dijo. En paralelo, aprovechó para marcar algunos puntos críticos sobre la nueva ley, sancionada en marzo de 2009. Se trata de la ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, creada para garantizar “la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia y la asistencia integral a mujeres que padecen violencia”, sea en el área estatal o privada. Si bien el texto de la norma distingue y contempla diferentes situaciones como las de violencia doméstica, la violencia institucional, laboral, obstétrica, violencia contra la libertad reproductiva e incluso la violencia mediática –entendida como aquella que “reproduce estereotipos que de manera directa o indirecta promueven la explotación de las mujeres”-, la ley “no considera a la violencia como delito penal”, cuestiona la ex legisladora. Por lo tanto, los casos quedan a instancias de un juicio de familia que puede excluir del hogar, al violento, por 30 o 60 días o conducirlo hacia una terapia psicológica, pero no hay multa ni sanción penal para evitar nuevas conductas de carácter violentas, según explicó la referente de la Red. En otras palabras, se alienta a la impunidad puesto que las denuncias previas -de acoso laboral, violencia doméstica o institucional, entre otras -a un feminicidio, no serían consideradas como antecedentes penales. La Justicia –subrayó Grimalt- debería tener en cuenta todo ese historial de esos varones que matan a su esposa o ex. Se espera que la provincia acompañe el espíritu de la norma nacional, la mejore o empiece a pensar otras estrategias para resolver este tipo de situaciones. Pues, dato al margen, en Entre Ríos existe desde febrero de 1999 la ley Nº 9.198 de prevención de la violencia familiar: protección y asistencia integral de las personas involucradas en la problemática, que diez años después, recién en junio de 2009, pasó a reglamentarse. (Fuente: El Diario)