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mado Boudou y Aníbal Fernández admitieron este lunes tácitamente que Néstor Kirchner compró 2.000.000 de dólares en octubre de 2008, días antes de la crisis financiera mundial, y justificaron la maniobra argumentando que fue hecha en forma "legal". Para la oposición, en cambio, se trató de un acto repudiable ya que el ex presidente manejaba información confidencial. "Me llama la atención que esto sea permanentemente objeto de comentario, ya que lo que habría que buscar son aquellos que no declaran sus bienes e ingresos", sostuvo el ministro de Economía en declaraciones a radio América. En defensa de la situación del ex presidente y actual diputado nacional, argumentó que "las operaciones (de compraventa de dólares) que se hacen en el mercado formal, son legales y esto está hecho en esos términos; allí no hay nada que decir". El funcionario afirmó que "los bienes y movimientos de Kirchner, los ha hecho todo en los mercados formales y está todo en sus declaraciones" juradas presentadas ante las autoridades impositivas". El jefe de Gabinete, por su parte, sostuvo que "no fue una compra en negro, fue una compra legal". Y enfatizó: "No hubo ningún cambio que pueda indicar que haya sido beneficiado en nada". Cuando se le preguntó por la demanda judicial que hará la oposición contra Kirchner, Aníbal Fernández respondió: "Es una estupidez, porque esto ya fue analizado; está dentro del marco de la propia declaración jurada que ya se revisó". "Que lleven lo que quieran llevar (a la Justicia). Está todo bancarizado. Es muy fácil seguir la ruta del dinero y saber qué fue lo que se hizo y para qué se utilizó", remató. La oposición y varios economistas no ven la situación de la misma manera que Boudou. Consideran que si bien la compra sería legal, ya que en nuestro país cualquier individuo puede adquirir divisas hasta dos millones de dólares si tiene cómo justificarlo, considera que se habría cometido una "violación ética" ya que manejaba información confidencial. El abogado penalista Juan Pablo Vigliero aseguró que existiría una violación al artículo 2 del Código de Etica de la Función Pública, porque la "información privilegiada" a la que habría tenido acceso Kirchner debió de "provenir de un funcionario dependiente del Ejecutivo o directamente de la presidenta". Su colega Adolfo Tamini, por su parte, descartó la posible existencia de un delito, dado que Kirchner no era funcionario público en el momento de la compra de las divisas. "No veo ningún tipo penal en este caso. Es una conducta legal pero sancionable social y políticamente", destacó. Desde la opositora Coalición Cívica (centroizquierda), el diputado Juan Carlos Morán aseguró que, "si hubiera jueces y fiscales independientes, Kichner debería ir preso". El legislador adelantó que la Coalición Cívica definirá este lunes en una reunión cómo dará curso en la Justicia a una denuncia contra el ex gobernante. Margarita Stolbizer, jefa del bloque de diputados de Generación para un Encuentro Nacional, opinó que el matrimonio presidencial está siempre "en el límite de la legalidad y pasando por arriba de la ética". Su homólogo Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, consideró que, de confirmarse la información, se trataría de "un acto de inmoralidad brutal, un grado de corrupción y degradación muy grande".