E

l plan de racionalización de edificios en la Administración contempla mudar Producción a Bajada Grande; Gobierno, al Garage oficial; Infraestructura, al Ferrocaril; y Acción Social a terrenos cedidos por el Ejército. Pero la idea ya chocó con un primer obstáculo: la Legislatura recortó del Presupuesto 2010 los 9 millones de pesos previstos para el nuevo edificio de Economía, una torre de nueve plantas a construirse en cercanías de Buenos Aires y Ecuador. Tener una propiedad disponible en el radio céntrico, y que esa propiedad sea más o menos funcional para la instalación de una oficina pública, puede resultar un buen negocio para un particular que pretenda vivir de la renta que genere. El Estado, que cada año se agranda un poco más, no logra contener a toda la plantilla de agentes, y a todo el universo de dependencias, y busca la forma de expandirse. Agotados los espacios públicos que puedan acogerlos, se procura rentar inmuebles privados, y casi siempre la condición sine qua non es que estén dentro del radio céntrico, mejor en cercanías del Centro Cívico, aunque algunos se ubican en una de las zonas más caras de la ciudad, en los alrededores de calles Mitre y Córdoba. Las dimensiones del inmueble, y sobre todo su ubicación y la permanencia en su uso –es altamente improbable la mudanza de una repartición de un lugar a otro– suelen disparar los precios. Hoy el Estado paga alquileres para el funcionamiento de oficinas en los sitios más insólitos, y más caros: la Peatonal San Martín, calles Córdoba, Santa Fe, Rivadavia, Tejeiro Martínez, Pasaje Falucho. El valor de los alquileres, por lógica, nunca están por debajo de los 5.000 pesos mensuales, aunque en algunos casos bordean también los 20 mil pesos. En forma mensual, el gasto ronda los 680 mil pesos, según un estudio que se efectuó en toda la Provincia, con financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Se paga alquiler para ubicar una escuela, una agencia recaudadora de Rentas o para instalar una oficina del Registro Civil. Desalojo Claro que el Estado no siempre es buen pagador. Y al igual que ocurre con cualquier hijo de vecino, le ha tocado enfrentar un juicio de desalojo por falta de pago de un alquiler. Ocurrió con la propiedad ubicada en calle Santa Fe 352, donde tiene su sede la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos: la falta de acuerdo sobre el monto del contrato derivó en la falta de pago regular de la renta, y la acumulación de una deuda que luego tuvo que resolverse en Tribunales. La abogada Cristina Federik representó a la Fiscalía de Estado en esa demanda y dijo que se llegó a esa instancia “porque el Servicio Penitenciario se mantuvo ocupando el inmueble, sin contrato vigente, y sin pagar. Así, con la intimación de desalojo, sin haber desocupado el inmueble y haber seguido ocupándolo durante un largo tiempo, derivó en que la propietaria no sólo reclamara los valores que no se pagaron, sino que además del desalojo, pidió el reconocimiento de los daños y perjuicios derivados del mayor valor de mercado de la propiedad”. El proceso concluyó con un acuerdo que supuso la continuidad del contrato de alquiler, aunque con un valor mensual que se constituye en uno de los más caros que paga el Estado: 14 mil pesos por mes. Mas no el más alto, por cuanto el alquiler que paga el Estado por el edificio de Rentas, en Urquiza y 9 de Julio, rondaría hoy los 18 mil pesos. Esos desentendimientos han derivado en situaciones enojosas. Como la pretensión de incluir cláusulas gatillo bastante peculiares como salvoconducto frente a los atrasos congénitos en el sistema de pagos del Estado. Eso hizo, por ejemplo, el propietario de la vivienda de calle Corrientes al 100, donde funciona la Dirección General de Contrataciones del Estado. Pretendió imponer una multa diaria de 53 pesos por cada día de atraso en el pago del alquiler, que se fijó en 5.300 pesos. Pero la petición no prosperó: el Gobierno lo declaró lesivo a los intereses del Estado, y el propietario tuvo que desistir de su pretensión. Plan de ahorro Una de las reparticiones que más necesidades edilicias tiene es la Secretaría de la Producción, que en toda la provincia ocupa unos 60 locales. Uno de tantos, el que utiliza la Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas, en calle San Juan al 400, de Paraná, es propiedad de la Iglesia Católica, que lo alquila a un valor de 3.000 pesos al mes. Un poco más caro resulta el alquiler del local ubicado en Cervantes al 100, que utiliza la Dirección Provincial de Trabajo, por el cual el Estado paga a un particular 5.600 pesos mensuales. Un monto similar al que percibe el dueño de la casona ubicada en Urquiza 831, sede del Instituto Audiovisual de Entre Ríos: 5.800 por mes. Para poner orden en ese berenjenal, hay una idea en la Provincia, que consiste en instrumentar un plan de racionalización edilicia que apunte a un objetivo concreto: producir un sustancial ahorro en el gasto en alquileres mediante la construcción de edificios propios para cada uno de los Ministerios, descongestionando el Centro Cívico. La iniciativa, que durante el último año y medio se llevó adelante mediante un relevamiento de necesidades, está incluida en lo más de 120 proyectos que se desarrollan con asistencia del CFI. Se trata del plan de Racionalización Edilicia de la Administración Provincial, desarrollado por los arquitectos Churruarín, Chini, Mathe, Di Pretoro, Mora SH. “Hablamos de un plan integral a largo plazo, que dé una solución de fondo a los déficits que tiene el Estado, y que trasciende a un gobierno determinado. Queremos llegar a un gasto más racional, y a una distribución distinta de las áreas operativas del Estado, liberando el Centro Cívico”, dijo Federik. Claro que el primer paso fue tropezón: en el Presupuesto 2010 se había incluido una partida especial de 9 millones de pesos para la construcción del edificio en torre de 9 pisos que sería la futura sede del Ministerio de Economía, en un terreno ocioso del Estado en cercanías de Buenos Aires y Ecuador. Pero durante el tratamiento legislativo del texto elaborado por el Poder Ejecutivo, senadores y diputados resolvieron eliminar esa partida, así como también las que estaban destinadas a los autódromos de Concordia y de Paraná. (Fuente: El Diario)