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as investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar continúan su curso a pesar del receso judicial de verano y el ojo está puesto en desentrañar la conformación de los grupos de tareas que operaban en la zona, que integraban principalmente policías provinciales y federales, bajo el mando de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. La intención judicial es establecer también el rol que les cupo a varios médicos paranaenses que trabajaron en el Hospital Militar y atendieron a presos políticos tras las terribles sesiones de torturas a que eran sometidos en los cuarteles. Fuentes judiciales confirmaron que luego de la feria “habrá novedades”, a partir de una trabajosa investigación sobre el entramado en el que se movían los militares, con la complicidad de policías, agentes penitenciarios y profesionales civiles. Desde fines del año pasado, nueve represores se encuentran detenidos acusados por graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la causa denominada “Área Paraná”, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de Claudio Marcelo Fink, Victorio Coco Erbetta, Juan Alberto Beto Osuna –sus restos fueron recuperados e identificados–, Carlos José María Fernández, Agustín Goiburú y Pedro Miguel Sobko; y alrededor de 70 casos de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad y torturas en la zona oeste de la provincia. Sin embargo, es imposible pensar que sólo nueve personas cometieran tales crímenes y aun que fuera una veintena, si se considera el total de imputados que tenía la causa cuando fue archivada por imperio de las leyes de impunidad. Inicio Las causas por el rol de los militares durante la dictadura comenzaron con los Consejos de Guerra realizados entre 1976 y 1977 contra la mayoría de los detenidos políticos, que terminaron condenados a largas penas de prisión. Tras el advenimiento de la democracia, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió la competencia para investigar a sus integrantes a través de los Jueces de Instrucción Militar. Sin embargo, la ley establecía en un apartado que si la Cámara Federal de Apelaciones “advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio asumirá el conocimiento del proceso cualquiera sea el estado en que se encuentren los autos”. La negligencia y demora injustificada permitió el cambio de jurisdicción y en 1987 la investigación pasó a manos de la fiscal Olga Taybo y el fiscal adjunto Juan Varisco Bonaparte. Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final para extinción de la acción penal, se citó a prestar declaración indagatoria a militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal, pero no abundó en las investigaciones hacia los grupos operativos, aunque la medida quedó sin efecto por la sanción de la ley de obediencia debida. Reinicio El 11 de mayo de 2004, la jueza federal ad hoc, Myriam Galizzi, ratificó la validez de la norma que calificó de “insanablemente nulas” a las leyes de impunidad y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem en 1989, abriendo el camino para la continuidad de las investigaciones. Desde entonces, el proceso estuvo paralizado por más de cuatro años hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido de los represores para que el juicio se realice por el antiguo sistema judicial, vigente en el momento en que se inició la causa, que establece que la instrucción y el juzgamiento se realice por el procedimiento escrito y cerrado. A la vez, se iniciaron otras causas penales por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado: la Masacre de La Tapera, en la que fueron asesinados Osuna y Fernández; la detención y torturas de una militante en diciembre de 1975; y el secuestro del médico paraguayo Agustín Goiburú en el marco del Plan Cóndor. Las tres se anexaron a la denominada Área Paraná. Otra causa corre un camino separado en el Juzgado Federal de Paraná, que es la investigación por el robo de dos parejas de mellizos nacidos en el Hospital Militar de la capital entrerriana durante el cautiverio de sus madres y que tiene a varios militares y un médico detenidos. Una pericia realizada por profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el ex interventor militar y hombre fuerte en la provincia durante la dictadura, Juan Carlos Ricardo Trimarco, no está en condiciones de ser sometido a proceso y lo declaró inimputable. En el informe se consignó que el represor padece “una enfermedad neurológica grave” y que “los hallazgos imposibilitan al demandado (Trimarco) para declarar”. La pericia fue declarada nula, entre otras irregularidades, porque se omitió notificar al perito de parte que presentó la querella, por lo que la jueza federal Myriam Galizzi ordenó que se practique nuevamente. Uno por uno Actualmente hay nueve represores detenidos. José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Rosa Susana Bidinost, Ramón Genaro Díaz Bessone –está preso en Rosario– y Hugo Mario Moyano fueron arrestados el 4 de junio del año pasado; mientras que Ramón Oscar Balcaza, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas y Carlos Horacio Zapata fueron apresados el 1º de diciembre. Appelhans es un ex suboficial mayor del Ejército que fue director de la Unidad Penal Número 1 de Paraná –donde funcionaban los centros de tortura conocidas como Unidad Familiar y Casa del Director– y tenía a su cargo la cárcel de mujeres y toda la estructura penitenciaria, por lo que disponía de la salida de presos políticos a sabiendas de que serían sometidos a torturas. Appiani es un ex teniente primero que se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra; encabezó los interrogatorios a que fueron sometidos bajo tortura los presos políticos, obligándolos a firmar declaraciones que luego servirían como fundamento para las acusaciones en su contra. Además, está acusado por el secuestro y asesinato de Coco Erbetta y la privación ilegítima de libertad agravada y torturas de otras 10 personas. Bidinost era agente del Servicio Penitenciario y fue directora de la Unidad Penal Número 6 de Paraná. Está acusada de entregar detenidas a personas que formalmente no estaban autorizadas a retirarlas y a sabiendas de que serían torturadas. Díaz Bessone es el militar de más alto rango que está detenido en la causa, porque entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 fue comandante en jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, que tenía a su cargo las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, de manera que estaba al mando de toda la estructura de gobierno, tanto en dependencias civiles como castrenses. Se lo acusa por el secuestro, torturas y homicidio de Erbetta, Osuna y Fernández y otros 10 casos de privación ilegítima de libertad. Moyano es el único civil detenido en esta causa por su accionar como médico del Servicio Penitenciario durante la dictadura y, en tal carácter, era quien controlaba la aplicación de tormentos para que no fueran aplicados de modo contraproducente sobre los detenidos. Hay dos personas que lo acusan directamente, pero otras también lo sindican como integrante de un grupo de tareas que operaba en Paraná. Balcaza es un ex agente del Servicio Penitenciario que reconoció haber participado del traslado de personas encapuchadas y esposadas desde la cárcel de Paraná hasta el Escuadrón de Comunicaciones, donde funcionaba un centro clandestino de detención, que no eran documentados ni asentados en los registros. Obaid es un suboficial del Ejército acusado de participar en sesiones de tortura a las que eran sometidos los presos políticos en los centros clandestinos de detención. Rivas es un ex teniente coronel del Ejército, que fue secretario de Deportes, Recreación y Turismo durante el breve período en el que Juan Carlos Trimarco fue interventor militar de la provincial, en los primeros días posteriores al golpe de Estado. Fue el oficial instructor del primer Consejo de Guerra y responsable directo de los grupos operativos que obligaban a los detenidos a firmar las declaraciones que eran utilizadas en esos simulacros de juicios. Zapata es un ex oficial de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos oriundo de Diamante, está acusado por su participación en un grupo de tareas integrado por policías provinciales que dependía del Ejército y que realizaba operativos de detención de personas inclusive en 1975; y además, está sindicado como partícipe de sesiones de torturas en los centros clandestinos de dentición que funcionaron en la Base Aérea, en la Comisaría de El Brete y en otro lugar no determinado. Hace unos años fue homenajeado por la cúpula policial por sus años de servicio. (Fuente: El Diario)